El gobierno de Javier Milei tendrá una semana atravesada por dos frentes judiciales: el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que podría derivar en multas económicas, y la disputa por la vigencia de la Ley de Tierras, que arranca un capítulo en Bariloche.
En el frente universitario, el Ejecutivo sufrió un revés a partir del fallo del juez Martín Cormick que declaró la inconstitucionalidad del decreto que promulgó la ley de Financiamiento Universitario, debido a que el gobierno condicionó el reparto de fondos docentes y estudiantiles a que el Congreso fije una fuente de financiamiento. La decisión fue apelada y ahora será revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El magistrado aclaró que la apelación solo regía para el expediente principal, no así para el legajo que tramita la ejecución de la cautelar en la que se le ordenó al Estado cumplir con la ley. En ese marco, en los últimos días venció el plazo de cinco días que impuso el juez para que se actualicen los salarios docentes y no docentes junto con las becas estudiantiles, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de incumplimiento.
Cormick había ordenado que se cumpla con el artículo 5° de la ley, que estableció la actualización salarial desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un porcentaje no menor a la inflación acumulada. El 30 de septiembre, al rechazar un planteo del Ejecutivo, sostuvo que “no se advierte (…) que se haya alcanzado dicho incremento”. Sobre el artículo 6°, referido a las becas estudiantiles, señaló que, según el último informe del Ministerio de Capital Humano, solo se cumplió con una sola de las becas, la Manuel Belgrano.
Fuentes judiciales confirmaron a Tiempo que el plazo de cinco días ya venció, con lo cual es esperable que próximamente haya una definición sobre las multas. Si bien el propio magistrado puede aplicarlas de oficio, las universidades representadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tienen la posibilidad de presentar el pedido de fijación de multa, algo que, supo este medio, harán próximamente.
La forma de cobro de las multas y quiénes deberán afrontarlas todavía están por definirse. Una fuente vinculada al expediente dijo a este medio que los cobros se aplicarán al Estado en general. Fuentes judiciales, en tanto, señalaron que se tiene que definir específicamente si se le aplicarán a la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli, al Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, a la Secretaría de Educación encabezada por Carlos Torrendell o a la subsecretaría de Políticas Universitarias que maneja Alejandro Álvarez.
Tierras: nuevo capítulo
El otro frente es la demanda contra el artículo 154 del DNU 70/23, que dispuso la derogación de la ley de Tierras. El fallo del viernes, que firmaron Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci -con disidencia de Carlos Rosenkrantz-, repuso de manera interina la ley. Sin embargo, ahora arranca un nuevo capítulo judicial en Bariloche.
Ocurre que en los próximos días se sabrá si la ley se mantiene vigente en el marco de una medida cautelar o no. Esa decisión está en manos de Agustín Gómez Constenla, juez federal de Bariloche, que asumió el cargo a principios de agosto tras ser designado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
“No es que la medida interina dictada el viernes por la Corte dura hasta que haya una sentencia de fondo”, explicó a Tiempo el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. “Ahora la causa va a manos del juez, que le va a dar un traslado al Estado para que evacúe un informe (NdR: sobre la procedencia de la medida reclamada) en el plazo de cinco días. Una vez que esté, decidirá si dicta o no la medida cautelar”, agregó.
En el gobierno ya desplegaron su estrategia para defender la quita de límites a extranjeros. El jueves, cuando era inminente el pronunciamiento cortesano, el Estado se presentó por primera vez para ser tenido como parte en la causa promovida por Árbol de Pie en conjunto con las comunidades Lafchenke y Lof Fvta Anecon. Fue por medio de un escrito firmado por el abogado Nicolás Russo.
Una vez que se defina el reclamo cautelar, quedará la evaluación de la cuestión de fondo, es decir, si la derogación de la Ley de Tierras es inconstitucional.
Los amparistas, en tanto, anticiparon a este medio que buscarán ampliar el debate solicitando audiencias públicas tal como lo establecen las acordadas de la Corte en estos casos y estimulando la presentación de amigos del tribunal (amicus curiae) en la causa que regresa a Bariloche, para que se fortalezca el reclamo.
Venció el plazo para que el gobierno cumpla con el envío de fondos a las universidades y el juez define multas. El Ejecutivo despliega su estrategia judicial para eliminar los límites a la extranjerización.
