Estados Unidos y Venezuela celebraron un acuerdo energético que la presidenta venezolana Delcy Rodríguez anunció como “un acuerdo histórico” que tendrá “un impacto significativo en la reactivación de nuestra nación” pero que para su par estadounidense significa “controlar” enormes cantidades del crudo. Donald Trump consideró que se trata del “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, al asegurar que permitirá a Washington obtener control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano.
El anuncio, realizado primero por Trump través de Truth Social, marca un giro drástico en la relación bilateral y abre un escenario de impacto global en el mercado energético. Trump afirmó que la operación se concretó “sin costo para el contribuyente estadounidense”, y destacó el rol del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quienes encabezaron las negociaciones junto a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez y representantes del sector privado. Según el mandatario, el acuerdo “más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos” y permitirá reducir de manera sustancial los precios de la gasolina “a largo plazo”.
A su vez, Rodríguez comunicó en X que la iniciativa “es el resultado del fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, y facilitará un flujo significativo de inversión dirigido a la recuperación y reconstrucción de la infraestructura estratégica para el desarrollo de nuestra industria de hidrocarburos”.
Repercusiones y rechazos
La magnitud del anuncio generó repercusiones inmediatas. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo —más de 300.000 millones de barriles según la OPEP—, aunque gran parte de ellas permanecen subexplotadas por falta de inversión, sanciones internacionales y deterioro de infraestructura. La posibilidad de que Estados Unidos obtenga control operativo o participación mayoritaria en una porción significativa de esos recursos representa un cambio histórico en la política energética hemisférica.
Medios estadounidenses señalaron que el acuerdo podría incluir participación en campos de la Faja Petrolífera del Orinoco, acceso preferencial a crudo pesado y un esquema de administración conjunta de activos estratégicos. Analistas del sector energético recordaron que empresas norteamericanas como Chevron ya operan en Venezuela bajo licencias especiales, pero nunca antes se había anunciado un entendimiento de esta escala.
En Caracas, el anuncio sorprendió incluso a sectores del oficialismo. Fuentes cercanas al gobierno venezolano indicaron que el pacto podría formar parte de una estrategia para levantar sanciones, atraer inversiones y estabilizar la economía, que atraviesa una década de contracción. La administración de Delcy Rodríguez busca desde hace meses recomponer vínculos con Washington y diversificar socios energéticos ante la caída de producción y la dependencia de mercados asiáticos.
Por su parte, el exministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, expresó duras críticas contra acuerdo y lo calificó como un «remate americano».
A través de declaraciones en sus redes, el exfuncionario y exdirector de PDVSA (2017-2020) puso en evidencia una profunda molestia por el desenlace y acusó al actual gobierno de caer en contradicciones: Quevedo reprochó que los primeros detalles del acuerdo fueran difundidos directamente por Donald Trump en sus redes sociales en lugar del propio ejecutivo venezolano. Además cuestionó la presentación oficial al afirmar que “si es tan bueno, ¿por qué no lo anunció nuestro gobierno?”.
El exministro calificó el entendimiento como un acto de «ignominia» y «pena ajena», y apuntó a que el pacto es el resultado final de un proceso que desmanteló la empresa estatal para abrir paso a la participación e influencia directa de Washington en el negocio del crudo venezolano.
Además se quejó de haber sido «abandonado y maltratado» por sus antiguos compañeros que optaron por “distanciarse” de su gestión, mientras el actual gobierno celebra el pacto como un logro «histórico». Aseguró que no se entregó “a intereses extranjeros… Soy bolivariano”. «
De la Espriella desmantela todo en Colombia
En su decidida carrera por desmantelar todo lo que tenga registros del gobierno de izquierda que lo precedió, el presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, ratificó el final de la política de “paz total” del Gobierno de su predecesor, Gustavo Petro, y anunció la extradición a Estados Unidos de cinco cabecillas de estructuras criminales. Equiparando a las organizaciones armadas en procesos de desmovilización -algunas aún en situación de beligerancia- con organizaciones criminales narco, mandatario aseguró que «se acabaron los privilegios disfrazados de paz» y que quienes persistan en el narcotráfico, terrorismo y crimen enfrentarán el peso de la justicia.
