Parte de la oposición de la Cámara de Diputados se mantiene firme en la intención de sesionar este jueves 15 de octubre, pese a que la Corte Suprema frenó de forma preventiva la derogación de la Ley de Tierras. La decisión judicial provisoria disminuyó la urgencia política de algunos diputados «dialoguistas» para bajar al recinto a rechazar el DNU 70/23.
Los opositores necesitan 129 diputados para el cuórum, pero el poroteo previo arroja —desde un comienzo— unos 112 presentes. Probablemente termine en una sesión en minoría. Mientras tanto, el oficialismo oficializó su convocatoria para un megaencuentro en el recinto con fecha 21 de octubre.
“No hay margen para bajar la sesión de este jueves”, dijo a Tiempo uno de los diputados de la oposición que impulsó la convocatoria. Y es que, para la oposición dura, la protección de la propiedad de la tierra no puede depender de una medida judicial transitoria. Además, con una marcha de por medio que se espera sea masiva, el debate por el rechazo al DNU tiene que continuar sobre la mesa.
Por otro lado, reglamentariamente, para retirar el pedido de sesión los opositores necesitan juntar las mismas firmas que cuando la solicitaron, si bien algunos diputados reconocen que “fue una sesión pedida a las apuradas por el fallo de la Corte y que, con las nuevas definiciones judiciales, queda vieja”.
Entre los firmantes gana peso la idea de seguir adelante, aunque saben que no tendrán cuórum, por lo que tampoco se pondrán en tratamiento los dictámenes en torno a discapacidad y endeudamiento familiar, que incluía el temario de la convocatoria.
Como respuesta, luego de la cautelar de la Corte Suprema, el oficialismo parlamentario busca dar cierre al debate. En ese contexto, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, negocia con los espacios aliados al gobierno de Javier Milei modificar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que tiene sanción del Senado) en el marco de un debate que comenzará a darse el miércoles en un plenario de comisiones.
Según pudo saber Tiempo, la jugada del bloque violeta sería proponer a los aliados un proyecto de ley que establezca la eliminación del artículo 154 del DNU 70/23 para reponer las restricciones a la venta de tierras a extranjeros que rigen desde 2012. De esta manera, se caerían todos los amparos por la Ley de Tierras y la Corte no debería volver a fallar en el tema.
En el oficialismo, además, prima la confianza de obtener ese mismo dictamen y por eso, en el llamado de sesión para el 21, incorporó la propuesta al temario. Para alcanzar el cuórum, también sumaron el proyecto que busca crear un módulo informático interoperable para registrar en tiempo real y establecer protocolos de seguimiento de medicamentos críticos y sus ingredientes farmacéuticos activos (IFA), que es el único que cuenta con un despacho de consenso, además de incluir los dictámenes de discapacidad y morosidad.
Respecto a estos últimos temas, los despachos mayoritarios fueron los que impulsó La Libertad Avanza (LLA) y los aliados, por lo que aquellos 133 opositores que votaron en su momento para imponer el tratamiento de los proyectos para estos sectores de la sociedad deberán trabajar para que ganen sus dictámenes a la hora de la votación en el recinto.
En el caso de discapacidad se firmaron dos dictámenes. Uno fue el del oficialismo, que no contiene la emergencia, pero sí gran parte de las garantías del sistema prestacional para personas con discapacidad (en un giro de 180 grados a lo propuesto en el Presupuesto 2027). El otro dictamen fue el de la oposición que va por la prórroga por un año de la emergencia dispuesta por ley.
En cuanto a endeudamiento y morosidad hubo tres dictámenes: el de LLA y sus aliados; el de Unión por la Patria, Provincias Unidas y Coalición Cívica; y el de Argentina Federal. El del oficialismo no propone la intervencion estatal para aliviar la situación de los morosos, sino que prevé educación financiera y exigencias de información transparente para los consumidores a la hora de tomar créditos.
En tanto, los dictámenes opositores son similares entre sí, ya que proponen una emergencia, planes de pagos para morosos, tope de tasas y quita de intereses punitorios, entre otros puntos.
Causa Malvinas
En la convocatoria para la sesión del 21, el oficialismo decidió postergar la inclusión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que tuvo protagonismo la semana pasada con distintos expositores, incluyendo la presentación de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal.
En el cronograma del gobierno, la intención era firmar dictamen este miércoles 14 de octubre; sin embargo, la falta de consenso político con los aliados obligó a postergar el avance del proyecto.
Como contó Tiempo, la oposición de Unión por la Patria y otros bloques políticos exigen separar el reclamo por Malvinas de la creación del nuevo Consejo de Seguridad Nacional, acusando al gobierno de Milei de usar una causa nacional como «pantalla» para aprobar superpoderes y reformas de seguridad interior. Pero la Casa Rosada, a través de la enviada de Santiago Caputo, rechazó partir la iniciativa.
Entre los principales cuestionamientos, los aliados apuntan a la eliminación del artículo 111, el cual establece penas de prisión por «manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación masiva» bajo financiamiento extranjero.
Por otro lado, se rechazan las amplias facultades delegadas en el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, ya que advierten que la estructura planteada permitiría tomar decisiones militares extremas, como los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, saltándose la intervención obligatoria del Congreso. «
El oficialismo en Diputados propone un proyecto que deje sin efecto ese punto del decreto presidencial. La oposición mantiene la sesión del jueves 15 aunque no llegue al cuórum.
