Entre cuatro efectivos, lo redujeron y lo tiraron boca abajo sobre el piso, donde le propinaron golpes de puño en la cabeza y ejercieron sobre él una presión física sobre zonas vitales de su cuerpo hasta que le provocaron la muerte.
De esa manera se produjo el fallecimiento de Octavio Buccafusco, de 34 años, hace un año. Recién 10 meses después de ese hecho, fueron indagados por homicidio culposo tres integrantes de la Patrulla de Vicente López y un uniformado de la Policía Bonaerense.
No obstante, la querella que sigue en la causa la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de la Provincia de Buenos Aires, en representación de la familia, pide que la investigación se caratule como homicidio culposo.
Se trata de un caso de violencia institucional que ilustra el desempeño que cumple un cuerpo de seguridad que opera en el ámbito del Municipio de Vicente López, gobernado actualmente por Soledad Martínez, del PRO.
Esta Patrulla se creó durante la gestión que encabezó en su momento en el distrito Jorge Macri, actual alcalde porteño. Una entidad diseñada para brindar prevención y vigilancia, pero que acumula otras denuncias por abusos y hechos represivos.
Así se consigna en el informe anual publicado por el organismo defensor de los derechos humanos, en el cual se detallan excesos contra personas vulnerables o en situación de calle cometidas por estos cuerpos comunales que muchas veces “exceden sus competencias legales” cuando patrullan por las calles de varios distritos de la provincia de Buenos Aires.
RODEADO POR EFECTIVOS Y ASFIXIADO EN LA CALLE
En la madrugada del 3 de septiembre de 2025, Octavio llamó al 911 para denunciar una posible intrusión a su domicilio. Agentes de la Patrulla Vecinal del distrito, se negaron a ingresar a la vivienda para constatar la situación.
Los funcionarios decidieron no ingresar a la vivienda para constatar la situación que denunciaba Buccafusco, quien, ante la indiferencia de los efectivos, decidió concurrir a pedir auxilio a la dependencia policial más cercana a su domicilio.
Así llegó hasta la esquina de Güemes y Maipú, donde funciona la sede de la Súperintendencia de Investigaciones de Tráfico de Drogas Peligrosas de la Policía bonaerense. Octavio iba a bordo de una bicicleta y llevaba consigo a un perro de tamaño pequeño que sujetaba como podía. Agentes de la Patrulla lo seguían.
Al frente de la dependencia policial llegan los agentes de la Patrulla, Yamila Flores, Gustavo Acosta y Eduardo Jaime. A ellos se les suma el efectivo de la bonaerense Maximiliano Maguayar.
Los testimonios y las imágenes que registraron los hechos dan cuenta que Octavio se encontraba “en medio de un cuadro de padecimiento de salud mental”, según se indica en el informe de la CPM.
Ante la indiferencia que generaban sus pedidos y el hostigamiento de los funcionarios municipales, Octavio decidió retirarse. Primero montado a su bicicleta y luego a pie, pero se lo impidieron. Eran las 6.30 de la mañana.
Los agentes en cuestión lo rodearon y lo tiraron boca abajo contra un cordón. Lo sujetaron y mediante una presión física que realizaron durante 10 minutos dejaron a Octavio inmóvil, en la vereda.
Buccafusco no reaccionaba, no registraba signos vitales. Recién después de varios minutos, los efectivos decidieron llamar al servicio del SAME, que lo trasladó al hospital de Vicente López, donde pasadas las 8.30 es declarado muerto.
LOS IMPUTADOS, INDAGADOS 10 MESES DESPUÉS
La causa judicial es instruida en la actualidad por el fiscal de San Isidro Alejandro Adrián Guevara, quien calificó el hecho como “homicidio culposo en concurso ideal con severidades”.
Los patrulleros Acosta, Jaime y Flores brindaron declaración indagatoria recién el pasado el 15 de julio de 2026. El policía Maguayar lo hizo el 24 de junio. Primero aseguró que no iba a declarar, pero después pidió revertir su decisión y lo hizo el 18 de agosto de 2026.
La calificación del fiscal se basa en la autopsia que se le practicó a la víctima. En ese informe se estableció que la causa de la muerte de Buccafusco fue “multifactorial”, al detectarse restos de drogas y metabolitos de sustancias tóxicas y también “lesiones traumáticas en block laringotraqueal, específicamente en los paquetes vasculares y músculos esternocleidomastoides bilaterales y epiglotis, y a nivel pulmonar y en meninge”.
Una conclusión que es objetada por la representación legal que ejerce la CPM, que considera que la presencia de sustancias en el cuerpo de la víctima no puede equiparse con el accionar violento de los efectivos ejercieron en perjuicio de Octavio.
En base a un informe pericial aportado por la CPM, y firmado por el médico legalista Marcelo Nenkies, se solicitó la revisión de la imputación por parte del fiscal a homicidio simple.
