Un contundente informe publicado el 18 de agosto por The New York Times, un medio que difícilmente puede ser acusado de combatir los intereses de Occidente, denunció la estrategia de la administración Trump de utilizar todas las herramientas a su alcance para someter a los países latinoamericanos a sus intereses hegemónicos. La investigación periodística cuestiona un enfoque “expansionista” que abarca desde guerras de aranceles y sanciones económicas hasta intromisiones en elecciones extranjeras y ataques militares a embarcaciones. Incluso plantea que en uno de los episodios más extremos, Washington llegó a capturar a un presidente en su propia nación, como ocurrió con Nicolás Maduro en Venezuela. Pero sobre todo, la nota hace eje en la herramienta más personal y de más rápida ejecución que Estados Unidos viene aplicando en los últimos años: la cancelación de sus visas.
«Los permisos de viaje, que en el pasado se utilizaban para evitar amenazas a la seguridad, combatir la corrupción o defender las instituciones democráticas, se han convertido en un arma bajo el actual Departamento de Estado», describe el artículo titulado “El otro control de Trump sobre América Latina: la visa”.
Así como la nota recorre las maniobras del gobierno de Estados Unidos para revocar las visas de líderes extranjeros, embajadores, empresarios, jueces y periodistas, también revela cómo se han restablecido estos permisos a personajes severamente cuestionados, pero que luego se alinearon con los intereses de Washington, como ocurrió con al menos tres altos funcionarios del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Esta manipulación de las visas como herramienta de coerción – empleada en más de 1.500 casos en los últimos años, según cancillerías de la región e informes como el de The New York Times – fue ratificada en abril por el Departamento de Estado, al anunciar que había ampliado su política de restricción de visas para apuntar a aquellas personas del hemisferio occidental que «realizan actividades contrarias a los intereses de Estados Unidos y que los socavan».
La amplitud de esa definición permite a Washington ejercer un control discrecional sobre quién puede o no ingresar a su territorio, convirtiendo un documento administrativo en un instrumento de disciplinamiento político, según advierten académicos de prestigio internacional como el diplomático estadounidense George F. Kennan, considerado uno de los arquitectos de la geopolítica del siglo XX.
«La concesión de un visado o el acceso al territorio estadounidense debe entenderse como un acto soberano de cortesía y no como un premio o un castigo para moldear la conducta interna de otros Estados. Convertir los visados en instrumentos de sanción política unilateral no solo suele ser ineficaz para cambiar la conducta de las élites extranjeras, sino que expone a la política exterior estadounidense a la acusación de arbitrariedad y de un moralismo selectivo que erosiona el propio respeto por el derecho internacional», ya planteaba Kennan en 1993 en su libro de análisis «Alrededor de la colina escarpada: una filosofía personal y política».
La política de los abusos
Uno de los escándalos más recientes ocurrió en Argentina, donde la embajada estadounidense advirtió a los directivos de la cooperativa patagónica CALF que podrían quitarles sus visas si persistían las negociaciones con la empresa china Huawei para instalar infraestructura de telecomunicaciones en la región de Vaca Muerta. «No nos vamos a dejar ‘apretar’ por Estados Unidos», respondió el vicepresidente segundo de la cooperativa, Carlos Quintriqueo.
En Brasil, la embajadora Maria Luiza Viotti tiene su visa revocada desde comienzos de agosto, en represalia a la negativa del gobierno de Lula da Silva a otorgar visas a diplomáticos estadounidenses que, según informó The Washington Post (otro medio estadounidense) planeaban cuestionar la integridad del sistema electoral brasileño. Evandro Menezes de Carvalho, de la Universidad Federal Fluminense, advirtió que la estrategia de seguridad nacional que siempre invoca Washington puede sintetizarse en «restablecer su dominio sobre una región que quieren que esté subordinada a los intereses estadounidenses».
El caso de Chile tuvo como telón de fondo el proyecto del cable submarino de fibra óptica Chile-China Express, que busca conectar la región portuaria de Valparaíso con Hong Kong. Estados Unidos presionó para frenar la iniciativa, que también considera una amenaza, y en febrero anunció restricciones de visas contra tres funcionarios chilenos del entonces presidente Gabriel Boric. La presión de Washington no logró descartar por completo la iniciativa, aunque sí la transformó. Según trascendió, las cinco empresas chinas que iban a participar originalmente podrían ser reemplazadas por Google, con el beneplácito del nuevo mandatario chileno José Antonio Kast, cuyo alineamiento ideológico con Trump es público y notorio. De concretarse la nueva operación, reemplazaría la conexión directa con Hong Kong por una arquitectura diferente, denominada Proyecto Humboldt, que por supuesto cuenta con el visto bueno de Washington.
La dinámica se repite en otros países de la región con la misma lógica. En Costa Rica, la disputa por el despliegue de redes 5G y la exclusión de Huawei derivó en la revocación de la visa del expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez. ‘EE. UU. nos retiró la visa sin dar explicaciones’, declaró Arias, quien había criticado abiertamente la política exterior de la administración Trump. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino confirmó haber recibido amenazas de cancelación de visas a funcionarios y empresarios para desincentivar contrataciones con empresas chinas.
