Un grupo de 35 legisladores de la Cámara de Diputados de Paraguay presentó un pedido de juicio político contra el presidente, Santiago Peña Palacios, y contra el vicepresidente, Pedro Alliana, mientras la policía reprimía manifestaciones espontáneas en reclamo de sus ahorros a causa de la crisis bancaria desatada por la disolución del banco Ueno, que dejó un tendal de tres millones de afectados y el sistema previsional el crisis.
La iniciativa fue ingresada como Proyecto de Resolución «Que dispone la formulación de la acusación de juicio político contra el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios, conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional», y, con el mismo sustento, los parlamentarios presentaron un segundo documento dirigido contra el vicepresidente Alliana.
En el caso de Peña, el escrito le atribuye, en primer término, un conflicto de intereses derivado de su participación como accionista en Ueno Holding, propietario del intervenido Ueno Bank. A ello se suma el nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay (BCP), designación que los firmantes consideran incompatible con el deber de resguardar el interés público.
El documento también acusa al mandatario de haber impulsado modificaciones a la ley de conflictos de intereses y de haber permitido la concentración de cientos de miles de millones de guaraníes del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank, superando los límites establecidos por la normativa vigente.
En lo que respecta al vicepresidente Alliana, el libelo acusatorio sostiene que habría operado para blindar legislativamente la crisis de la entidad financiera en cuestión. Se le reprocha además haber avalado la colocación de fondos previsionales y haber mantenido silencio ante las alertas sobre el exceso de límites crediticios con empresas vinculadas.
Ambos documentos coinciden en un planteamiento central: que los altos mandatarios conocían la situación crítica de la entidad y, aun así, subordinaron el interés público a intereses privados.
El artículo 225 de la Constitución Nacional de Paraguay habilita el juicio político al presidente, al vicepresidente y a otras altas autoridades por mal desempeño de funciones, por delitos cometidos en el ejercicio del cargo o por delitos comunes.
Establece que la acusación debe ser formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios, y el juzgamiento corresponde a la Cámara de Senadores, que requiere igual mayoría para declarar la culpabilidad.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, oficializó la resolución mediante la cual se convoca a los miembros del estamento legislativo para una sesión extraordinaria este jueves, para tratar como único punto del día la consideración del juicio político al presidente paraguayo.
En tanto, miles de personas volvieron a salir a las calles en la noche del miércoles para protestar por la crisis y para apoyar el pedido de destitución de Peña.
El Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso este martes la intervención de Ueno Bank, uno de los más importantes del país, tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido por la regulación local.
Esto motivó una crisis, ante el temor de que otras entidades puedan tener problemas similares, y derivó en la salida del titular del BCP, Carlos Carvallo, por expreso pedido de Peña, quien ya designó en su lugar a Pedro De Jesús Acosta.
Una de las cuestiones que tiene en vilo a los clientes del banco es saber qué pasará con sus ahorros, ya que el Fondo de Garantías de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos, es decir, 228,3 millones de guaraníes, unos 38,300 dólares.
El BCP informa sobre el pago del anticipo de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos a los ahorristas de ueno bank S.A.Más información: https://t.co/BmhjfYw5I7 https://t.co/2KcVykH430
— Banco Central del Paraguay (@BCP_PY) November 4, 2026
El presidente, a todo esto, nombró este miércoles a nuevas autoridades al frente del banco central para afrontar la crisis bancaria. «He enviado el pedido de acuerdo constitucional para la designación de Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y dos nuevos directores, Pedro Acosta y Étsel González», anunció Peña en un mensaje difundido en sus redes sociales.
El mandatario destacó la amplia trayectoria de sus nominados en el sector bancario en general, con años de servicio en el BCP y experiencia en el manejo de situaciones de crisis. Pero González no aparece como la mejor opción para el cargo en este momento, dadas denunciar previas en su paso por el IPS.
— 5Días (@5DiasPy) November 4, 2026
Peña exigió el martes la renuncia inmediata de Carlos Carvallo como presidente del BCP e impulsó un proyecto de ley para pagar lo antes posible a los afectados por el cierre súbito del Ueno Bank, tanto ahorristas como instituciones públicas.
La caída del mayor banco digital del Paraguay arrastra también situaciones complicadas en otros países. En Brasil se difundieron memes de “exiliados” financieros y militantes bolsonaristas que habrían decidido proteger sus fondos cruzando la frontera. Y quedaron atrapados en el Ueno Bank.
En Argentina, por su parte, empleados de la firma ITTI, perteneciente al Grupo Vázquez, propietario a su vez de la institución financiera, no cobraron sus salarios de octubre y esperan saber que ocurrirá con ellos en el futuro.
🔴 UENO EN ARGENTINA 🇵🇾🇦🇷Pasada la medianoche, los empleados de ITTI en Argentina, la empresa de desarrollo del grupo Vázquez de Paraguay envuelta en el escándalo UenoBank, recibieron la noticia:👉No cobrarán el sueldo de octubre (la mitad se pagaba en blanco, lo otro en billetera en el exterior), tendrán una suspensión por 30 días y desde mañana no podrán ingresar a la oficina ni tendrán más acceso a los proyectos.