En esa indagación aportada por el organismo se sostiene que Buccafusco murió como consecuencia de una asfixia por sofocación posicional que estuvo relacionada directamente por la intervención de los tres patrulleros y el policía bonaerense.
“El comportamiento de estos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pública resultó injustificado y desmedido. Actuaron por fuera de todos los criterios para el abordaje de personas que se encuentran atravesando cuadros de salud mental”, remarcó la CPM en un escrito en el cual exige que se modifique la carátula de la causa.
“No puede tratarse de un hecho culposo porque eso sucede cuando alguien sabe lo que está haciendo. Y en este caso, lo agentes sabían que estaban sometiendo a una persona y podían ponerla en riesgo de vida”, explica en diálogo con Tiempo Argentino Augusto Infante, abogado que representa al organismo boanerense.
OTROS CASOS QUE INVOLUCRAN A LA PATRULLA DE VICENTE LÓPEZ
El caso de Buccafusco no es el primero ni el único que involucra a integrantes de la Patrulla de Vicente López, de acuerdo a lo informado por la CPM.
El 24 de junio de 2024, en la localidad de Villa Martelli, un móvil de esta dependencia, que perseguía a un vehículo con pedido de captura, impactó contra un poste y se dirigió sobre un grupo de jóvenes que estaba en la vereda. Se produjo un atropellamiento en el que murió Pedro Pressavento, de 21 años.
En marzo de 2025, en una presentación del grupo Murgas Unidas que se realizaba entre las calles Mitre y Florida de Vicente López, se produjo un hecho represivo por parte de la Patrulla comunal, con el objetivo de impedir la continuidad de la actividad.
Quienes presenciaban esta celebración murguera fueron reprimidos con pistolas Byrna, armas de baja letalidad que emiten descargas de gas comprimido de CO2. Hubo varios heridos y un detenido por resistir a la autoridad.
“Vamos a seguir dándole visibilidad a este caso hasta que obtengamos justicia y se cambie la calificación. Sabemos que es difícil, pero no vamos a bajar los brazos”, remarcó a este medio Augusto Buccafusco, hermano de Octavio.
Augusto contó que, en principio, las autoridades del Municipio intentaron contactarse con la familia, pero luego desistieron de mantener un encuentro directo.
Tiempo Argentino intentó contactarse con las autoridades de la gestión de la intendenta, Soledad Martínez, para conocer su postura ante este caso de violencia institucional, pero no obtuvo ninguna respuesta.
El 3 de septiembre de 2025, agentes de la Patrulla Vecinal del Municipio provocaron la muerte de Octavio Buccafusco. La Comisión Provincial por la Memoria pide que la investigación se caratule como homicidio culposo.
Entre cuatro efectivos, lo redujeron y lo tiraron boca abajo sobre el piso, donde le propinaron golpes de puño en la cabeza y ejercieron sobre él una presión física sobre zonas vitales de su cuerpo hasta que le provocaron la muerte.
De esa manera se produjo el fallecimiento de Octavio Buccafusco, de 34 años, hace un año. Recién 10 meses después de ese hecho, fueron indagados por homicidio culposo tres integrantes de la Patrulla de Vicente López y un uniformado de la Policía Bonaerense.
No obstante, la querella que sigue en la causa la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de la Provincia de Buenos Aires, en representación de la familia, pide que la investigación se caratule como homicidio culposo.
Se trata de un caso de violencia institucional que ilustra el desempeño que cumple un cuerpo de seguridad que opera en el ámbito del Municipio de Vicente López, gobernado actualmente por Soledad Martínez, del PRO.
Esta Patrulla se creó durante la gestión que encabezó en su momento en el distrito Jorge Macri, actual alcalde porteño. Una entidad diseñada para brindar prevención y vigilancia, pero que acumula otras denuncias por abusos y hechos represivos.
Así se consigna en el informe anual publicado por el organismo defensor de los derechos humanos, en el cual se detallan excesos contra personas vulnerables o en situación de calle cometidas por estos cuerpos comunales que muchas veces “exceden sus competencias legales” cuando patrullan por las calles de varios distritos de la provincia de Buenos Aires.
RODEADO POR EFECTIVOS Y ASFIXIADO EN LA CALLE
En la madrugada del 3 de septiembre de 2025, Octavio llamó al 911 para denunciar una posible intrusión a su domicilio. Agentes de la Patrulla Vecinal del distrito, se negaron a ingresar a la vivienda para constatar la situación.
Los funcionarios decidieron no ingresar a la vivienda para constatar la situación que denunciaba Buccafusco, quien, ante la indiferencia de los efectivos, decidió concurrir a pedir auxilio a la dependencia policial más cercana a su domicilio.
Así llegó hasta la esquina de Güemes y Maipú, donde funciona la sede de la Súperintendencia de Investigaciones de Tráfico de Drogas Peligrosas de la Policía bonaerense. Octavio iba a bordo de una bicicleta y llevaba consigo a un perro de tamaño pequeño que sujetaba como podía. Agentes de la Patrulla lo seguían.
