Como si la causa que tiene a Manuel Adorni como principal investigado por presunto enriquecimiento ilícito no fuese suficiente para un gobierno que desde hace dos meses está en una encrucijada paralizante, un resquemor interno, y para nada dócil, empieza a crecer puertas adentro del Ejecutivo. Además de embarrar aún más la situación política y judicial del preferido de Javier y Karina Milei, las últimas novedades sobre las declaraciones de los testigos empiezan a molestar en el entorno del presidente, no sólo por la implicancia del tema en la agenda sino también por la llamativa velocidad con la que las novedades llegan a los medios.
Pese a mantener la absoluta reserva, en un sector del oficialismo observan con cada vez más resentimiento los escasos movimientos que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, está haciendo para frenar las cada vez más rápidas filtraciones sobre las declaraciones testimoniales. La causa está en manos del fiscal Gerardo Pollicita -quien esta tarde rechazó el pedido de detención al jefe de gabinete que hizo la diputada Marcela Pagano– y el poderoso juez, Ariel Lijo, quien, casualmente, mantiene una disputa cuerpo a cuerpo con el sucesor de Mariano Cúneo Libarona por la conducción de la Procuración General de la Nación, organismo de poderes inconmensurables dentro del mundillo judicial.
Ayer por la tarde, apenas minutos después de que Adorni brindara su primera conferencia de prensa después de un mes de silencio, la noticia sobre las declaraciones del contratista Matias Tabar, quien dijo ante el fiscal que el jefe de gabinete le pagó USD 245.000 por arreglos en su casa del country Indio Cuá, comenzaron a reproducirse como virus. Dentro del gobierno, al tanto de la fecha de declaración del arquitecto, las quejas por la velocidad con la que el contenido de la testimonial se distribuyó a medios y comunicadores no tardaron en multiplicarse. “Nos enteramos al mismo momento que todos lo que declaró el tipo”, dijo ofuscado un miembro del gobierno ante la consulta de Tiempo.
Desde hace varios días, distintas voces del oficialismo reconocen con bronca la poca capacidad de anticipación que se ven empujados a tener, instancia que complica deliberadamente la confección de un protocolo de crisis serio para afrontar una causa de esta magnitud. “Hay un ministro de justicia…”, respondieron ante la consulta de este medio sobre la impotencia del oficialismo por no poder controlar las filtraciones. Es en este punto, en tanto, donde otros factores empiezan a tomar mayor relevancia en el estado de situación.
Quienes están al tanto de la encrucijada que tiene como protagonistas a las dos tribus que se disputan el control de Comodoro Py, advierten que desde la llegada de Mahiques la relación con cierto sector de la justicia se crispó al punto de que el oficialismo podría empezar a sufrir importantes consecuencias.
Los mal pensados que van más allá advierten que el quiebre específico con la comarca que habitan el titular del Juzgado Federal N° 4 y el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, uno de los auspiciantes del magistrado del fuero penal para ocupar una silla en el máximo tribunal, podría ser un problema aún mayor en el corto plazo. Ambos barones de derecho son los patriarcas de un importante sector de la justicia que ya acumula una significativa cantidad de expedientes que tienen a funcionarios libertarios como protagonistas, escenario poco deseado para cualquier oficialismo que acumula enemigos.
Por capricho del destino, Lijo tiene a cargo dos de las causas que más hacen transpirar al gobierno. Además de la investigación del patrimonio del jefe de gabinete, el juez está a cargo de la causa ANDIS, que investiga un entramado de sobornos manejado desde el organismo que supo tener a Diego Spagnuolo al mando y cuyos principales beneficiarios, según se desprenden de los chats aportados en la causa, serían unos tales “KM” y “riojano”, a quienes les llegaría, siempre según la investigación, un monto significativo de las dádivas de laboratorios y contratistas del estado. La justicia, por ahora, no tuvo oportunidad para dilucidar la identidad de estos dos posibles acusados.
El avance de esta causa, que preocupa fuertemente al sector del oficialismo que se ordena detrás de Karina Milei, a quien las líneas investigativas apuntan como la aparente jefa política de un circuito de recaudación paralelo, fue motivo de disputa puertas adentro del oficialismo. Versiones maliciosas advierten que la decisión de la hermana presidencial de quitarse de encima al caputista Sebastián Amerio se debió a la insatisfacción de la secretaria general de la presidencia para con el accionar del entonces viceministro para contener una causa que podría generar más que un mero dolor de cabeza.
En este marco, el recambio ministerial que ahora tiene a Mahiques como cabeza habría estado apalancado -además de por la disputa interna que la hermanísima mantiene desde hace meses con el asesor Santiago Caputo– por la promesa del ex fiscal de la Ciudad de Buenos Aires de resolver en tiempo récord los enconos judiciales de la dupla presidencial. Circunstancia que, al parecer, parecería no estar dándose tal como se esperaba.
