Una querida tía dijo una vez durante una cena en su casa: “Queríamos quitarles el chantaje de las armas”. La reflexión era extensa. Se refería a cómo se había gestado a lo largo de décadas el drama de la violencia política en la Argentina. Ella había sido militante del ERP a principios de 1970 y se había exiliado durante la última dictadura.
Tenía una lectura crítica sobre sus propias posiciones. El núcleo de la reflexión era que la acción autoritaria de la derecha, con sus golpes de Estado recurrentes para asfixiar la voluntad popular, la proscripción y persecución de Juan Perón y el peronismo, entre tantas prácticas, habían generado la convicción en toda una generación de jóvenes de que por dentro de las instituciones no era posible impulsar transformaciones. Porque la derecha las asfixiaba violando esas instituciones y la Constitución.
Javier Milei es uno de los dirigentes de la derecha argentina más votado en la historia moderna. Sacó 56% de los votos. Es una marea de respaldo, aunque hayan sido en un balotaje. Sin embargo, al igual que el escorpión en la fábula de la rana y el escorpión, no puede abandonar su naturaleza autoritaria.
En la Argentina mileísta hay varios signos de ese vicio. Uno es la prisión y proscripción de Cristina Fernández. La presidenta del principal partido opositor está detenida en un juicio amañado y, por sobre todas las cosas, ejecutado por un Poder Judicial que no es imparcial. Hay una ley para los antiperonistas y los grandes empresarios y otra para el peronismo. Un Poder Judicial que no es imparcial no puede garantizar un juicio justo. Habrá argentinos que piensen que CFK es inocente y otros crearán lo contrario. Lo que resulta indiscutible es que el Poder Judicial que la juzgó no es imparcial. ¿Por qué no avanzan ninguna de las causas contra Mauricio Macri y sus exfuncionarios? ¿Por qué en la Argentina nunca hay juicios contra los grandes evasores de impuestos que le roban al Estado?
Otra práctica autoritaria se ejerce con la Ley de Financiamiento Universitario. No hay ningún resorte institucional de la república en el que no haya sido respaldada. La aprobaron las dos cámaras del Congreso. El presidente la vetó y las dos cámaras la repusieron reuniendo los dos tercios que exige la legislación. Son pocas las leyes que logran un respaldo de esa magnitud. Es una muestra de que la Universidad Pública es un valor transversal de la sociedad argentina, una de esas pocas cosas, como la causa Malvinas, que hilvanan al conjunto.
Luego de que el Congreso repusiera la ley que el presidente quiso anular, la disputa se trasladó al terreno judicial. No es cualquier ámbito. La derecha juega de local en esa cancha. Sin embargo, los jueces de la Corte sí entienden el nivel de consenso social que tiene la Universidad Pública y dejaron vigente la cautelar que los jueces de primera instancia le habían otorgado a las universidades para obligar al gobierno a actualizar los salarios y las becas con las pautas que impone la ley. Milei buscó la forma de incumplir los fallos judiciales, siempre con la excusa del supuesto equilibrio fiscal.
Al gobierno le faltan 3,6 billones de pesos para cumplir con el pedido que hizo el Consejo Interuniversitario Nacional para el 2027. Los funcionarios de Milei dicen que no pueden otorgar ese monto porque rompe el equilibrio fiscal. ¿Cuánto ha dejado de recaudar el fisco con la baja del impuesto a los bienes personales para los más ricos que decidió Milei al inicio de su gestión? Según el Instituto Argentina Grande, durante el 2026 se dejaron de recaudar 3,2 billones de pesos. Es casi lo mismo que les falta a las universidades.
El presidente ejerce el poder instigando a la violencia. Lo hace cuando insulta en las redes sociales y de manera mucho más profunda cuando no acepta los resultados si pierde dentro de las instituciones. Esas instituciones están para evitar la violencia, para que las diferencias de la sociedad argentina se resuelvan de manera pacífica. La historia reciente enseñó las tragedias que se pueden desatar cuando no se las respeta.
El presidente estimula la violencia cuando no acepta las decisiones del Congreso y la Justicia.
