La Comunidad Indígena de Peñas Negras, perteneciente al pueblo diaguita, resiste al proyecto minero Aguas Calientes I, II y III en Belén, Catamarca. La iniciativa empresarial está a cargo de Minera Millaray S.A., y las operadoras Elevado Gold S.A. (de capitales australianos) y Amalaya S.A., quienes intentan llevar a cabo los estudios iniciales en una zona donde la comunidad desarrolla tareas de pastoreo, actividades comunitarias y que declaran como un territorio ancestral y sagrado.
El miércoles 2 de septiembre, los comuneros fueron golpeados y agredidos con gas pimienta por personal policial. De acuerdo con lo relatado por la comunidad, personas no identificadas y sin orden judicial visible intentaron ingresar al territorio en motocicletas sin identificación. La comunidad sostiene un campamento en la zona. Sus voceros afirman que el operativo policial que derivó en la represión respondió a una orden directa del gobernador de Catamarca Raúl Jalil, para habilitar por la fuerza el ingreso de la minera al territorio y avanzar con la toma de muestras, pese a la falta de orden judicial y a la ausencia del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada.
Según su relato, el conflicto se agravó en los últimos días cuando la empresa, escoltada por personal policial, intentó subir al cerro para realizar estudios mineros, lo que derivó en sucesivos episodios de violencia contra los comuneros que resisten el proyecto. La comunidad remarca que, pese a haber puesto los hechos en conocimiento de los organismos de Justicia, hasta el momento no se dispuso ninguna medida de protección.
El 6 de setiembre, los comuneros realizaron una denuncia penal ante la Fiscalía de Belén tras los hechos de violencia policial ocurridos en su territorio. La presentación fue realizada por la abogada de la comunidad, Andrea Morales Leanza, quien solicitó la inmediata intervención fiscal, custodia policial para su traslado y el desplazamiento de personal judicial al territorio para tomar denuncias in situ. La denuncia pide que la Fiscalía verifique la identidad y legitimidad de quienes intervienen en el lugar y que se constaten médicamente las lesiones sufridas por los comuneros.
“Estamos en un Estado sin derecho, sin garantía de nada”, declaró Morales Leanza y denunció la presencia constante de policías y personas vinculadas a la actividad minera en los alrededores del territorio. Según explicó, el acceso a la comunidad desde Catamarca se encuentra dificultado y existen grupos que impiden el ingreso de personas que intentan acercarse para brindar asistencia. Por ese motivo, Morales Leanza debió coordinar su ingreso desde la localidad salteña de Jasimaná, utilizando caminos solo conocidos por las propias comunidades.
En dialogo con Tiempo Argentino, el arqueólogo, docente e investigador de UNCA, Gustavo Pisani, comentó: “La respuesta del gobierno provincial fue seguir adelante con el proyecto minero, a pesar de que no contaba con el consentimiento de las comunidades indígenas, lo que significó no solo no revocar, sino incluso renovar, los permisos de exploración a las empresas, y accionar junto con ellas para tratar de favorecer la instalación de este emprendimiento en el lugar”.
Un poco de historia
El 7 de febrero del 2024, el Ministerio de Minería de Catamarca aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para la etapa de exploración del proyecto minero. La comunidad impugnó esta resolución ante la ministra Olga Teresita Regalado, reclamando su nulidad absoluta por no haberse realizado el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada que exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
La comunidad sostiene que la única instancia informativa realizada el 23 de mayo de 2023, en una escuela de Aguas Calientes, no cumplió con los estándares de una consulta previa, libre, informada y de buena fe.
Pisani, sostiene también que “las empresas y la gobernación se dieron un proceso de cooptación de los líderes comunitarios, y de corrupción de las instituciones comunitarias indígenas y los procesos asamblearios de toma de decisión, acordando directamente con los caciques. Esto dio lugar a que muchas de las comunidades que en un momento estaban en contra de la actividad minera, pasaron luego a estar a favor y a enfrentarse a sus hermanos indígenas que amparaban el lugar”.
Sobre la situación judicial, Pisani sostiene que “cabe denunciar también la existencia una complicidad administrativa entre el silencio de la fiscalía de Belén y de la fiscalía general, que no han tomado cartas en el asunto, y las irregularidades administrativas observadas en los permisos otorgados por el Ministerio de Minería, que estarían falseando y omitiendo información”.
En cuanto a la situación actual, la comunidad se mantiene en estado de alerta y de asamblea permanente. No hubo hasta ahora un nuevo intento de la empresa por subir al cerro. Sin embargo, el gobernador Jalil ha manifestado públicamente que no va a dar marcha atrás con el proyecto minero y que va a tratar de llevar a cabo una instancia de diálogo para el día lunes 14 de septiembre. «Hay cinco caciques que están de acuerdo y hay uno que no está de acuerdo», afirmó. Hasta ahora, la comunidad se mantiene firme en su posición de no retirarse del territorio. «
Peñas Negras denuncia una escalada de violencia ante el avance de actividades extractivas en su territorio. Responsabilizan al gobernador Rubén Jalil por el hostigamiento policial.
