El Juzgado Federal en los Criminal y Correccional Número 2, a cargo del magistrado Sergio Ramos aceptó, en el marco del habeas corpus colectivo impulsado por la agrupación SonCinCuenta, ampliar el pedido de búsqueda de los detenidos desaparecidos que fueron víctimas de hechos de terrorismo de Estado.
De esta forma, el juez dispuso que las autoridades de todos los organismos oficiales competentes inicien procedimientos que permitan establecer el paradero de todas aquellas personas que fueron secuestradas en el contexto de hechos de represión ilegal cometidos entre 1973 y 1983, según confirmaron fuentes judiciales a Tiempo Argentino.
En mazo de este año, el colectivo SonCinCuenta, integrado por hijos y familiares de detenidos desaparecidos, inició una demanda ante la Justicia para que el Estado brinde información sobre el destino final corrido por todas aquellas personas que fueron secuestradas y asesinadas por efectivos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y agentes paraestatales. En principio, y tras un fallo emitido por la Cámara Federal de Apelaciones, se ordenó que las indagaciones oficiales se llevaran a cabo entre 1976 y 1983, en el período durante el cual se extendió la última dictadura cívico militar.
Pero a través de una resolución, Ramos determinó que las búsquedas deben tomar como punto de partida el año 1973 y abarcar hasta el inicio de la transición democrática. “Se trata de una medida que reconoce no solo la pertinencia de nuestro reclamo por la totalidad de las víctimas de desaparición forzosa, sino también el marco represivo y de persecución política precedente a la toma del poder por parte de las Juntas Militares”, se indicó desde SonCinCeunta a través de un comunicado.
El 24 de marzo, a las 3:10 –la hora en la que se inició hace 50 años la asonada castrense que derrocó al gobierno de Isabel Perón-, los integrantes de esta agrupación presentaron en el Palacio de Tribunales, ubicado en la calle Talcahuano y Lavalle, un pedido de habeas corpus colectivo para que el Estado dé a conocer información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.
La denominación SonSinCuenta es una respuesta a quienes ponen en duda la cifra de los 30 mil desaparecidos. En ese sentido, sostienen que ese número no puede precisarse porque el Estado no dio respuestas absolutas sobre lo que pasó con las víctimas.
Como primera medida, Ramos propuso tomar entre la letra A y la B del listado de más de 150 demandantes de SonSinCuenta y empezar a dar respuestas de forma individual, algo que la agrupación rechazó por medio de un recurso de apelación a instancias superiores. En respuesta a ese planteo, la Sala II de la Cámara Federal aceptó la demanda del colectivo y, en un fallo dividido resolvió que el habeas corpus tenga “un carácter colectivo que no puede limitarse a una demanda individual, impulsada por un conjunto de familiares”. En ese fallo, el Tribunal le ordenó a Ramos que amplíe la indagación con requerimientos a los organismos judiciales y gubernamentales del Estado para que se obtenga información sobre el destino final de todas las víctimas de la represión ilegal. En cumplimiento de esa sentencia de la Cámara Federal, el magistrado solicitó una serie de medidas para que el Estado cumpla con su obligación de informar la verdad sobre los detenidos-desaparecidos.
Ramos le pidió así a la Subsecretaria de Derechos Humanos, que aporte un listado de personas que hayan realizado denuncias sobre personas desaparecidas. El magistrado le requirió también al Archivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que brinde datos sobre los hábeas corpus presentados durante la última dictadura cívico militar. En tanto, el Poder Ejecutivo Nacional debe consignar información exhaustiva relativa a las respuestas a las que se arribó en todos los casos denunciados de desapariciones forzadas, privación ilegítima de la libertad, torturas, entre otros crímenes de lesa humanidad.
“El recurso legal que interpusimos al cumplirse 50 años del último golpe militar continúa vigente como herramienta de lucha para obligar al Estado a dar respuestas concretas sobre el paradero de todas las víctimas de desaparición forzosa. Seguimos avanzando en nuestro reclamo para que nos digan dónde están todos los desaparecidos”, se puntualizó desde SonCinCuenta.
Como parte de un habeas colectivo, magistrado Sergio Ramos dispuso que Estado el brinde información sobre las víctimas de la represión ilegal entre 1973 y 1983.