La presión de Washington también alcanzó a gobernantes que cuestionaron sus políticas. En Colombia, el entonces presidente Gustavo Petro denunció la anulación de su visa por haber participado en protestas contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el gran aliado de Trump. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la revocación de visas a figuras de la vida pública, entre ellas el hijo del expresidente López Obrador, como inadmisibles actos de «injerencia en la política mexicana».
Un patio trasero sin visas
Esta política de revocación de visas no es un conjunto de decisiones aisladas. Responde a un plan más amplio, delineado en la Estrategia de Seguridad Nacional que Estados Unidos publicó en noviembre de 2025. El documento reivindica la plena vigencia de la Doctrina Monroe, de «América para los americanos», y tiene como objetivo el restablecimiento del dominio estadounidense sobre la región, subordinándola a sus intereses hegemónicos.
En ese marco, Washington ha profundizado su incidencia en los asuntos internos de los países latinoamericanos, apoyando política y financieramente a aliados de ultraderecha, al tiempo que agudiza la intervención política y las sanciones económicas contra gobiernos que cuestionan su política imperialista.
El arma de las visas se ha convertido en una de las herramientas más visibles de esta estrategia. Permite castigar a quienes se oponen, premiar a quienes se alinean y mantener a toda la región en un estado de alerta permanente. Pero cada vez que una visa es revocada, el acto se convierte en noticia. Y cada noticia expone la lógica de una política que, bajo el pretexto de la seguridad nacional, utiliza un documento administrativo para disciplinar a jefes de Estado, jueces y empresarios.
Washington parece no haber calculado del todo que la visibilidad de estos abusos, lejos de fortalecer su control, termina mostrando al mundo el costo real de su hegemonía. Cuando un ex presidente, un embajador o un empresario relatan públicamente que les fue arrebatado el derecho a viajar por no plegarse a los intereses de la Casa Blanca, el mensaje que se transmite no es la potencia de Washington, sino la fragilidad de un sistema que necesita recurrir a una herramienta administrativa para disciplinar a quienes no se alinean.
La credibilidad de la política exterior estadounidense en el hemisferio no se construye revocando visas. Se erosiona con cada una de ellas.
La estrategia de la administración Trump es la de utilizar todas las herramientas a su alcance para someter a los países latinoamericanos a sus intereses hegemónicos.
Un contundente informe publicado el 18 de agosto por The New York Times, un medio que difícilmente puede ser acusado de combatir los intereses de Occidente, denunció la estrategia de la administración Trump de utilizar todas las herramientas a su alcance para someter a los países latinoamericanos a sus intereses hegemónicos. La investigación periodística cuestiona un enfoque “expansionista” que abarca desde guerras de aranceles y sanciones económicas hasta intromisiones en elecciones extranjeras y ataques militares a embarcaciones. Incluso plantea que en uno de los episodios más extremos, Washington llegó a capturar a un presidente en su propia nación, como ocurrió con Nicolás Maduro en Venezuela. Pero sobre todo, la nota hace eje en la herramienta más personal y de más rápida ejecución que Estados Unidos viene aplicando en los últimos años: la cancelación de sus visas.
«Los permisos de viaje, que en el pasado se utilizaban para evitar amenazas a la seguridad, combatir la corrupción o defender las instituciones democráticas, se han convertido en un arma bajo el actual Departamento de Estado», describe el artículo titulado “El otro control de Trump sobre América Latina: la visa”.
Así como la nota recorre las maniobras del gobierno de Estados Unidos para revocar las visas de líderes extranjeros, embajadores, empresarios, jueces y periodistas, también revela cómo se han restablecido estos permisos a personajes severamente cuestionados, pero que luego se alinearon con los intereses de Washington, como ocurrió con al menos tres altos funcionarios del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Esta manipulación de las visas como herramienta de coerción – empleada en más de 1.500 casos en los últimos años, según cancillerías de la región e informes como el de The New York Times – fue ratificada en abril por el Departamento de Estado, al anunciar que había ampliado su política de restricción de visas para apuntar a aquellas personas del hemisferio occidental que «realizan actividades contrarias a los intereses de Estados Unidos y que los socavan».
La amplitud de esa definición permite a Washington ejercer un control discrecional sobre quién puede o no ingresar a su territorio, convirtiendo un documento administrativo en un instrumento de disciplinamiento político, según advierten académicos de prestigio internacional como el diplomático estadounidense George F. Kennan, considerado uno de los arquitectos de la geopolítica del siglo XX.