Parte de la oposición de la Cámara de Diputados se mantiene firme en la intención de sesionar este jueves 15 de octubre, pese a que la Corte Suprema frenó de forma preventiva la derogación de la Ley de Tierras. La decisión judicial provisoria disminuyó la urgencia política de algunos diputados «dialoguistas» para bajar al recinto a rechazar el DNU 70/23.
Los opositores necesitan 129 diputados para el cuórum, pero el poroteo previo arroja —desde un comienzo— unos 112 presentes. Probablemente termine en una sesión en minoría. Mientras tanto, el oficialismo oficializó su convocatoria para un megaencuentro en el recinto con fecha 21 de octubre.
“No hay margen para bajar la sesión de este jueves”, dijo a Tiempo uno de los diputados de la oposición que impulsó la convocatoria. Y es que, para la oposición dura, la protección de la propiedad de la tierra no puede depender de una medida judicial transitoria. Además, con una marcha de por medio que se espera sea masiva, el debate por el rechazo al DNU tiene que continuar sobre la mesa.
Foto: Juan Mabromata / AFP
Por otro lado, reglamentariamente, para retirar el pedido de sesión los opositores necesitan juntar las mismas firmas que cuando la solicitaron, si bien algunos diputados reconocen que “fue una sesión pedida a las apuradas por el fallo de la Corte y que, con las nuevas definiciones judiciales, queda vieja”.
Entre los firmantes gana peso la idea de seguir adelante, aunque saben que no tendrán cuórum, por lo que tampoco se pondrán en tratamiento los dictámenes en torno a discapacidad y endeudamiento familiar, que incluía el temario de la convocatoria.
Como respuesta, luego de la cautelar de la Corte Suprema, el oficialismo parlamentario busca dar cierre al debate. En ese contexto, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, negocia con los espacios aliados al gobierno de Javier Milei modificar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que tiene sanción del Senado) en el marco de un debate que comenzará a darse el miércoles en un plenario de comisiones.
Según pudo saber Tiempo, la jugada del bloque violeta sería proponer a los aliados un proyecto de ley que establezca la eliminación del artículo 154 del DNU 70/23 para reponer las restricciones a la venta de tierras a extranjeros que rigen desde 2012. De esta manera, se caerían todos los amparos por la Ley de Tierras y la Corte no debería volver a fallar en el tema.
En el oficialismo, además, prima la confianza de obtener ese mismo dictamen y por eso, en el llamado de sesión para el 21, incorporó la propuesta al temario. Para alcanzar el cuórum, también sumaron el proyecto que busca crear un módulo informático interoperable para registrar en tiempo real y establecer protocolos de seguimiento de medicamentos críticos y sus ingredientes farmacéuticos activos (IFA), que es el único que cuenta con un despacho de consenso, además de incluir los dictámenes de discapacidad y morosidad.
Respecto a estos últimos temas, los despachos mayoritarios fueron los que impulsó La Libertad Avanza (LLA) y los aliados, por lo que aquellos 133 opositores que votaron en su momento para imponer el tratamiento de los proyectos para estos sectores de la sociedad deberán trabajar para que ganen sus dictámenes a la hora de la votación en el recinto.
En el caso de discapacidad se firmaron dos dictámenes. Uno fue el del oficialismo, que no contiene la emergencia, pero sí gran parte de las garantías del sistema prestacional para personas con discapacidad (en un giro de 180 grados a lo propuesto en el Presupuesto 2027). El otro dictamen fue el de la oposición que va por la prórroga por un año de la emergencia dispuesta por ley.
En cuanto a endeudamiento y morosidad hubo tres dictámenes: el de LLA y sus aliados; el de Unión por la Patria, Provincias Unidas y Coalición Cívica; y el de Argentina Federal. El del oficialismo no propone la intervencion estatal para aliviar la situación de los morosos, sino que prevé educación financiera y exigencias de información transparente para los consumidores a la hora de tomar créditos.
En tanto, los dictámenes opositores son similares entre sí, ya que proponen una emergencia, planes de pagos para morosos, tope de tasas y quita de intereses punitorios, entre otros puntos.
Causa Malvinas
En la convocatoria para la sesión del 21, el oficialismo decidió postergar la inclusión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que tuvo protagonismo la semana pasada con distintos expositores, incluyendo la presentación de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal.
En el cronograma del gobierno, la intención era firmar dictamen este miércoles 14 de octubre; sin embargo, la falta de consenso político con los aliados obligó a postergar el avance del proyecto.
Como contó Tiempo, la oposición de Unión por la Patria y otros bloques políticos exigen separar el reclamo por Malvinas de la creación del nuevo Consejo de Seguridad Nacional, acusando al gobierno de Milei de usar una causa nacional como «pantalla» para aprobar superpoderes y reformas de seguridad interior. Pero la Casa Rosada, a través de la enviada de Santiago Caputo, rechazó partir la iniciativa.
Entre los principales cuestionamientos, los aliados apuntan a la eliminación del artículo 111, el cual establece penas de prisión por «manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación masiva» bajo financiamiento extranjero.
Por otro lado, se rechazan las amplias facultades delegadas en el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, ya que advierten que la estructura planteada permitiría tomar decisiones militares extremas, como los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, saltándose la intervención obligatoria del Congreso. «
Política – Tiempo Argentino
