La Mesa Nacional de Barrios Populares (integrada por TECHO, Cáritas, UTEP y otras organizaciones sociales) presentaron un proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares acompañado por 11 bloques legislativos con representación de 10 provincias, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para sostener y profundizar las políticas de integración socio-urbana en todo el país.
El proyecto propone establecer un piso presupuestario anual vinculado al Producto Bruto Interno (PBI), con una implementación progresiva durante diez años, entre 2027 y 2036. El esquema comienza con una asignación equivalente al 0,0375% del PBI y aumenta progresivamente hasta alcanzar el porcentaje previsto por la ley. La iniciativa retoma el espíritu de consenso transversal que permitió sancionar en 2018 la Ley de Barrios Populares y crear el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Entre los espacios políticos que acompañan la iniciativa se encuentran Coalición Cívica, Argentina Federal, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Independencia, Defendamos Córdoba, UCR, MID y Coherencia.
La propuesta no crea un nuevo impuesto ni implica una fuente de financiamiento adicional. Se trata de establecer, dentro del conjunto de los recursos públicos de renta general, una prioridad presupuestaria para la integración socio-urbana de los barrios populares. Además, establece que los recursos destinados a esta política no podrán ser inferiores a los del año anterior, incluso frente a una eventual prórroga del Presupuesto Nacional, y propone prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Maximiliano Ferraro, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Martín Lousteau, Sebastián Nóblega, Fernanda Miño, Javier Noguera, Natalia De La Sota, Diógenes Ignacio González, Yolanda Vega, Esteban Paulón, Oscar Zago, Claudio Álvarez y Marcela Marina Pagano. También aparecen como cofirmantes Lourdes Arrieta, Itai Hagman, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Pablo Juliano y Jorge Fernández. Una política de Estado Ya en mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó, en el marco de un amparo colectivo impulsado por el CELS y otras organizaciones, suspendió el Decreto 312/2025 (que disponía la disolución del FISU, el fondo que financia las obras de integración socio-urbana) por considerar que dejarlo sin fondos implicaba una regresividad inadmisible en materia de derechos humanos.
El fallo, además, exhortó expresamente al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar ese financiamiento. El proyecto que hoy impulsan los 11 bloques es la respuesta directa a ese exhorto judicial. Tras el Decreto 193/2024, la participación del FISU en el Impuesto PAIS cayó del 9% al 0,3%, y a fines de ese año el impuesto directamente desapareció, dejando al fondo sin recursos asignados. Como consecuencia, según datos publicados en el informe N°145 de Jefatura de Gabinete, la ejecución de obras se desplomó un 98% entre 2023 y 2026 —de $171.863 millones a apenas $3.336 millones— y 671 de las 1.322 obras en curso (el 84,3%) quedaron paralizadas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
El Arzobispo de La Palta, Monseñor Gustavo Carrara, destacó la necesidad de comprender a los barrios populares desde el protagonismo de quienes los habitan y desde sus propias capacidades de organización: “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no solo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”, sostuvo.
«Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario el diálogo», agregó el Arzobispo de La Plata. Por su parte, Gisella Gazzotti, Directora Nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, agregó: “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1.7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”.
Actualmente, según datos del RENABAP, más de 5 millones de personas viven en barrios populares de todo el país. Para ese universo, el acceso al agua potable, la energía eléctrica, las cloacas, la conectividad vial y la regularización dominial dependen, en gran medida, de la continuidad presupuestaria de estas obras. La integración socio-urbana no se resuelve en un año. Requiere planificación, inversión y continuidad. A menos de 15 días de la presentación del Presupuesto 2027, esta iniciativa plantea una discusión concreta: cómo garantizar que las obras que transforman la vida de millones de personas puedan continuar y que el acceso al agua, la luz, las cloacas, las calles y una vivienda adecuada no dependa de las prioridades de cada gobierno de turno.
Con financiamiento, la política llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados. La política fue auditada sin observaciones por la SIGEN, el BID, la UCA y CIPPEC.
A pocos días de que el Gobierno Nacional presente el Presupuesto 2027, dirigentes de Coalición Cívica, Unión por la Patria, UCR y otros ocho espacios acompañan un proyecto de ley impulsado por la Mesa de Barrios Populares garantizar obras de integración socio-urbana durante diez años.