El Juzgado Federal en los Criminal y Correccional Número 2, a cargo del magistrado Sergio Ramos aceptó, en el marco del habeas corpus colectivo impulsado por la agrupación SonCinCuenta, ampliar el pedido de búsqueda de los detenidos desaparecidos que fueron víctimas de hechos de terrorismo de Estado.
De esta forma, el juez dispuso que las autoridades de todos los organismos oficiales competentes inicien procedimientos que permitan establecer el paradero de todas aquellas personas que fueron secuestradas en el contexto de hechos de represión ilegal cometidos entre 1973 y 1983, según confirmaron fuentes judiciales a Tiempo Argentino.
En mazo de este año, el colectivo SonCinCuenta, integrado por hijos y familiares de detenidos desaparecidos, inició una demanda ante la Justicia para que el Estado brinde información sobre el destino final corrido por todas aquellas personas que fueron secuestradas y asesinadas por efectivos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y agentes paraestatales. En principio, y tras un fallo emitido por la Cámara Federal de Apelaciones, se ordenó que las indagaciones oficiales se llevaran a cabo entre 1976 y 1983, en el período durante el cual se extendió la última dictadura cívico militar.
Pero a través de una resolución, Ramos determinó que las búsquedas deben tomar como punto de partida el año 1973 y abarcar hasta el inicio de la transición democrática. “Se trata de una medida que reconoce no solo la pertinencia de nuestro reclamo por la totalidad de las víctimas de desaparición forzosa, sino también el marco represivo y de persecución política precedente a la toma del poder por parte de las Juntas Militares”, se indicó desde SonCinCeunta a través de un comunicado.
El 24 de marzo, a las 3:10 –la hora en la que se inició hace 50 años la asonada castrense que derrocó al gobierno de Isabel Perón-, los integrantes de esta agrupación presentaron en el Palacio de Tribunales, ubicado en la calle Talcahuano y Lavalle, un pedido de habeas corpus colectivo para que el Estado dé a conocer información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.
La denominación SonSinCuenta es una respuesta a quienes ponen en duda la cifra de los 30 mil desaparecidos. En ese sentido, sostienen que ese número no puede precisarse porque el Estado no dio respuestas absolutas sobre lo que pasó con las víctimas.
Como primera medida, Ramos propuso tomar entre la letra A y la B del listado de más de 150 demandantes de SonSinCuenta y empezar a dar respuestas de forma individual, algo que la agrupación rechazó por medio de un recurso de apelación a instancias superiores. En respuesta a ese planteo, la Sala II de la Cámara Federal aceptó la demanda del colectivo y, en un fallo dividido resolvió que el habeas corpus tenga “un carácter colectivo que no puede limitarse a una demanda individual, impulsada por un conjunto de familiares”. En ese fallo, el Tribunal le ordenó a Ramos que amplíe la indagación con requerimientos a los organismos judiciales y gubernamentales del Estado para que se obtenga información sobre el destino final de todas las víctimas de la represión ilegal. En cumplimiento de esa sentencia de la Cámara Federal, el magistrado solicitó una serie de medidas para que el Estado cumpla con su obligación de informar la verdad sobre los detenidos-desaparecidos.
Ramos le pidió así a la Subsecretaria de Derechos Humanos, que aporte un listado de personas que hayan realizado denuncias sobre personas desaparecidas. El magistrado le requirió también al Archivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que brinde datos sobre los hábeas corpus presentados durante la última dictadura cívico militar. En tanto, el Poder Ejecutivo Nacional debe consignar información exhaustiva relativa a las respuestas a las que se arribó en todos los casos denunciados de desapariciones forzadas, privación ilegítima de la libertad, torturas, entre otros crímenes de lesa humanidad.
“El recurso legal que interpusimos al cumplirse 50 años del último golpe militar continúa vigente como herramienta de lucha para obligar al Estado a dar respuestas concretas sobre el paradero de todas las víctimas de desaparición forzosa. Seguimos avanzando en nuestro reclamo para que nos digan dónde están todos los desaparecidos”, se puntualizó desde SonCinCuenta.
Política – Tiempo Argentino
