La Inteligencia Artificial está produciendo una revolución económica, social, cultural y geopolítica que transforma la manera en que producimos, trabajamos, aprendemos, cuidamos nuestra salud y tomamos decisiones. Por eso, discutir Inteligencia Artificial es discutir soberanía.
Durante mucho tiempo asociamos la soberanía con la defensa de nuestro territorio, nuestros recursos naturales y nuestra capacidad de decidir como Nación. Todo eso sigue siendo fundamental. Pero hoy aparece una dimensión que no podemos ignorar: la soberanía cognitiva y tecnológica. Es la capacidad de producir conocimiento, desarrollar tecnología y decidir con autonomía sobre herramientas que ya impactan en la vida de nuestro pueblo.
Desde 2022, la expansión de la IA adquirió una dimensión inédita. En pocos años dejó de ser un asunto reservado a especialistas y pasó a atravesar nuestra vida cotidiana. Y la pregunta no es solamente qué puede hacer la Inteligencia Artificial. Es quién la controla, quién la produce, quién se beneficia y para qué sociedad la estamos construyendo. Por eso presenté en el Senado el proyecto para crear una Comisión Bicameral Permanente de Inteligencia Artificial, Desarrollo Humano y Transformación Digital. Que busca garantizar que la Argentina pueda innovar sin entregar su capacidad de decidir, con controles, derechos y participación federal. Un Parlamento que estudie, anticipe y construya estándares de calidad. Que convoque a científicos, trabajadores, empresarios, universidades y organizaciones sociales, y mire las dimensiones tecnológica, económica, ambiental y social.
Necesitamos un Estado soberano, que no sea espectador de los cambios tecnológicos sino protagonista. Un Estado con capacidad para planificar, regular, invertir y orientar la innovación hacia el desarrollo humano. El mercado puede innovar, pero no tiene por qué definir por sí solo el rumbo de una Nación. Cuando están en juego capacidades estratégicas, derechos y oportunidades para las próximas generaciones, la política tiene una responsabilidad indelegable.
Por eso, la discusión tecnológica no puede separarse del desarrollo humano ni de la justicia social. La soberanía tecnológica requiere inversión sostenida en ciencia, tecnología e investigación y desarrollo. Requiere infraestructura, formación y políticas de Estado. Y requiere algo tan básico como imprescindible: sueldos dignos para nuestros científicos, investigadores, docentes y profesionales. No podemos hablar de soberanía cognitiva mientras quienes producen el conocimiento que necesitamos para ser independientes no pueden vivir dignamente de su trabajo. Cuando un investigador abandona el sistema científico porque su salario no alcanza, perdemos conocimiento, capacidades y futuro. La discusión tecnológica no puede separarse del desarrollo humano.
Tampoco habrá soberanía tecnológica si el desarrollo se concentra en pocos centros urbanos, empresas o en quienes ya tienen acceso a las mejores herramientas. La Argentina necesita una mirada federal.
El talento está en nuestras provincias, universidades, institutos de investigación, empresas, cooperativas y jóvenes. Federalizar la innovación es ampliar las capacidades nacionales y construir un país más equitativo.
No podemos repetir un viejo esquema de dependencia: exportar recursos y conocimiento sin agregar valor para luego importar tecnología terminada. No podemos limitarnos a ser proveedores de materias primas y consumidores de plataformas diseñadas en otros países. Tampoco podemos aceptar ser inquilinos digitales: pagar por capacidades que podríamos desarrollar, adaptar y controlar nosotros mismos.
Quiero una Argentina productora de Inteligencia Artificial. Una Argentina capaz de desarrollar infraestructura y conocimiento propio. Una Argentina que pueda utilizar tecnología extranjera cuando sea conveniente, pero que conserve la capacidad de elegir y construir alternativas.
Para eso necesitamos un Estado que invierta con la lógica del desarrollo humano; sostenga la investigación; proteja el conocimiento estratégico; articule universidades, ciencia, empresas y trabajadores; impulse a nuestras pymes y emprendimientos tecnológicos; y garantice que los beneficios de la innovación se distribuyan de manera justa. Una revolución tecnológica que aumenta la desigualdad no es desarrollo. Y un país que tiene tecnología pero pierde la capacidad de decidir tampoco es plenamente soberano.
El peronismo nació para pensar el desarrollo desde una idea inseparable de la justicia social: que la riqueza y el conocimiento de una Nación deben traducirse en bienestar para su pueblo. Hoy esa tarea adquiere una nueva dimensión. La soberanía del siglo XXI se juega en los datos, los algoritmos, la infraestructura, el conocimiento y la capacidad de decidir qué hacemos con ellos.
Queremos ser dueños de nuestro destino, porque solo una Argentina que piensa, crea y decide por sí misma puede construir un futuro con desarrollo, trabajo, inclusión y justicia social.
La discusión tecnológica no puede separarse del desarrollo humano ni de la justicia social.