Para importantes funcionarios, el recién llegado no está cumpliendo a rajatabla los compromisos que él mismo hizo antes de aceptar la invitación de la hermanísima para sumarse al gabinete. Siempre en estricto off the record, dentro del ecosistema libertario no titubean al reconocer que Mahiques, quien vio a Milei por primera vez el día de su jura en el Salón Blanco, fue seleccionado por sus prometedores vínculos con la llamada casta judicial. Pero los avances de las causas y los detalles sobre las declaraciones testimoniales que llegan desde Retiro no estarían dando cuenta del supuesto poder que se arrogó el flamante ministro, enfocado en el nombramiento de jueces y fiscales en importantes juzgados nacionales.
Es en este punto que los conocedores del circuito judicial advierten que la interna entre Lijo y Mahiques podría convertirse en una cruz para el ministro karinista. Una fuente con acceso a importantes despachos en Comodoro Py 2002 hace saber que en los tribunales penales más importantes del país no es bien recibida la altanería ni el juego político, al tiempo que nunca son satisfactorias la venta de resoluciones rápidas de cuestiones que dependen estrictamente de la justicia. En este sentido, hay quienes dicen que las filtraciones sobre las declaraciones de testigos en el Adorni-gate podrían funcionar como un “recordatorio” del juez federal sobre la independencia que pretende tener para investigar ésta y cualquier otra causa.
En el gobierno, por su parte, no recogen el guante aunque insisten en la molestia por la aparente inacción de Mahiques para contener la encrucijada más grande a la que se enfrenta el oficialismo desde el estallido de la causa ANDIS. Si bien la bronca empieza a crecer en distintos integrantes del gabinete, lo cierto es que por el momento el malestar sólo se expresó de manera solapada. Enfocados en cuidar la figura de Manuel Adorni a como dé lugar, dentro del oficialismo reconocen que los esfuerzos están puestos en dejar atrás este conflicto, que empujó a una baja significativa en la imagen positiva del presidente, y “más adelante será tiempo de sentarse a hablar seriamente del tema.”
Crecen los enojos en Casa Rosada por la aparente inacción del ministro de Justicia frente al avance de la causa que tiene al jefe de gabinete como protagonista.
Como si la causa que tiene a Manuel Adorni como principal investigado por presunto enriquecimiento ilícito no fuese suficiente para un gobierno que desde hace dos meses está en una encrucijada paralizante, un resquemor interno, y para nada dócil, empieza a crecer puertas adentro del Ejecutivo. Además de embarrar aún más la situación política y judicial del preferido de Javier y Karina Milei, las últimas novedades sobre las declaraciones de los testigos empiezan a molestar en el entorno del presidente, no sólo por la implicancia del tema en la agenda sino también por la llamativa velocidad con la que las novedades llegan a los medios.
Pese a mantener la absoluta reserva, en un sector del oficialismo observan con cada vez más resentimiento los escasos movimientos que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, está haciendo para frenar las cada vez más rápidas filtraciones sobre las declaraciones testimoniales. La causa está en manos del fiscal Gerardo Pollicita -quien esta tarde rechazó el pedido de detención al jefe de gabinete que hizo la diputada Marcela Pagano–y el poderoso juez, Ariel Lijo, quien, casualmente, mantiene una disputa cuerpo a cuerpo con el sucesor de Mariano Cúneo Libarona por la conducción de la Procuración General de la Nación, organismo de poderes inconmensurables dentro del mundillo judicial.
Ayer por la tarde, apenas minutos después de que Adorni brindara su primera conferencia de prensa después de un mes de silencio, la noticia sobre las declaraciones del contratista Matias Tabar, quien dijo ante el fiscal que el jefe de gabinete le pagó USD 245.000 por arreglos en su casa del country Indio Cuá, comenzaron a reproducirse como virus. Dentro del gobierno, al tanto de la fecha de declaración del arquitecto, las quejas por la velocidad con la que el contenido de la testimonial se distribuyó a medios y comunicadores no tardaron en multiplicarse. “Nos enteramos al mismo momento que todos lo que declaró el tipo”, dijo ofuscado un miembro del gobierno ante la consulta de Tiempo.
Desde hace varios días, distintas voces del oficialismo reconocen con bronca la poca capacidad de anticipación que se ven empujados a tener, instancia que complica deliberadamente la confección de un protocolo de crisis serio para afrontar una causa de esta magnitud. “Hay un ministro de justicia…”, respondieron ante la consulta de este medio sobre la impotencia del oficialismo por no poder controlar las filtraciones. Es en este punto, en tanto, donde otros factores empiezan a tomar mayor relevancia en el estado de situación.
