A partir de un fallo de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, se liberó el camino para llamar nuevamente a indagatoria al ex oficial de la Policía Federal Miguel Ángel Romano, sospechado junto a otros miembros de la Comisaría 37 de haber liberado la zona el 4 de julio de 1976 para que se cometiera la Masacre de San Patricio, en la que fueron asesinados los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti.
Como resultado del fallo, el Juzgado Federal 3 a cargo de Daniel Rafecas citó al ex policía para el próximo 22 de octubre a las 10, según informó la querella de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Romano era el último de los cuatro acusados que faltaba cumplir con la indagatoria. En junio de este año, cuando se cumplieron 50 años de ese brutal crimen, por pedido de la querella el juez llamó a declarar a Romano, al ex sargento Atilio Edgardo Juárez, el ex agente Serafín Losada y el ex oficial principal Héctor Roberto Oliveto.
Oliveto, Juárez y Losada fueron indagados un mes después, aunque los tres se negaron a declarar y presentaron descargos, pero Romano pudo dilatar la citación con un recurso ante la Cámara Federal en el que alegaba que ya había sido sobreseído por extinción de la acción penal en 1987.
Finalmente, la semana pasada la Sala I de la Cámara, integrada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, dio por tierra con esa estrategia y rechazaron el recurso en base a la “inaplicabilidad de reglas de prescripción” en los delitos de lesa humanidad.
“La obligación estatal de investigar las graves violaciones de derechos humanos no se extingue por el paso del tiempo ni por decisiones anteriores que no pueden invocarse como obstáculo frente a esa obligación. Cabe recordar que los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH, in re: «Barrios Altos vs. Perú» y «Almonacid Arellano vs. Chile»)”, destacaron.
Durante años, la causa por la Masacre de San Patricio se investigó como parte de la megacausa ESMA por la posibilidad de que hubiese sido un operativo realizado por el Grupo de Tareas de la Armada. Sin embargo, desde 2022 el expediente se encuentra en manos de Rafecas a partir de las pruebas que apuntan a que se trató de una represalia de la Policía Federal.
Dos días antes de la masacre, el 2 de julio de 1976, fue la explosión en el comedor de Coordinación Federal, un ataque atribuido a Montoneros. Dentro de la iglesia de San patricio, donde hallaron los cuerpos acribillados, había pintadas que vinculaban el crímen con ese hecho, como las frases: “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”, y “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM (NdR: Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo)”.
Se trata del ex oficial de la Policía Federal Miguel Ángel Romano, citado para el 22 de octubre tras un fallo de la Cámara Federal. Ya declararon otros 3 ex policías de la Comisaría 37 de la Ciudad imputados por encubrimiento.
A partir de un fallo de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, se liberó el camino para llamar nuevamente a indagatoria al ex oficial de la Policía Federal Miguel Ángel Romano, sospechado junto a otros miembros de la Comisaría 37 de haber liberado la zona el 4 de julio de 1976 para que se cometiera la Masacre de San Patricio, en la que fueron asesinados los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti.
Como resultado del fallo, el Juzgado Federal 3 a cargo de Daniel Rafecas citó al ex policía para el próximo 22 de octubre a las 10, según informó la querella de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Romano era el último de los cuatro acusados que faltaba cumplir con la indagatoria. En junio de este año, cuando se cumplieron 50 años de ese brutal crimen, por pedido de la querella el juez llamó a declarar a Romano, al ex sargento Atilio Edgardo Juárez, el ex agente Serafín Losada y el ex oficial principal Héctor Roberto Oliveto.
Oliveto, Juárez y Losada fueron indagados un mes después, aunque los tres se negaron a declarar y presentaron descargos, pero Romano pudo dilatar la citación con un recurso ante la Cámara Federal en el que alegaba que ya había sido sobreseído por extinción de la acción penal en 1987.
Finalmente, la semana pasada la Sala I de la Cámara, integrada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, dio por tierra con esa estrategia y rechazaron el recurso en base a la “inaplicabilidad de reglas de prescripción” en los delitos de lesa humanidad.
“La obligación estatal de investigar las graves violaciones de derechos humanos no se extingue por el paso del tiempo ni por decisiones anteriores que no pueden invocarse como obstáculo frente a esa obligación. Cabe recordar que los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH, in re: «Barrios Altos vs. Perú» y «Almonacid Arellano vs. Chile»)”, destacaron.
Durante años, la causa por la Masacre de San Patricio se investigó como parte de la megacausa ESMA por la posibilidad de que hubiese sido un operativo realizado por el Grupo de Tareas de la Armada. Sin embargo, desde 2022 el expediente se encuentra en manos de Rafecas a partir de las pruebas que apuntan a que se trató de una represalia de la Policía Federal.
Dos días antes de la masacre, el 2 de julio de 1976, fue la explosión en el comedor de Coordinación Federal, un ataque atribuido a Montoneros. Dentro de la iglesia de San patricio, donde hallaron los cuerpos acribillados, había pintadas que vinculaban el crímen con ese hecho, como las frases: “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”, y “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM (NdR: Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo)”.
Política – Tiempo Argentino