Al frente de la dependencia policial llegan los agentes de la Patrulla, Yamila Flores, Gustavo Acosta y Eduardo Jaime. A ellos se les suma el efectivo de la bonaerense Maximiliano Maguayar.
Los testimonios y las imágenes que registraron los hechos dan cuenta que Octavio se encontraba “en medio de un cuadro de padecimiento de salud mental”, según se indica en el informe de la CPM.
Ante la indiferencia que generaban sus pedidos y el hostigamiento de los funcionarios municipales, Octavio decidió retirarse. Primero montado a su bicicleta y luego a pie, pero se lo impidieron. Eran las 6.30 de la mañana.
Los agentes en cuestión lo rodearon y lo tiraron boca abajo contra un cordón. Lo sujetaron y mediante una presión física que realizaron durante 10 minutos dejaron a Octavio inmóvil, en la vereda.
Buccafusco no reaccionaba, no registraba signos vitales. Recién después de varios minutos, los efectivos decidieron llamar al servicio del SAME, que lo trasladó al hospital de Vicente López, donde pasadas las 8.30 es declarado muerto.
LOS IMPUTADOS, INDAGADOS 10 MESES DESPUÉS
La causa judicial es instruida en la actualidad por el fiscal de San Isidro Alejandro Adrián Guevara, quien calificó el hecho como “homicidio culposo en concurso ideal con severidades”.
Los patrulleros Acosta, Jaime y Flores brindaron declaración indagatoria recién el pasado el 15 de julio de 2026. El policía Maguayar lo hizo el 24 de junio. Primero aseguró que no iba a declarar, pero después pidió revertir su decisión y lo hizo el 18 de agosto de 2026.
La calificación del fiscal se basa en la autopsia que se le practicó a la víctima. En ese informe se estableció que la causa de la muerte de Buccafusco fue “multifactorial”, al detectarse restos de drogas y metabolitos de sustancias tóxicas y también “lesiones traumáticas en block laringotraqueal, específicamente en los paquetes vasculares y músculos esternocleidomastoides bilaterales y epiglotis, y a nivel pulmonar y en meninge”.
Una conclusión que es objetada por la representación legal que ejerce la CPM, que considera que la presencia de sustancias en el cuerpo de la víctima no puede equiparse con el accionar violento de los efectivos ejercieron en perjuicio de Octavio.
En base a un informe pericial aportado por la CPM, y firmado por el médico legalista Marcelo Nenkies, se solicitó la revisión de la imputación por parte del fiscal a homicidio simple.
En esa indagación aportada por el organismo se sostiene que Buccafusco murió como consecuencia de una asfixia por sofocación posicional que estuvo relacionada directamente por la intervención de los tres patrulleros y el policía bonaerense.
“El comportamiento de estos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pública resultó injustificado y desmedido. Actuaron por fuera de todos los criterios para el abordaje de personas que se encuentran atravesando cuadros de salud mental”, remarcó la CPM en un escrito en el cual exige que se modifique la carátula de la causa.
“No puede tratarse de un hecho culposo porque eso sucede cuando alguien sabe lo que está haciendo. Y en este caso, lo agentes sabían que estaban sometiendo a una persona y podían ponerla en riesgo de vida”, explica en diálogo con Tiempo Argentino Augusto Infante, abogado que representa al organismo boanerense.
OTROS CASOS QUE INVOLUCRAN A LA PATRULLA DE VICENTE LÓPEZ
El caso de Buccafusco no es el primero ni el único que involucra a integrantes de la Patrulla de Vicente López, de acuerdo a lo informado por la CPM.
El 24 de junio de 2024, en la localidad de Villa Martelli, un móvil de esta dependencia, que perseguía a un vehículo con pedido de captura, impactó contra un poste y se dirigió sobre un grupo de jóvenes que estaba en la vereda. Se produjo un atropellamiento en el que murió Pedro Pressavento, de 21 años.
En marzo de 2025, en una presentación del grupo Murgas Unidas que se realizaba entre las calles Mitre y Florida de Vicente López, se produjo un hecho represivo por parte de la Patrulla comunal, con el objetivo de impedir la continuidad de la actividad.
Quienes presenciaban esta celebración murguera fueron reprimidos con pistolas Byrna, armas de baja letalidad que emiten descargas de gas comprimido de CO2. Hubo varios heridos y un detenido por resistir a la autoridad.
“Vamos a seguir dándole visibilidad a este caso hasta que obtengamos justicia y se cambie la calificación. Sabemos que es difícil, pero no vamos a bajar los brazos”, remarcó a este medio Augusto Buccafusco, hermano de Octavio.
Augusto contó que, en principio, las autoridades del Municipio intentaron contactarse con la familia, pero luego desistieron de mantener un encuentro directo.
Tiempo Argentino intentó contactarse con las autoridades de la gestión de la intendenta, Soledad Martínez, para conocer su postura ante este caso de violencia institucional, pero no obtuvo ninguna respuesta.
Política – Tiempo Argentino