— Maximiliano Firtman (@maxifirtman) November 5, 2026
Todavía la crisis no se extendió a los sistemas financieros regionales, pero algunos mal pensados ya hablan del Efecto Tereré, recordando el Efecto Tequila, que se desparramó desde México a fines de 1994 y que en particular en Paraguay causó la quiebra de la mitad de los bancos, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy.
ALG con NA y Xinhua
Legisladores de la oposicióon presentaron una resolución para avanzar contra el mandatario y su vice por el cierre del Ueno Bank, que dejó un tendal de afectados, entre ellos el Instituto de Presivión Social, que administra jubilaciones y pensiones.
Un grupo de 35 legisladores de la Cámara de Diputados de Paraguay presentó un pedido de juicio político contra el presidente, Santiago Peña Palacios, y contra el vicepresidente, Pedro Alliana, mientras la policía reprimía manifestaciones espontáneas en reclamo de sus ahorros a causa de la crisis bancaria desatada por la disolución del banco Ueno, que dejó un tendal de tres millones de afectados y el sistema previsional el crisis.
La iniciativa fue ingresada como Proyecto de Resolución «Que dispone la formulación de la acusación de juicio político contra el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios, conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional», y, con el mismo sustento, los parlamentarios presentaron un segundo documento dirigido contra el vicepresidente Alliana.
En el caso de Peña, el escrito le atribuye, en primer término, un conflicto de intereses derivado de su participación como accionista en Ueno Holding, propietario del intervenido Ueno Bank. A ello se suma el nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay (BCP), designación que los firmantes consideran incompatible con el deber de resguardar el interés público.
El documento también acusa al mandatario de haber impulsado modificaciones a la ley de conflictos de intereses y de haber permitido la concentración de cientos de miles de millones de guaraníes del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank, superando los límites establecidos por la normativa vigente.
En lo que respecta al vicepresidente Alliana, el libelo acusatorio sostiene que habría operado para blindar legislativamente la crisis de la entidad financiera en cuestión. Se le reprocha además haber avalado la colocación de fondos previsionales y haber mantenido silencio ante las alertas sobre el exceso de límites crediticios con empresas vinculadas.
Ambos documentos coinciden en un planteamiento central: que los altos mandatarios conocían la situación crítica de la entidad y, aun así, subordinaron el interés público a intereses privados.
El artículo 225 de la Constitución Nacional de Paraguay habilita el juicio político al presidente, al vicepresidente y a otras altas autoridades por mal desempeño de funciones, por delitos cometidos en el ejercicio del cargo o por delitos comunes.
Establece que la acusación debe ser formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios, y el juzgamiento corresponde a la Cámara de Senadores, que requiere igual mayoría para declarar la culpabilidad.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, oficializó la resolución mediante la cual se convoca a los miembros del estamento legislativo para una sesión extraordinaria este jueves, para tratar como único punto del día la consideración del juicio político al presidente paraguayo.
En tanto, miles de personas volvieron a salir a las calles en la noche del miércoles para protestar por la crisis y para apoyar el pedido de destitución de Peña.
El Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso este martes la intervención de Ueno Bank, uno de los más importantes del país, tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido por la regulación local.
Esto motivó una crisis, ante el temor de que otras entidades puedan tener problemas similares, y derivó en la salida del titular del BCP, Carlos Carvallo, por expreso pedido de Peña, quien ya designó en su lugar a Pedro De Jesús Acosta.
Una de las cuestiones que tiene en vilo a los clientes del banco es saber qué pasará con sus ahorros, ya que el Fondo de Garantías de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos, es decir, 228,3 millones de guaraníes, unos 38,300 dólares.
El presidente, a todo esto, nombró este miércoles a nuevas autoridades al frente del banco central para afrontar la crisis bancaria. «He enviado el pedido de acuerdo constitucional para la designación de Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y dos nuevos directores, Pedro Acosta y Étsel González», anunció Peña en un mensaje difundido en sus redes sociales.
El mandatario destacó la amplia trayectoria de sus nominados en el sector bancario en general, con años de servicio en el BCP y experiencia en el manejo de situaciones de crisis. Pero González no aparece como la mejor opción para el cargo en este momento, dadas denunciar previas en su paso por el IPS.
Peña exigió el martes la renuncia inmediata de Carlos Carvallo como presidente del BCP e impulsó un proyecto de ley para pagar lo antes posible a los afectados por el cierre súbito del Ueno Bank, tanto ahorristas como instituciones públicas.
La caída del mayor banco digital del Paraguay arrastra también situaciones complicadas en otros países. En Brasil se difundieron memes de “exiliados” financieros y militantes bolsonaristas que habrían decidido proteger sus fondos cruzando la frontera. Y quedaron atrapados en el Ueno Bank.
En Argentina, por su parte, empleados de la firma ITTI, perteneciente al Grupo Vázquez, propietario a su vez de la institución financiera, no cobraron sus salarios de octubre y esperan saber que ocurrirá con ellos en el futuro.
Todavía la crisis no se extendió a los sistemas financieros regionales, pero algunos mal pensados ya hablan del Efecto Tereré, recordando el Efecto Tequila, que se desparramó desde México a fines de 1994 y que en particular en Paraguay causó la quiebra de la mitad de los bancos, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy.
ALG con NA y Xinhua
Mundo – Tiempo Argentino