Una querida tía dijo una vez durante una cena en su casa: “Queríamos quitarles el chantaje de las armas”. La reflexión era extensa. Se refería a cómo se había gestado a lo largo de décadas el drama de la violencia política en la Argentina. Ella había sido militante del ERP a principios de 1970 y se había exiliado durante la última dictadura.
Tenía una lectura crítica sobre sus propias posiciones. El núcleo de la reflexión era que la acción autoritaria de la derecha, con sus golpes de Estado recurrentes para asfixiar la voluntad popular, la proscripción y persecución de Juan Perón y el peronismo, entre tantas prácticas, habían generado la convicción en toda una generación de jóvenes de que por dentro de las instituciones no era posible impulsar transformaciones. Porque la derecha las asfixiaba violando esas instituciones y la Constitución.
Javier Milei es uno de los dirigentes de la derecha argentina más votado en la historia moderna. Sacó 56% de los votos. Es una marea de respaldo, aunque hayan sido en un balotaje. Sin embargo, al igual que el escorpión en la fábula de la rana y el escorpión, no puede abandonar su naturaleza autoritaria.
En la Argentina mileísta hay varios signos de ese vicio. Uno es la prisión y proscripción de Cristina Fernández. La presidenta del principal partido opositor está detenida en un juicio amañado y, por sobre todas las cosas, ejecutado por un Poder Judicial que no es imparcial. Hay una ley para los antiperonistas y los grandes empresarios y otra para el peronismo. Un Poder Judicial que no es imparcial no puede garantizar un juicio justo. Habrá argentinos que piensen que CFK es inocente y otros crearán lo contrario. Lo que resulta indiscutible es que el Poder Judicial que la juzgó no es imparcial. ¿Por qué no avanzan ninguna de las causas contra Mauricio Macri y sus exfuncionarios? ¿Por qué en la Argentina nunca hay juicios contra los grandes evasores de impuestos que le roban al Estado?
Otra práctica autoritaria se ejerce con la Ley de Financiamiento Universitario. No hay ningún resorte institucional de la república en el que no haya sido respaldada. La aprobaron las dos cámaras del Congreso. El presidente la vetó y las dos cámaras la repusieron reuniendo los dos tercios que exige la legislación. Son pocas las leyes que logran un respaldo de esa magnitud. Es una muestra de que la Universidad Pública es un valor transversal de la sociedad argentina, una de esas pocas cosas, como la causa Malvinas, que hilvanan al conjunto.
Luego de que el Congreso repusiera la ley que el presidente quiso anular, la disputa se trasladó al terreno judicial. No es cualquier ámbito. La derecha juega de local en esa cancha. Sin embargo, los jueces de la Corte sí entienden el nivel de consenso social que tiene la Universidad Pública y dejaron vigente la cautelar que los jueces de primera instancia le habían otorgado a las universidades para obligar al gobierno a actualizar los salarios y las becas con las pautas que impone la ley. Milei buscó la forma de incumplir los fallos judiciales, siempre con la excusa del supuesto equilibrio fiscal.
Al gobierno le faltan 3,6 billones de pesos para cumplir con el pedido que hizo el Consejo Interuniversitario Nacional para el 2027. Los funcionarios de Milei dicen que no pueden otorgar ese monto porque rompe el equilibrio fiscal. ¿Cuánto ha dejado de recaudar el fisco con la baja del impuesto a los bienes personales para los más ricos que decidió Milei al inicio de su gestión? Según el Instituto Argentina Grande, durante el 2026 se dejaron de recaudar 3,2 billones de pesos. Es casi lo mismo que les falta a las universidades.
El presidente ejerce el poder instigando a la violencia. Lo hace cuando insulta en las redes sociales y de manera mucho más profunda cuando no acepta los resultados si pierde dentro de las instituciones. Esas instituciones están para evitar la violencia, para que las diferencias de la sociedad argentina se resuelvan de manera pacífica. La historia reciente enseñó las tragedias que se pueden desatar cuando no se las respeta.
Política – Tiempo Argentino