La Inteligencia Artificial está produciendo una revolución económica, social, cultural y geopolítica que transforma la manera en que producimos, trabajamos, aprendemos, cuidamos nuestra salud y tomamos decisiones. Por eso, discutir Inteligencia Artificial es discutir soberanía.
Durante mucho tiempo asociamos la soberanía con la defensa de nuestro territorio, nuestros recursos naturales y nuestra capacidad de decidir como Nación. Todo eso sigue siendo fundamental. Pero hoy aparece una dimensión que no podemos ignorar: la soberanía cognitiva y tecnológica. Es la capacidad de producir conocimiento, desarrollar tecnología y decidir con autonomía sobre herramientas que ya impactan en la vida de nuestro pueblo.
Desde 2022, la expansión de la IA adquirió una dimensión inédita. En pocos años dejó de ser un asunto reservado a especialistas y pasó a atravesar nuestra vida cotidiana. Y la pregunta no es solamente qué puede hacer la Inteligencia Artificial. Es quién la controla, quién la produce, quién se beneficia y para qué sociedad la estamos construyendo. Por eso presenté en el Senado el proyecto para crear una Comisión Bicameral Permanente de Inteligencia Artificial, Desarrollo Humano y Transformación Digital. Que busca garantizar que la Argentina pueda innovar sin entregar su capacidad de decidir, con controles, derechos y participación federal. Un Parlamento que estudie, anticipe y construya estándares de calidad. Que convoque a científicos, trabajadores, empresarios, universidades y organizaciones sociales, y mire las dimensiones tecnológica, económica, ambiental y social.
Necesitamos un Estado soberano, que no sea espectador de los cambios tecnológicos sino protagonista. Un Estado con capacidad para planificar, regular, invertir y orientar la innovación hacia el desarrollo humano. El mercado puede innovar, pero no tiene por qué definir por sí solo el rumbo de una Nación. Cuando están en juego capacidades estratégicas, derechos y oportunidades para las próximas generaciones, la política tiene una responsabilidad indelegable.
Por eso, la discusión tecnológica no puede separarse del desarrollo humano ni de la justicia social. La soberanía tecnológica requiere inversión sostenida en ciencia, tecnología e investigación y desarrollo. Requiere infraestructura, formación y políticas de Estado. Y requiere algo tan básico como imprescindible: sueldos dignos para nuestros científicos, investigadores, docentes y profesionales. No podemos hablar de soberanía cognitiva mientras quienes producen el conocimiento que necesitamos para ser independientes no pueden vivir dignamente de su trabajo. Cuando un investigador abandona el sistema científico porque su salario no alcanza, perdemos conocimiento, capacidades y futuro. La discusión tecnológica no puede separarse del desarrollo humano.
Tampoco habrá soberanía tecnológica si el desarrollo se concentra en pocos centros urbanos, empresas o en quienes ya tienen acceso a las mejores herramientas. La Argentina necesita una mirada federal.
El talento está en nuestras provincias, universidades, institutos de investigación, empresas, cooperativas y jóvenes. Federalizar la innovación es ampliar las capacidades nacionales y construir un país más equitativo.
No podemos repetir un viejo esquema de dependencia: exportar recursos y conocimiento sin agregar valor para luego importar tecnología terminada. No podemos limitarnos a ser proveedores de materias primas y consumidores de plataformas diseñadas en otros países. Tampoco podemos aceptar ser inquilinos digitales: pagar por capacidades que podríamos desarrollar, adaptar y controlar nosotros mismos.
Quiero una Argentina productora de Inteligencia Artificial. Una Argentina capaz de desarrollar infraestructura y conocimiento propio. Una Argentina que pueda utilizar tecnología extranjera cuando sea conveniente, pero que conserve la capacidad de elegir y construir alternativas.
Para eso necesitamos un Estado que invierta con la lógica del desarrollo humano; sostenga la investigación; proteja el conocimiento estratégico; articule universidades, ciencia, empresas y trabajadores; impulse a nuestras pymes y emprendimientos tecnológicos; y garantice que los beneficios de la innovación se distribuyan de manera justa. Una revolución tecnológica que aumenta la desigualdad no es desarrollo. Y un país que tiene tecnología pero pierde la capacidad de decidir tampoco es plenamente soberano.
El peronismo nació para pensar el desarrollo desde una idea inseparable de la justicia social: que la riqueza y el conocimiento de una Nación deben traducirse en bienestar para su pueblo. Hoy esa tarea adquiere una nueva dimensión. La soberanía del siglo XXI se juega en los datos, los algoritmos, la infraestructura, el conocimiento y la capacidad de decidir qué hacemos con ellos.
Queremos ser dueños de nuestro destino, porque solo una Argentina que piensa, crea y decide por sí misma puede construir un futuro con desarrollo, trabajo, inclusión y justicia social.
Política – Tiempo Argentino
