“La Ciudad levantó 272 estacionamientos truchos para personas con discapacidad”, titularon con énfasis todos los medios del mainstream. Fueron varias horas dedicadas a esta acción que llevó adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que incluyeron: entrevistas a Pablo Bereciartua, Ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, y varios primeros planos al posteo de Jorge Macri donde enfatizaba: “Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos”.
Lo paradójico es que la propia información oficial del gobierno porteño desmiente a Jorge Macri y a su ministro: “El 76% correspondía a reservas vencidas, en mal estado o fuera de uso, cuyos titulares no habían realizado el trámite de renovación. El 11% a personas fallecidas. El 9% estaban adulterados. Y un 4% correspondía a reservas no oficiales”, afirman en la gacetilla oficial.
Es decir, el 96% de los estacionamientos no eran ilegales. En tal caso, el propio gobierno porteño no había realizado los controles necesarios con anterioridad para retirar los que habían vencido, el de las personas fallecidas o los que estaban adulterados. Solo un 4% eran estacionamientos que no estaban habilitados por el GCBA.
Esto despertó el enojo de la comunidad de personas con discapacidad de CABA y, desde diferentes espacios, recuerdan que la gestión de Macri es expulsiva, segregacionista y poco empática con el sector.
“Estamos frente a una crisis terminal del sistema de discapacidad a nivel nacional y el Gobierno de la Ciudad no toma nota. Más allá de algunas ayudas puntuales y a cuentagotas, no existe una política pensada para evitar el cierre de instituciones, el quiebre de prestadores y el deterioro de la atención de miles de personas con discapacidad”, dijo a Tiempo Juan Manuel Valdés, Director General de Políticas vinculadas a poblaciones vulnerables del Consejo de la Magistratura porteño y legislador mandato cumplido.
“Hoy vemos exactamente lo contrario: prestadores asfixiados, instituciones al borde del cierre y familias atravesando una enorme incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos”, concluye.
Desde la fundación Rumbos, un organismo que lucha por la accesibilidad a favor de un hábitat inclusivo, recordaron que las políticas actuales de Jorge Macri ignoran las necesidades reales de las personas en situación de discapacidad, desviando el foco de lo importante y lo urgente.
“Por ejemplo, se imponen procesos que colocan a las personas con discapacidad bajo una constante sospecha de fraude, como ocurre con el reciente reempadronamiento para el pase gratuito en el subte. De no realizarse este trámite, el beneficio queda inactivo y debido a la falta de difusión masiva de la medida sabemos que muchas personas no se han enterado”, explicó a Tiempo Cecilia García Rizzo, Coordinadora General y de Comunicación de la Fundación Rumbos.
Cecilia es una persona en situación de discapacidad y usuaria de scooter. Ella, al igual que miles de personas que transitan la Ciudad, padece la falta de gestión del actual gobierno porteño.
“La falta de accesibilidad en los subtes es crítica: solo un tercio de las estaciones posee ascensores para viajar en ambos sentidos y, frecuentemente, estos no funcionan —al igual que las escaleras mecánicas— por falta de mantenimiento”, agregó.
María Rodríguez Romero, Coordinadora de Políticas Públicas de Rumbos, es madre de una persona en situación de discapacidad que usa silla de ruedas y respecto a la comunicación sobre la quita de espacios de estacionamiento reservado en la vía pública (aquellos mal otorgados o vencidos), dijo: “Si bien el control es parte de una gestión eficiente, el discurso oficial resalta nuevamente la posibilidad de fraude, mientras las veredas y calles de la ciudad presentan un deterioro creciente”.
Rodríguez Romero señala que “la ciudad se ha vuelto cada vez más intransitable, especialmente para personas mayores y para quienes usan silla de ruedas o scooters. Se observan baldosas flojas, vados (rampas de esquina) rotos o mal construidos que no cumplen su propósito, y cruces peatonales donde no se garantiza la continuidad necesaria”.
El vaciamiento en la Educación Especial
Si bien toda la educación porteña atraviesa por un proceso de fuertes ajustes, la administración actual puso énfasis en la Educación Especial.