El presidente colombiano fue más allá. En un acto en un acto en una escuela de cadetes del Ejército aseguró que aquellos funcionarios que se comuniquen con «grupos terroristas» serán «llevados ante los tribunales», afirmando así que «la farsa de la ‘paz total’ ha terminado para siempre» y aseguró que “ese capítulo oscuro será relegado al más lejano rincón de la memoria nacional», según recogieron medios locales.
En la misma intervención, el mandatario advirtió que «absolutamente nadie está autorizado para establecer comunicación con los grupos terroristas». «Funcionario particular que lo haga será llevado ante los tribunales. Se acabó ese jueguito de andar contemporizando con los enemigos de la patria», lanzó.
En su visión, el proyecto impulsado por el gobierno de Petro, tras los acuerdos de Paz firmados en 2016 por el presidente Juan Manuel Santos, «fracasó estruendosamente en su propósito fundamental, porque abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que en casos como los que hoy nos ocupan se acreditaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz».
El desarme del programa implica el cierre de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAFP), organismo surgido tras el acuerdo original con el fin de articular y verificar el cumplimiento de los compromisos de ese tratado. Estas funciones, dijo de la Espriella, las asumirá una figura nueva identificada como «Comisionado Nacional de Seguridad».
Frente a esta posibilidad, la UIAFP ya se había pronunciado anteriormente aclarando que el Acuerdo Final “no es un compromiso de un gobierno de turno; constituye una política de Estado con estabilidad y seguridad jurídica reforzada mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-630 de 2017”. En un comunicado oficial, la unidad explicó que esa decición judicial “estableció que los contenidos del Acuerdo relacionados con el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos fundamentales constitucionales de carácter conexo integran el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, funcionan como un parámetro obligatorio de interpretación y control normativo durante los tres periodos presidenciales posteriores a su firma”.
Trump lo calificó de «giro drástico en la relación bilateral». La pelea por el control de las mayores reservas del mundo. Sorpresa en Caracas. La oposición lo califica como un «remate americano».
Estados Unidos y Venezuela celebraron un acuerdo energético que la presidenta venezolana Delcy Rodríguez anunció como “un acuerdo histórico” que tendrá “un impacto significativo en la reactivación de nuestra nación” pero que para su par estadounidense significa “controlar” enormes cantidades del crudo. Donald Trump consideró que se trata del “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, al asegurar que permitirá a Washington obtener control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano.
El anuncio, realizado primero por Trump través de Truth Social, marca un giro drástico en la relación bilateral y abre un escenario de impacto global en el mercado energético. Trump afirmó que la operación se concretó “sin costo para el contribuyente estadounidense”, y destacó el rol del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quienes encabezaron las negociaciones junto a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez y representantes del sector privado. Según el mandatario, el acuerdo “más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos” y permitirá reducir de manera sustancial los precios de la gasolina “a largo plazo”.
A su vez, Rodríguez comunicó en X que la iniciativa “es el resultado del fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, y facilitará un flujo significativo de inversión dirigido a la recuperación y reconstrucción de la infraestructura estratégica para el desarrollo de nuestra industria de hidrocarburos”.
Foto: Agencia Xinhua
La magnitud del anuncio generó repercusiones inmediatas. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo —más de 300.000 millones de barriles según la OPEP—, aunque gran parte de ellas permanecen subexplotadas por falta de inversión, sanciones internacionales y deterioro de infraestructura. La posibilidad de que Estados Unidos obtenga control operativo o participación mayoritaria en una porción significativa de esos recursos representa un cambio histórico en la política energética hemisférica.
Medios estadounidenses señalaron que el acuerdo podría incluir participación en campos de la Faja Petrolífera del Orinoco, acceso preferencial a crudo pesado y un esquema de administración conjunta de activos estratégicos. Analistas del sector energético recordaron que empresas norteamericanas como Chevron ya operan en Venezuela bajo licencias especiales, pero nunca antes se había anunciado un entendimiento de esta escala.