La Comunidad Indígena de Peñas Negras, perteneciente al pueblo diaguita, resiste al proyecto minero Aguas Calientes I, II y III en Belén, Catamarca. La iniciativa empresarial está a cargo de Minera Millaray S.A., y las operadoras Elevado Gold S.A. (de capitales australianos) y Amalaya S.A., quienes intentan llevar a cabo los estudios iniciales en una zona donde la comunidad desarrolla tareas de pastoreo, actividades comunitarias y que declaran como un territorio ancestral y sagrado.
El miércoles 2 de septiembre, los comuneros fueron golpeados y agredidos con gas pimienta por personal policial. De acuerdo con lo relatado por la comunidad, personas no identificadas y sin orden judicial visible intentaron ingresar al territorio en motocicletas sin identificación. La comunidad sostiene un campamento en la zona. Sus voceros afirman que el operativo policial que derivó en la represión respondió a una orden directa del gobernador de Catamarca Raúl Jalil, para habilitar por la fuerza el ingreso de la minera al territorio y avanzar con la toma de muestras, pese a la falta de orden judicial y a la ausencia del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada.
Según su relato, el conflicto se agravó en los últimos días cuando la empresa, escoltada por personal policial, intentó subir al cerro para realizar estudios mineros, lo que derivó en sucesivos episodios de violencia contra los comuneros que resisten el proyecto. La comunidad remarca que, pese a haber puesto los hechos en conocimiento de los organismos de Justicia, hasta el momento no se dispuso ninguna medida de protección.
El 6 de setiembre, los comuneros realizaron una denuncia penal ante la Fiscalía de Belén tras los hechos de violencia policial ocurridos en su territorio. La presentación fue realizada por la abogada de la comunidad, Andrea Morales Leanza, quien solicitó la inmediata intervención fiscal, custodia policial para su traslado y el desplazamiento de personal judicial al territorio para tomar denuncias in situ. La denuncia pide que la Fiscalía verifique la identidad y legitimidad de quienes intervienen en el lugar y que se constaten médicamente las lesiones sufridas por los comuneros.
“Estamos en un Estado sin derecho, sin garantía de nada”, declaró Morales Leanza y denunció la presencia constante de policías y personas vinculadas a la actividad minera en los alrededores del territorio. Según explicó, el acceso a la comunidad desde Catamarca se encuentra dificultado y existen grupos que impiden el ingreso de personas que intentan acercarse para brindar asistencia. Por ese motivo, Morales Leanza debió coordinar su ingreso desde la localidad salteña de Jasimaná, utilizando caminos solo conocidos por las propias comunidades.
En dialogo con Tiempo Argentino, el arqueólogo, docente e investigador de UNCA, Gustavo Pisani, comentó: “La respuesta del gobierno provincial fue seguir adelante con el proyecto minero, a pesar de que no contaba con el consentimiento de las comunidades indígenas, lo que significó no solo no revocar, sino incluso renovar, los permisos de exploración a las empresas, y accionar junto con ellas para tratar de favorecer la instalación de este emprendimiento en el lugar”.
El 7 de febrero del 2024, el Ministerio de Minería de Catamarca aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para la etapa de exploración del proyecto minero. La comunidad impugnó esta resolución ante la ministra Olga Teresita Regalado, reclamando su nulidad absoluta por no haberse realizado el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada que exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
La comunidad sostiene que la única instancia informativa realizada el 23 de mayo de 2023, en una escuela de Aguas Calientes, no cumplió con los estándares de una consulta previa, libre, informada y de buena fe.
Pisani, sostiene también que “las empresas y la gobernación se dieron un proceso de cooptación de los líderes comunitarios, y de corrupción de las instituciones comunitarias indígenas y los procesos asamblearios de toma de decisión, acordando directamente con los caciques. Esto dio lugar a que muchas de las comunidades que en un momento estaban en contra de la actividad minera, pasaron luego a estar a favor y a enfrentarse a sus hermanos indígenas que amparaban el lugar”.
Sobre la situación judicial, Pisani sostiene que “cabe denunciar también la existencia una complicidad administrativa entre el silencio de la fiscalía de Belén y de la fiscalía general, que no han tomado cartas en el asunto, y las irregularidades administrativas observadas en los permisos otorgados por el Ministerio de Minería, que estarían falseando y omitiendo información”.
En cuanto a la situación actual, la comunidad se mantiene en estado de alerta y de asamblea permanente. No hubo hasta ahora un nuevo intento de la empresa por subir al cerro. Sin embargo, el gobernador Jalil ha manifestado públicamente que no va a dar marcha atrás con el proyecto minero y que va a tratar de llevar a cabo una instancia de diálogo para el día lunes 14 de septiembre. «Hay cinco caciques que están de acuerdo y hay uno que no está de acuerdo», afirmó. Hasta ahora, la comunidad se mantiene firme en su posición de no retirarse del territorio. «
Política – Tiempo Argentino
