Varios movimientos de la gestión libertaria despiertan preocupación en la oposición. Por un lado, la vigencia del Decreto 941/25, firmado el 31 de diciembre por Javier Milei y todo su Gabinete, que habilita a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) a aprehender personas en casos de flagrancia. Por otro lado, la posibilidad de transformar la inteligencia nacional en una sede subsidiaria de servicios extranjeros como la CIA, el Mossad o incluso compañías como Palantir, con su fundador Peter Thiel ya domiciliado en Argentina.
El decreto fue solo un primer paso y sin duda el gobierno intenta reformar, no solo los servicios de inteligencia, sino las leyes mismas que rigen tanto sobre este ámbito como sobre los referidos a la seguridad interna. En silencio y sin anuncios públicos, dio marcha atrás con los puntos más sensibles del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que había quedado bajo un fuerte cuestionamiento por su redacción original, y envió al Congreso una nueva versión que elimina o reformula los pasajes que habilitaban interpretaciones compatibles con tareas de espionaje ilegal dentro del país.
El objetivo pareciera ser que la SIDE deje de destinar recursos a tareas de “inteligencia política” o monitoreo territorial doméstico y concentre sus fuerzas en amenazas externas, ciberseguridad y cooperación internacional con agencias aliadas. Es decir, hacer de la SIDE una sucursal a la altura de lo que los servicios de inteligencia “aliados” exijan. La intención es que todo lo vinculado a “interior” quede bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Seguridad, donde Alejandra Monteoliva viene empoderando perfiles técnicos ligados al combate contra el crimen organizado y las amenazas complejas. En todo este avance, el gobierno no ha debatido ni rendido cuentas al Congreso, que tiene la potestad de controlar la normativa referida a inteligencia, así como su supervisión.
Todo indica que el principal problema es que a más de dos meses de iniciadas las sesiones ordinarias del Congreso aún no se ha conformado la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El martes 12 de mayo será su primera reunión constitutiva luego de varias idas y vueltas donde quedó en evidencia la interna libertaria. En los pasillos del Congreso se asegura que el diputado libertario Sebastián Pareja será quien presida la bicameral. Esto se dará bajo la mirada recelosa de Santiago Caputo, el asesor presidencial que maneja los hilos de la SIDE en franca enemistad con Pareja, armador bonaerense de La Libertad Avanza y hombre fuerte de Karina Milei.
Rodolfo Tailhade, diputado de Unión por la Patria, integrará la comisión y en diálogo con Tiempo Argentino dio algunas impresiones: “Tal cual están haciendo con las demás comisiones, arrasaron con los lugares que legalmente le corresponden al peronismo. Por lo tanto, va a ser una bicameral absolutamente complaciente con lo que haga la SIDE. Que Pareja va a controlar a Caputo es todo un verso”. Sobre el rol del peronismo en la comisión Tailhade aseguró: “Vamos a tener que darle movimiento, porque no van a querer que tenga mucha actividad, vamos a estar muy en desventaja. Solo cuatro legisladores sobre un total de 14”.
También días atrás, los diputados de Unión por la Patria (UP), Juan Grabois, Jorge Taiana y Adriana Serquis, solicitaron al Poder Ejecutivo información detallada sobre el funcionamiento del Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA). En particular, requieren la remisión del convenio firmado con el FBI mencionado públicamente por el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, precisando sus alcances, intercambio de datos y mecanismos de control. Asimismo, piden información sobre la estructura y funcionamiento del CNA, las agencias extranjeras con las que opera, los protocolos de tratamiento de datos y la eventual utilización de plataformas privadas para el procesamiento de información sensible.
El pedido de información también pone el foco en los contratos tecnológicos vinculados a seguridad y vigilancia estatal, y solicita el detalle de acuerdos con empresas proveedoras de reconocimiento facial, inteligencia artificial, análisis de datos masivos y monitoreo de redes sociales, incluyendo una consulta específica sobre posibles vínculos con Palantir Technologies. También exige precisiones sobre el almacenamiento y transferencia internacional de datos biométricos y migratorios, así como sobre los memorándums firmados con el Estado de Israel en materia de lucha antiterrorista e inteligencia artificial.
Otra muestra de la opacidad con la que el gobierno intenta impulsar las actividades de inteligencia y sus reformas es la ausencia del informe de actividades exigido por el artículo 33 de la Ley de Inteligencia Nacional que establece “la consideración del Informe Anual de las Actividades de Inteligencia, de carácter secreto, que será elaborado por la Secretaría de Inteligencia y remitido a la Comisión Bicameral dentro de los diez días de iniciado el período de sesiones ordinarias”. Al cierre de esta nota, no hay evidencias públicas ni dentro de los pasillos del Congreso que den cuenta del envió del informe anual correspondiente al periodo 2026 por parte de la SIDE.
Durante los últimos 25 años, la Comisión Bicameral efectivamente fortaleció el control democrático sobre los organismos de seguridad e inteligencia, pero con fuertes limitaciones. La norma aún no distingue entre seguridad e inteligencia y otorga facultades insuficientes, sin auditorías ni control permanente. La falta de interés del sistema político, muchas veces absorbido en sus propias rencillas, abona a la opacidad los servicios de inteligencia que durante años han funcionado como callejones oscuros de la democracia.
Balances que no se presentan, pedidos de informe sin respuesta y una bicameral que no se conforma. ¿Quién legisla sobre inteligencia?