En Caracas, el anuncio sorprendió incluso a sectores del oficialismo. Fuentes cercanas al gobierno venezolano indicaron que el pacto podría formar parte de una estrategia para levantar sanciones, atraer inversiones y estabilizar la economía, que atraviesa una década de contracción. La administración de Delcy Rodríguez busca desde hace meses recomponer vínculos con Washington y diversificar socios energéticos ante la caída de producción y la dependencia de mercados asiáticos.
Por su parte, el exministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, expresó duras críticas contra acuerdo y lo calificó como un «remate americano».
A través de declaraciones en sus redes, el exfuncionario y exdirector de PDVSA (2017-2020) puso en evidencia una profunda molestia por el desenlace y acusó al actual gobierno de caer en contradicciones: Quevedo reprochó que los primeros detalles del acuerdo fueran difundidos directamente por Donald Trump en sus redes sociales en lugar del propio ejecutivo venezolano. Además cuestionó la presentación oficial al afirmar que “si es tan bueno, ¿por qué no lo anunció nuestro gobierno?”.
El exministro calificó el entendimiento como un acto de «ignominia» y «pena ajena», y apuntó a que el pacto es el resultado final de un proceso que desmanteló la empresa estatal para abrir paso a la participación e influencia directa de Washington en el negocio del crudo venezolano.
Además se quejó de haber sido «abandonado y maltratado» por sus antiguos compañeros que optaron por “distanciarse” de su gestión, mientras el actual gobierno celebra el pacto como un logro «histórico». Aseguró que no se entregó “a intereses extranjeros… Soy bolivariano”. «
De la Espriella desmantela todo en Colombia
En su decidida carrera por desmantelar todo lo que tenga registros del gobierno de izquierda que lo precedió, el presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, ratificó el final de la política de “paz total” del Gobierno de su predecesor, Gustavo Petro, y anunció la extradición a Estados Unidos de cinco cabecillas de estructuras criminales. Equiparando a las organizaciones armadas en procesos de desmovilización -algunas aún en situación de beligerancia- con organizaciones criminales narco, mandatario aseguró que «se acabaron los privilegios disfrazados de paz» y que quienes persistan en el narcotráfico, terrorismo y crimen enfrentarán el peso de la justicia.
El presidente colombiano fue más allá. En un acto en un acto en una escuela de cadetes del Ejército aseguró que aquellos funcionarios que se comuniquen con «grupos terroristas» serán «llevados ante los tribunales», afirmando así que «la farsa de la ‘paz total’ ha terminado para siempre» y aseguró que “ese capítulo oscuro será relegado al más lejano rincón de la memoria nacional», según recogieron medios locales.
En la misma intervención, el mandatario advirtió que «absolutamente nadie está autorizado para establecer comunicación con los grupos terroristas». «Funcionario particular que lo haga será llevado ante los tribunales. Se acabó ese jueguito de andar contemporizando con los enemigos de la patria», lanzó.
En su visión, el proyecto impulsado por el gobierno de Petro, tras los acuerdos de Paz firmados en 2016 por el presidente Juan Manuel Santos, «fracasó estruendosamente en su propósito fundamental, porque abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que en casos como los que hoy nos ocupan se acreditaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz».
El desarme del programa implica el cierre de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz (UIAFP), organismo surgido tras el acuerdo original con el fin de articular y verificar el cumplimiento de los compromisos de ese tratado. Estas funciones, dijo de la Espriella, las asumirá una figura nueva identificada como «Comisionado Nacional de Seguridad».
Frente a esta posibilidad, la UIAFP ya se había pronunciado anteriormente aclarando que el Acuerdo Final “no es un compromiso de un gobierno de turno; constituye una política de Estado con estabilidad y seguridad jurídica reforzada mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-630 de 2017”. En un comunicado oficial, la unidad explicó que esa decición judicial “estableció que los contenidos del Acuerdo relacionados con el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos fundamentales constitucionales de carácter conexo integran el bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, funcionan como un parámetro obligatorio de interpretación y control normativo durante los tres periodos presidenciales posteriores a su firma”.
Mundo – Tiempo Argentino