“Frente a intentos de ajuste que amenazan la formación permanente de jóvenes y adultxs con discapacidad en las escuelas de Educación Especial, es necesario ser claros: no se está recortando un gasto, se están debilitando derechos”, señalaron en un comunicado desde la Secretaria de Educación Especial de UTE que conduce Romina Butera. “Porque cuando se desfinancian estas escuelas, se pierde mucho más que un lugar de aprendizaje”, agrega.
En el mismo sentido Federico Puy de Ademys dijo en diálogo con Tiempo que “Jorge Macri ataca a la educación especial y a las familias con discapacidad, las reprime cuando salen a protestar. Nos encontramos con escuelas en mal estado, con falta de aulas. Cada vez tenemos más chicos para un trabajo de inclusión en todas las modalidades, con familias que sufren el ajuste de Milei y no tienen ni una obra social para solicitar un acompañante, que además cobran muy poco. Es un trabajo que lo hacemos con toda la pedagogía que podemos pero sin ningún tipo de recursos”.
Desde la Auditoría porteña hicieron un breve repaso de los ajustes en el sector: “a través de los informes N° 2.24.08 y N° 2.25.06, detectamos un problema estructural muy serio en la gestión de la Educación Especial de la Ciudad. Observamos un sistema que funciona con cargos insuficientes, docentes sobrecargados y una demanda creciente que el propio Ministerio de Educación no logra medir ni evaluar correctamente”, explicó a Tiempo Mariana Gagliardi, Presidenta de la Auditoría de la Ciudad.
“Existen cargos sin crear ni cubrir, escuelas donde el 100% del personal trabajaba fuera de su sede y estudiantes que terminaron el ciclo lectivo sin acceder a recursos de apoyo fundamentales. El Ministerio de Educación tampoco informó cuántos estudiantes solicitaron apoyo, cuántos efectivamente lo recibieron ni si la planta docente alcanza para cubrir esa demanda. Además, encontramos diferencias alarmantes entre los datos oficiales y el relevamiento realizado por la Auditoría”.
La propaganda del Gobierno porteño sobre supuestos estacionamientos truchos para personas con discapacidad, provocó las críticas de organizaciones del sector. “Estamos frente a una crisis terminal”, denuncian.
“La Ciudad levantó 272 estacionamientos truchos para personas con discapacidad”, titularon con énfasis todos los medios del mainstream. Fueron varias horas dedicadas a esta acción que llevó adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que incluyeron: entrevistas a Pablo Bereciartua, Ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, y varios primeros planos al posteo de Jorge Macri donde enfatizaba: “Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos”.
Lo paradójico es que la propia información oficial del gobierno porteño desmiente a Jorge Macri y a su ministro: “El 76% correspondía a reservas vencidas, en mal estado o fuera de uso, cuyos titulares no habían realizado el trámite de renovación. El 11% a personas fallecidas. El 9% estaban adulterados. Y un 4% correspondía a reservas no oficiales”, afirman en la gacetilla oficial.
Es decir, el 96% de los estacionamientos no eran ilegales. En tal caso, el propio gobierno porteño no había realizado los controles necesarios con anterioridad para retirar los que habían vencido, el de las personas fallecidas o los que estaban adulterados. Solo un 4% eran estacionamientos que no estaban habilitados por el GCBA.
Esto despertó el enojo de la comunidad de personas con discapacidad de CABA y, desde diferentes espacios, recuerdan que la gestión de Macri es expulsiva, segregacionista y poco empática con el sector.
“Estamos frente a una crisis terminal del sistema de discapacidad a nivel nacional y el Gobierno de la Ciudad no toma nota. Más allá de algunas ayudas puntuales y a cuentagotas, no existe una política pensada para evitar el cierre de instituciones, el quiebre de prestadores y el deterioro de la atención de miles de personas con discapacidad”, dijo a Tiempo Juan Manuel Valdés, Director General de Políticas vinculadas a poblaciones vulnerables del Consejo de la Magistratura porteño y legislador mandato cumplido.
“Hoy vemos exactamente lo contrario: prestadores asfixiados, instituciones al borde del cierre y familias atravesando una enorme incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos”, concluye.