«La concesión de un visado o el acceso al territorio estadounidense debe entenderse como un acto soberano de cortesía y no como un premio o un castigo para moldear la conducta interna de otros Estados. Convertir los visados en instrumentos de sanción política unilateral no solo suele ser ineficaz para cambiar la conducta de las élites extranjeras, sino que expone a la política exterior estadounidense a la acusación de arbitrariedad y de un moralismo selectivo que erosiona el propio respeto por el derecho internacional», ya planteaba Kennan en 1993 en su libro de análisis «Alrededor de la colina escarpada: una filosofía personal y política».
La política de los abusos
Uno de los escándalos más recientes ocurrió en Argentina, donde la embajada estadounidense advirtió a los directivos de la cooperativa patagónica CALF que podrían quitarles sus visas si persistían las negociaciones con la empresa china Huawei para instalar infraestructura de telecomunicaciones en la región de Vaca Muerta. «No nos vamos a dejar ‘apretar’ por Estados Unidos», respondió el vicepresidente segundo de la cooperativa, Carlos Quintriqueo.
En Brasil, la embajadora Maria Luiza Viotti tiene su visa revocada desde comienzos de agosto, en represalia a la negativa del gobierno de Lula da Silva a otorgar visas a diplomáticos estadounidenses que, según informó The Washington Post (otro medio estadounidense) planeaban cuestionar la integridad del sistema electoral brasileño. Evandro Menezes de Carvalho, de la Universidad Federal Fluminense, advirtió que la estrategia de seguridad nacional que siempre invoca Washington puede sintetizarse en «restablecer su dominio sobre una región que quieren que esté subordinada a los intereses estadounidenses».
El caso de Chile tuvo como telón de fondo el proyecto del cable submarino de fibra óptica Chile-China Express, que busca conectar la región portuaria de Valparaíso con Hong Kong. Estados Unidos presionó para frenar la iniciativa, que también considera una amenaza, y en febrero anunció restricciones de visas contra tres funcionarios chilenos del entonces presidente Gabriel Boric. La presión de Washington no logró descartar por completo la iniciativa, aunque sí la transformó. Según trascendió, las cinco empresas chinas que iban a participar originalmente podrían ser reemplazadas por Google, con el beneplácito del nuevo mandatario chileno José Antonio Kast, cuyo alineamiento ideológico con Trump es público y notorio. De concretarse la nueva operación, reemplazaría la conexión directa con Hong Kong por una arquitectura diferente, denominada Proyecto Humboldt, que por supuesto cuenta con el visto bueno de Washington.
La dinámica se repite en otros países de la región con la misma lógica. En Costa Rica, la disputa por el despliegue de redes 5G y la exclusión de Huawei derivó en la revocación de la visa del expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez. ‘EE. UU. nos retiró la visa sin dar explicaciones’, declaró Arias, quien había criticado abiertamente la política exterior de la administración Trump. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino confirmó haber recibido amenazas de cancelación de visas a funcionarios y empresarios para desincentivar contrataciones con empresas chinas.
La presión de Washington también alcanzó a gobernantes que cuestionaron sus políticas. En Colombia, el entonces presidente Gustavo Petro denunció la anulación de su visa por haber participado en protestas contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el gran aliado de Trump. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la revocación de visas a figuras de la vida pública, entre ellas el hijo del expresidente López Obrador, como inadmisibles actos de «injerencia en la política mexicana».
Un patio trasero sin visas
Esta política de revocación de visas no es un conjunto de decisiones aisladas. Responde a un plan más amplio, delineado en la Estrategia de Seguridad Nacional que Estados Unidos publicó en noviembre de 2025. El documento reivindica la plena vigencia de la Doctrina Monroe, de «América para los americanos», y tiene como objetivo el restablecimiento del dominio estadounidense sobre la región, subordinándola a sus intereses hegemónicos.
En ese marco, Washington ha profundizado su incidencia en los asuntos internos de los países latinoamericanos, apoyando política y financieramente a aliados de ultraderecha, al tiempo que agudiza la intervención política y las sanciones económicas contra gobiernos que cuestionan su política imperialista.
El arma de las visas se ha convertido en una de las herramientas más visibles de esta estrategia. Permite castigar a quienes se oponen, premiar a quienes se alinean y mantener a toda la región en un estado de alerta permanente. Pero cada vez que una visa es revocada, el acto se convierte en noticia. Y cada noticia expone la lógica de una política que, bajo el pretexto de la seguridad nacional, utiliza un documento administrativo para disciplinar a jefes de Estado, jueces y empresarios.
Washington parece no haber calculado del todo que la visibilidad de estos abusos, lejos de fortalecer su control, termina mostrando al mundo el costo real de su hegemonía. Cuando un ex presidente, un embajador o un empresario relatan públicamente que les fue arrebatado el derecho a viajar por no plegarse a los intereses de la Casa Blanca, el mensaje que se transmite no es la potencia de Washington, sino la fragilidad de un sistema que necesita recurrir a una herramienta administrativa para disciplinar a quienes no se alinean.
La credibilidad de la política exterior estadounidense en el hemisferio no se construye revocando visas. Se erosiona con cada una de ellas.
Mundo – Tiempo Argentino