Quienes están al tanto de la encrucijada que tiene como protagonistas a las dos tribus que se disputan el control de Comodoro Py, advierten que desde la llegada de Mahiques la relación con cierto sector de la justicia se crispó al punto de que el oficialismo podría empezar a sufrir importantes consecuencias.
Los mal pensados que van más allá advierten que el quiebre específico con la comarca que habitan el titular del Juzgado Federal N° 4 y el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, uno de los auspiciantes del magistrado del fuero penal para ocupar una silla en el máximo tribunal, podría ser un problema aún mayor en el corto plazo. Ambos barones de derecho son los patriarcas de un importante sector de la justicia que ya acumula una significativa cantidad de expedientes que tienen a funcionarios libertarios como protagonistas, escenario poco deseado para cualquier oficialismo que acumula enemigos.
Por capricho del destino, Lijo tiene a cargo dos de las causas que más hacen transpirar al gobierno. Además de la investigación del patrimonio del jefe de gabinete, el juez está a cargo de la causa ANDIS, que investiga un entramado de sobornos manejado desde el organismo que supo tener a Diego Spagnuolo al mando y cuyos principales beneficiarios, según se desprenden de los chats aportados en la causa, serían unos tales “KM” y “riojano”, a quienes les llegaría, siempre según la investigación, un monto significativo de las dádivas de laboratorios y contratistas del estado. La justicia, por ahora, no tuvo oportunidad para dilucidar la identidad de estos dos posibles acusados.
El avance de esta causa, que preocupa fuertemente al sector del oficialismo que se ordena detrás de Karina Milei, a quien las líneas investigativas apuntan como la aparente jefa política de un circuito de recaudación paralelo, fue motivo de disputa puertas adentro del oficialismo. Versiones maliciosas advierten que la decisión de la hermana presidencial de quitarse de encima al caputista Sebastián Amerio se debió a la insatisfacción de la secretaria general de la presidencia para con el accionar del entonces viceministro para contener una causa que podría generar más que un mero dolor de cabeza.
En este marco, el recambio ministerial que ahora tiene a Mahiques como cabeza habría estado apalancado -además de por la disputa interna que la hermanísima mantiene desde hace meses con el asesor Santiago Caputo– por la promesa del ex fiscal de la Ciudad de Buenos Aires de resolver en tiempo récord los enconos judiciales de la dupla presidencial. Circunstancia que, al parecer, parecería no estar dándose tal como se esperaba.
Para importantes funcionarios, el recién llegado no está cumpliendo a rajatabla los compromisos que él mismo hizo antes de aceptar la invitación de la hermanísima para sumarse al gabinete. Siempre en estricto off the record, dentro del ecosistema libertario no titubean al reconocer que Mahiques, quien vio a Milei por primera vez el día de su jura en el Salón Blanco, fue seleccionado por sus prometedores vínculos con la llamada casta judicial. Pero los avances de las causas y los detalles sobre las declaraciones testimoniales que llegan desde Retiro no estarían dando cuenta del supuesto poder que se arrogó el flamante ministro, enfocado en el nombramiento de jueces y fiscales en importantes juzgados nacionales.
Es en este punto que los conocedores del circuito judicial advierten que la interna entre Lijo y Mahiques podría convertirse en una cruz para el ministro karinista. Una fuente con acceso a importantes despachos en Comodoro Py 2002 hace saber que en los tribunales penales más importantes del país no es bien recibida la altanería ni el juego político, al tiempo que nunca son satisfactorias la venta de resoluciones rápidas de cuestiones que dependen estrictamente de la justicia. En este sentido, hay quienes dicen que las filtraciones sobre las declaraciones de testigos en el Adorni-gate podrían funcionar como un “recordatorio” del juez federal sobre la independencia que pretende tener para investigar ésta y cualquier otra causa.
En el gobierno, por su parte, no recogen el guante aunque insisten en la molestia por la aparente inacción de Mahiques para contener la encrucijada más grande a la que se enfrenta el oficialismo desde el estallido de la causa ANDIS. Si bien la bronca empieza a crecer en distintos integrantes del gabinete, lo cierto es que por el momento el malestar sólo se expresó de manera solapada. Enfocados en cuidar la figura de Manuel Adorni a como dé lugar, dentro del oficialismo reconocen que los esfuerzos están puestos en dejar atrás este conflicto, que empujó a una baja significativa en la imagen positiva del presidente, y “más adelante será tiempo de sentarse a hablar seriamente del tema.”
Política – Tiempo Argentino