Desde la fundación Rumbos, un organismo que lucha por la accesibilidad a favor de un hábitat inclusivo, recordaron que las políticas actuales de Jorge Macri ignoran las necesidades reales de las personas en situación de discapacidad, desviando el foco de lo importante y lo urgente.
“Por ejemplo, se imponen procesos que colocan a las personas con discapacidad bajo una constante sospecha de fraude, como ocurre con el reciente reempadronamiento para el pase gratuito en el subte. De no realizarse este trámite, el beneficio queda inactivo y debido a la falta de difusión masiva de la medida sabemos que muchas personas no se han enterado”, explicó a Tiempo Cecilia García Rizzo, Coordinadora General y de Comunicación de la Fundación Rumbos.
Cecilia es una persona en situación de discapacidad y usuaria de scooter. Ella, al igual que miles de personas que transitan la Ciudad, padece la falta de gestión del actual gobierno porteño.
“La falta de accesibilidad en los subtes es crítica: solo un tercio de las estaciones posee ascensores para viajar en ambos sentidos y, frecuentemente, estos no funcionan —al igual que las escaleras mecánicas— por falta de mantenimiento”, agregó.
María Rodríguez Romero, Coordinadora de Políticas Públicas de Rumbos, es madre de una persona en situación de discapacidad que usa silla de ruedas y respecto a la comunicación sobre la quita de espacios de estacionamiento reservado en la vía pública (aquellos mal otorgados o vencidos), dijo: “Si bien el control es parte de una gestión eficiente, el discurso oficial resalta nuevamente la posibilidad de fraude, mientras las veredas y calles de la ciudad presentan un deterioro creciente”.
Rodríguez Romero señala que “la ciudad se ha vuelto cada vez más intransitable, especialmente para personas mayores y para quienes usan silla de ruedas o scooters. Se observan baldosas flojas, vados (rampas de esquina) rotos o mal construidos que no cumplen su propósito, y cruces peatonales donde no se garantiza la continuidad necesaria”.
Si bien toda la educación porteña atraviesa por un proceso de fuertes ajustes, la administración actual puso énfasis en la Educación Especial.
“Frente a intentos de ajuste que amenazan la formación permanente de jóvenes y adultxs con discapacidad en las escuelas de Educación Especial, es necesario ser claros: no se está recortando un gasto, se están debilitando derechos”, señalaron en un comunicado desde la Secretaria de Educación Especial de UTE que conduce Romina Butera. “Porque cuando se desfinancian estas escuelas, se pierde mucho más que un lugar de aprendizaje”, agrega.
En el mismo sentido Federico Puy de Ademys dijo en diálogo con Tiempo que “Jorge Macri ataca a la educación especial y a las familias con discapacidad, las reprime cuando salen a protestar. Nos encontramos con escuelas en mal estado, con falta de aulas. Cada vez tenemos más chicos para un trabajo de inclusión en todas las modalidades, con familias que sufren el ajuste de Milei y no tienen ni una obra social para solicitar un acompañante, que además cobran muy poco. Es un trabajo que lo hacemos con toda la pedagogía que podemos pero sin ningún tipo de recursos”.
Desde la Auditoría porteña hicieron un breve repaso de los ajustes en el sector: “a través de los informes N° 2.24.08 y N° 2.25.06, detectamos un problema estructural muy serio en la gestión de la Educación Especial de la Ciudad. Observamos un sistema que funciona con cargos insuficientes, docentes sobrecargados y una demanda creciente que el propio Ministerio de Educación no logra medir ni evaluar correctamente”, explicó a Tiempo Mariana Gagliardi, Presidenta de la Auditoría de la Ciudad.
“Existen cargos sin crear ni cubrir, escuelas donde el 100% del personal trabajaba fuera de su sede y estudiantes que terminaron el ciclo lectivo sin acceder a recursos de apoyo fundamentales. El Ministerio de Educación tampoco informó cuántos estudiantes solicitaron apoyo, cuántos efectivamente lo recibieron ni si la planta docente alcanza para cubrir esa demanda. Además, encontramos diferencias alarmantes entre los datos oficiales y el relevamiento realizado por la Auditoría”.
Política – Tiempo Argentino
