Una hora y ocho minutos

El acuerdo que el Ministerio de Economía firmó con Metrogas le extiende la licencia de distribución de gas hasta fines de 2047. La licencia vencía en 2027. A cambio, la empresa se compromete a invertir 186,8 millones de dólares en diez años y a retirar sus reclamos contra el Estado, en el país y en el exterior. El acuerdo se firmó ad referéndum del Poder Ejecutivo.

El viernes 13 de noviembre, una contratista de esa concesionaria renovaba la red en Remedios de Escalada, partido de Lanús. A las 9.44, la tuneladora de Exgadet rompió un caño. En la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, los comercios estaban abiertos. Julián, que trabaja en la zona, contó que “ya había gente que se quejaba por el olor a gas”. A las 10.52, la esquina explotó.

Murió una persona. Los heridos son treinta. Siete tienen quemaduras graves. Hubo que evacuar un jardín y un geriátrico.

Una hora y ocho minutos

Controlada

Entre la rotura y la explosión pasó una hora y ocho minutos. La fiscal Yanina Estévez, de la UFI N.º 6 de Lanús, investiga si en ese tiempo el aviso quedó dentro de la empresa: si se informó solo al servicio de emergencias de Metrogas, sin llamar a los bomberos ni a Defensa Civil y sin ordenar la evacuación.

Según el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, ante el reporte de la fuga, Metrogas dijo que “la situación estaba controlada”. “Minutos después explotó”, contó. Arale sostuvo que “seguramente se violaron los protocolos de emergencia” y que “no se activó el sistema local de emergencia”. La fiscal ordenó detener a dos jerárquicos de Metrogas.

La versión de la empresa, que el ente regulador repitió, es técnica: una máquina dañó una cañería. Puede ser cierto, y es lo de menos. Las máquinas rompen caños; para eso existen los protocolos. Lo que investiga la Justicia ocurrió después de la rotura: la hora y ocho minutos en que la fuga se administró dentro de la empresa y el barrio quedó abandonado afuera.

La cadena

En los papeles, la cadena tiene cuatro eslabones: el Estado, la concesionaria, la contratista y la tuneladora. En la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, a las 10.52, había uno solo: los que estaban ahí.

Una hora y ocho minutos
Foto: Agencia NA / Claudio Fanchi

Ninguno de ellos decidió los contratos que los pusieron en riesgo. El caño lo rompió la contratista de Metrogas. Esa es la función de la tercerización en un servicio peligroso: el trabajo baja hacia otra empresa y la responsabilidad queda repartida entre contratos. Organiza un abandono en escalones.

La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada este año, empujó en la misma dirección. Modificó el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo: la empresa principal ya no tiene un deber general de controlar a sus contratistas. Le alcanza con pedirles una lista de papeles, como el CUIL de los trabajadores, los aportes y el seguro de riesgos del trabajo, para quedar liberada de responsabilidad.

Hacia arriba, la cadena tiene otros nombres. YPF todavía controla el 70% de Metrogas. En agosto aceptó venderle esa participación a Edenor por 780 millones de dólares. A Edenor la controla un grupo encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La venta está en su tramo final y depende de autorizaciones del propio Estado.

Manzano fue ministro del Interior de Carlos Menem, el gobierno que privatizó Gas del Estado y de cuya división nació Metrogas.

En julio, Metrogas volvió a repartir dividendos por primera vez desde 2001. Fueron 100.000 millones de pesos. Según la propia empresa, entre 2023 y 2025 duplicó su ganancia bruta. Es la compañía que el grupo de Manzano está por comprar. Menos de cuatro meses después del pago, la tuneladora de su contratista rompió el caño en Remedios de Escalada.

Lo que la cadena reparte hacia arriba son licencias, acciones y dividendos: dos décadas más de concesión, una venta millonaria y efectivo para los accionistas. Lo que reparte hacia abajo es el riesgo: la tuneladora, la zanja, la esquina.

El control

El Estado tiene un organismo encargado de vigilar esa cadena. El Decreto 452/2025, publicado el 7 de julio de 2025, creó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad en reemplazo del ENARGAS y el ENRE, que dejaron de existir. El nuevo organismo funciona en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, el mismo ministerio que firmó con Metrogas la extensión de la licencia. El que negocia con la empresa y el que debe controlarla comparten techo. Después de la explosión, el ente anunció “auditorías siniestrales”, es decir, controles que se realizan cuando el daño ya ocurrió, y se limitó a expresar que “lamenta las consecuencias de este tipo de accidentes en los servicios públicos”.

El abandono tiene firmas. El acuerdo con el Ministerio de Economía extendió la licencia hasta 2047. La Ley 27.802 liberó a la empresa principal del deber general de controlar a sus contratistas, y el Decreto 452/2025 puso al regulador bajo el mismo ministerio que negocia con la concesionaria. Cada una de esas decisiones sacó un control del camino. En ese diseño, la seguridad es un costo y el riesgo, algo que se transfiere. Lo que el modelo ahorra en control lo paga el barrio.