La Mesa Nacional de Barrios Populares (integrada por TECHO, Cáritas, UTEP y otras organizaciones sociales) presentaron un proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares acompañado por 11 bloques legislativos con representación de 10 provincias, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para sostener y profundizar las políticas de integración socio-urbana en todo el país.
El proyecto propone establecer un piso presupuestario anual vinculado al Producto Bruto Interno (PBI), con una implementación progresiva durante diez años, entre 2027 y 2036. El esquema comienza con una asignación equivalente al 0,0375% del PBI y aumenta progresivamente hasta alcanzar el porcentaje previsto por la ley. La iniciativa retoma el espíritu de consenso transversal que permitió sancionar en 2018 la Ley de Barrios Populares y crear el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Entre los espacios políticos que acompañan la iniciativa se encuentran Coalición Cívica, Argentina Federal, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Independencia, Defendamos Córdoba, UCR, MID y Coherencia.
La propuesta no crea un nuevo impuesto ni implica una fuente de financiamiento adicional. Se trata de establecer, dentro del conjunto de los recursos públicos de renta general, una prioridad presupuestaria para la integración socio-urbana de los barrios populares. Además, establece que los recursos destinados a esta política no podrán ser inferiores a los del año anterior, incluso frente a una eventual prórroga del Presupuesto Nacional, y propone prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Maximiliano Ferraro, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Martín Lousteau, Sebastián Nóblega, Fernanda Miño, Javier Noguera, Natalia De La Sota, Diógenes Ignacio González, Yolanda Vega, Esteban Paulón, Oscar Zago, Claudio Álvarez y Marcela Marina Pagano. También aparecen como cofirmantes Lourdes Arrieta, Itai Hagman, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Pablo Juliano y Jorge Fernández. Una política de Estado Ya en mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó, en el marco de un amparo colectivo impulsado por el CELS y otras organizaciones, suspendió el Decreto 312/2025 (que disponía la disolución del FISU, el fondo que financia las obras de integración socio-urbana) por considerar que dejarlo sin fondos implicaba una regresividad inadmisible en materia de derechos humanos.
El fallo, además, exhortó expresamente al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar ese financiamiento. El proyecto que hoy impulsan los 11 bloques es la respuesta directa a ese exhorto judicial. Tras el Decreto 193/2024, la participación del FISU en el Impuesto PAIS cayó del 9% al 0,3%, y a fines de ese año el impuesto directamente desapareció, dejando al fondo sin recursos asignados. Como consecuencia, según datos publicados en el informe N°145 de Jefatura de Gabinete, la ejecución de obras se desplomó un 98% entre 2023 y 2026 —de $171.863 millones a apenas $3.336 millones— y 671 de las 1.322 obras en curso (el 84,3%) quedaron paralizadas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
El Arzobispo de La Palta, Monseñor Gustavo Carrara, destacó la necesidad de comprender a los barrios populares desde el protagonismo de quienes los habitan y desde sus propias capacidades de organización: “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no solo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”, sostuvo.
«Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario el diálogo», agregó el Arzobispo de La Plata. Por su parte, Gisella Gazzotti, Directora Nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, agregó: “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1.7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”.
Actualmente, según datos del RENABAP, más de 5 millones de personas viven en barrios populares de todo el país. Para ese universo, el acceso al agua potable, la energía eléctrica, las cloacas, la conectividad vial y la regularización dominial dependen, en gran medida, de la continuidad presupuestaria de estas obras. La integración socio-urbana no se resuelve en un año. Requiere planificación, inversión y continuidad. A menos de 15 días de la presentación del Presupuesto 2027, esta iniciativa plantea una discusión concreta: cómo garantizar que las obras que transforman la vida de millones de personas puedan continuar y que el acceso al agua, la luz, las cloacas, las calles y una vivienda adecuada no dependa de las prioridades de cada gobierno de turno.
Con financiamiento, la política llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados. La política fue auditada sin observaciones por la SIGEN, el BID, la UCA y CIPPEC.
Política – Tiempo Argentino