Varios movimientos de la gestión libertaria despiertan preocupación en la oposición. Por un lado, la vigencia del Decreto 941/25, firmado el 31 de diciembre por Javier Milei y todo su Gabinete, que habilita a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) a aprehender personas en casos de flagrancia. Por otro lado, la posibilidad de transformar la inteligencia nacional en una sede subsidiaria de servicios extranjeros como la CIA, el Mossad o incluso compañías como Palantir, con su fundador Peter Thiel ya domiciliado en Argentina.
El decreto fue solo un primer paso y sin duda el gobierno intenta reformar, no solo los servicios de inteligencia, sino las leyes mismas que rigen tanto sobre este ámbito como sobre los referidos a la seguridad interna. En silencio y sin anuncios públicos, dio marcha atrás con los puntos más sensibles del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que había quedado bajo un fuerte cuestionamiento por su redacción original, y envió al Congreso una nueva versión que elimina o reformula los pasajes que habilitaban interpretaciones compatibles con tareas de espionaje ilegal dentro del país.
El objetivo pareciera ser que la SIDE deje de destinar recursos a tareas de “inteligencia política” o monitoreo territorial doméstico y concentre sus fuerzas en amenazas externas, ciberseguridad y cooperación internacional con agencias aliadas. Es decir, hacer de la SIDE una sucursal a la altura de lo que los servicios de inteligencia “aliados” exijan. La intención es que todo lo vinculado a “interior” quede bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Seguridad, donde Alejandra Monteoliva viene empoderando perfiles técnicos ligados al combate contra el crimen organizado y las amenazas complejas. En todo este avance, el gobierno no ha debatido ni rendido cuentas al Congreso, que tiene la potestad de controlar la normativa referida a inteligencia, así como su supervisión.
Todo indica que el principal problema es que a más de dos meses de iniciadas las sesiones ordinarias del Congreso aún no se ha conformado la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El martes 12 de mayo será su primera reunión constitutiva luego de varias idas y vueltas donde quedó en evidencia la interna libertaria. En los pasillos del Congreso se asegura que el diputado libertario Sebastián Pareja será quien presida la bicameral. Esto se dará bajo la mirada recelosa de Santiago Caputo, el asesor presidencial que maneja los hilos de la SIDE en franca enemistad con Pareja, armador bonaerense de La Libertad Avanza y hombre fuerte de Karina Milei.
Rodolfo Tailhade, diputado de Unión por la Patria, integrará la comisión y en diálogo con Tiempo Argentino dio algunas impresiones: “Tal cual están haciendo con las demás comisiones, arrasaron con los lugares que legalmente le corresponden al peronismo. Por lo tanto, va a ser una bicameral absolutamente complaciente con lo que haga la SIDE. Que Pareja va a controlar a Caputo es todo un verso”. Sobre el rol del peronismo en la comisión Tailhade aseguró: “Vamos a tener que darle movimiento, porque no van a querer que tenga mucha actividad, vamos a estar muy en desventaja. Solo cuatro legisladores sobre un total de 14”.
También días atrás, los diputados de Unión por la Patria (UP), Juan Grabois, Jorge Taiana y Adriana Serquis, solicitaron al Poder Ejecutivo información detallada sobre el funcionamiento del Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA). En particular, requieren la remisión del convenio firmado con el FBI mencionado públicamente por el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, precisando sus alcances, intercambio de datos y mecanismos de control. Asimismo, piden información sobre la estructura y funcionamiento del CNA, las agencias extranjeras con las que opera, los protocolos de tratamiento de datos y la eventual utilización de plataformas privadas para el procesamiento de información sensible.
El pedido de información también pone el foco en los contratos tecnológicos vinculados a seguridad y vigilancia estatal, y solicita el detalle de acuerdos con empresas proveedoras de reconocimiento facial, inteligencia artificial, análisis de datos masivos y monitoreo de redes sociales, incluyendo una consulta específica sobre posibles vínculos con Palantir Technologies. También exige precisiones sobre el almacenamiento y transferencia internacional de datos biométricos y migratorios, así como sobre los memorándums firmados con el Estado de Israel en materia de lucha antiterrorista e inteligencia artificial.
Otra muestra de la opacidad con la que el gobierno intenta impulsar las actividades de inteligencia y sus reformas es la ausencia del informe de actividades exigido por el artículo 33 de la Ley de Inteligencia Nacional que establece “la consideración del Informe Anual de las Actividades de Inteligencia, de carácter secreto, que será elaborado por la Secretaría de Inteligencia y remitido a la Comisión Bicameral dentro de los diez días de iniciado el período de sesiones ordinarias”. Al cierre de esta nota, no hay evidencias públicas ni dentro de los pasillos del Congreso que den cuenta del envió del informe anual correspondiente al periodo 2026 por parte de la SIDE.
Durante los últimos 25 años, la Comisión Bicameral efectivamente fortaleció el control democrático sobre los organismos de seguridad e inteligencia, pero con fuertes limitaciones. La norma aún no distingue entre seguridad e inteligencia y otorga facultades insuficientes, sin auditorías ni control permanente. La falta de interés del sistema político, muchas veces absorbido en sus propias rencillas, abona a la opacidad los servicios de inteligencia que durante años han funcionado como callejones oscuros de la democracia.
Política – Tiempo Argentino