El gobierno de Javier Milei tendrá una semana atravesada por dos frentes judiciales: el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que podría derivar en multas económicas, y la disputa por la vigencia de la Ley de Tierras, que arranca un capítulo en Bariloche.
En el frente universitario, el Ejecutivo sufrió un revés a partir del fallo del juez Martín Cormick que declaró la inconstitucionalidad del decreto que promulgó la ley de Financiamiento Universitario, debido a que el gobierno condicionó el reparto de fondos docentes y estudiantiles a que el Congreso fije una fuente de financiamiento. La decisión fue apelada y ahora será revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El magistrado aclaró que la apelación solo regía para el expediente principal, no así para el legajo que tramita la ejecución de la cautelar en la que se le ordenó al Estado cumplir con la ley. En ese marco, en los últimos días venció el plazo de cinco días que impuso el juez para que se actualicen los salarios docentes y no docentes junto con las becas estudiantiles, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de incumplimiento.
Cormick había ordenado que se cumpla con el artículo 5° de la ley, que estableció la actualización salarial desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un porcentaje no menor a la inflación acumulada. El 30 de septiembre, al rechazar un planteo del Ejecutivo, sostuvo que “no se advierte (…) que se haya alcanzado dicho incremento”. Sobre el artículo 6°, referido a las becas estudiantiles, señaló que, según el último informe del Ministerio de Capital Humano, solo se cumplió con una sola de las becas, la Manuel Belgrano.
Fuentes judiciales confirmaron a Tiempo que el plazo de cinco días ya venció, con lo cual es esperable que próximamente haya una definición sobre las multas. Si bien el propio magistrado puede aplicarlas de oficio, las universidades representadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tienen la posibilidad de presentar el pedido de fijación de multa, algo que, supo este medio, harán próximamente.
La forma de cobro de las multas y quiénes deberán afrontarlas todavía están por definirse. Una fuente vinculada al expediente dijo a este medio que los cobros se aplicarán al Estado en general. Fuentes judiciales, en tanto, señalaron que se tiene que definir específicamente si se le aplicarán a la Jefatura de Gabinete a cargo de Diego Santilli, al Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, a la Secretaría de Educación encabezada por Carlos Torrendell o a la subsecretaría de Políticas Universitarias que maneja Alejandro Álvarez.
Foto: Pablo Lecaros
El otro frente es la demanda contra el artículo 154 del DNU 70/23, que dispuso la derogación de la ley de Tierras. El fallo del viernes, que firmaron Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci -con disidencia de Carlos Rosenkrantz-, repuso de manera interina la ley. Sin embargo, ahora arranca un nuevo capítulo judicial en Bariloche.
Ocurre que en los próximos días se sabrá si la ley se mantiene vigente en el marco de una medida cautelar o no. Esa decisión está en manos de Agustín Gómez Constenla, juez federal de Bariloche, que asumió el cargo a principios de agosto tras ser designado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
“No es que la medida interina dictada el viernes por la Corte dura hasta que haya una sentencia de fondo”, explicó a Tiempo el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. “Ahora la causa va a manos del juez, que le va a dar un traslado al Estado para que evacúe un informe (NdR: sobre la procedencia de la medida reclamada) en el plazo de cinco días. Una vez que esté, decidirá si dicta o no la medida cautelar”, agregó.
En el gobierno ya desplegaron su estrategia para defender la quita de límites a extranjeros. El jueves, cuando era inminente el pronunciamiento cortesano, el Estado se presentó por primera vez para ser tenido como parte en la causa promovida por Árbol de Pie en conjunto con las comunidades Lafchenke y Lof Fvta Anecon. Fue por medio de un escrito firmado por el abogado Nicolás Russo.
Una vez que se defina el reclamo cautelar, quedará la evaluación de la cuestión de fondo, es decir, si la derogación de la Ley de Tierras es inconstitucional.
Los amparistas, en tanto, anticiparon a este medio que buscarán ampliar el debate solicitando audiencias públicas tal como lo establecen las acordadas de la Corte en estos casos y estimulando la presentación de amigos del tribunal (amicus curiae) en la causa que regresa a Bariloche, para que se fortalezca el reclamo.
Política – Tiempo Argentino