Para el regulador, fue un accidente. El Gobierno le acordó a Metrogas veinte años más de licencia. A Remedios de Escalada le prometió una auditoría.

 Murió una persona. Los heridos son treinta. Siete tienen quemaduras graves. Hubo que evacuar un jardín y un geriátrico.  

El acuerdo que el Ministerio de Economía firmó con Metrogas le extiende la licencia de distribución de gas hasta fines de 2047. La licencia vencía en 2027. A cambio, la empresa se compromete a invertir 186,8 millones de dólares en diez años y a retirar sus reclamos contra el Estado, en el país y en el exterior. El acuerdo se firmó ad referéndum del Poder Ejecutivo.

El viernes 13 de noviembre, una contratista de esa concesionaria renovaba la red en Remedios de Escalada, partido de Lanús. A las 9.44, la tuneladora de Exgadet rompió un caño. En la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, los comercios estaban abiertos. Julián, que trabaja en la zona, contó que “ya había gente que se quejaba por el olor a gas”. A las 10.52, la esquina explotó.

Murió una persona. Los heridos son treinta. Siete tienen quemaduras graves. Hubo que evacuar un jardín y un geriátrico.

Una hora y ocho minutos

Controlada

Entre la rotura y la explosión pasó una hora y ocho minutos. La fiscal Yanina Estévez, de la UFI N.º 6 de Lanús, investiga si en ese tiempo el aviso quedó dentro de la empresa: si se informó solo al servicio de emergencias de Metrogas, sin llamar a los bomberos ni a Defensa Civil y sin ordenar la evacuación.

Según el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, ante el reporte de la fuga, Metrogas dijo que “la situación estaba controlada”. “Minutos después explotó”, contó. Arale sostuvo que “seguramente se violaron los protocolos de emergencia” y que “no se activó el sistema local de emergencia”. La fiscal ordenó detener a dos jerárquicos de Metrogas.

La versión de la empresa, que el ente regulador repitió, es técnica: una máquina dañó una cañería. Puede ser cierto, y es lo de menos. Las máquinas rompen caños; para eso existen los protocolos. Lo que investiga la Justicia ocurrió después de la rotura: la hora y ocho minutos en que la fuga se administró dentro de la empresa y el barrio quedó abandonado afuera.

La cadena

En los papeles, la cadena tiene cuatro eslabones: el Estado, la concesionaria, la contratista y la tuneladora. En la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, a las 10.52, había uno solo: los que estaban ahí.

Una hora y ocho minutos

Foto: Agencia NA / Claudio Fanchi

Ninguno de ellos decidió los contratos que los pusieron en riesgo. El caño lo rompió la contratista de Metrogas. Esa es la función de la tercerización en un servicio peligroso: el trabajo baja hacia otra empresa y la responsabilidad queda repartida entre contratos. Organiza un abandono en escalones.

La Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionada este año, empujó en la misma dirección. Modificó el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo: la empresa principal ya no tiene un deber general de controlar a sus contratistas. Le alcanza con pedirles una lista de papeles, como el CUIL de los trabajadores, los aportes y el seguro de riesgos del trabajo, para quedar liberada de responsabilidad.

Hacia arriba, la cadena tiene otros nombres. YPF todavía controla el 70% de Metrogas. En agosto aceptó venderle esa participación a Edenor por 780 millones de dólares. A Edenor la controla un grupo encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La venta está en su tramo final y depende de autorizaciones del propio Estado.

Manzano fue ministro del Interior de Carlos Menem, el gobierno que privatizó Gas del Estado y de cuya división nació Metrogas.

En julio, Metrogas volvió a repartir dividendos por primera vez desde 2001. Fueron 100.000 millones de pesos. Según la propia empresa, entre 2023 y 2025 duplicó su ganancia bruta. Es la compañía que el grupo de Manzano está por comprar. Menos de cuatro meses después del pago, la tuneladora de su contratista rompió el caño en Remedios de Escalada.

Lo que la cadena reparte hacia arriba son licencias, acciones y dividendos: dos décadas más de concesión, una venta millonaria y efectivo para los accionistas. Lo que reparte hacia abajo es el riesgo: la tuneladora, la zanja, la esquina.

El control

El Estado tiene un organismo encargado de vigilar esa cadena. El Decreto 452/2025, publicado el 7 de julio de 2025, creó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad en reemplazo del ENARGAS y el ENRE, que dejaron de existir. El nuevo organismo funciona en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, el mismo ministerio que firmó con Metrogas la extensión de la licencia. El que negocia con la empresa y el que debe controlarla comparten techo. Después de la explosión, el ente anunció “auditorías siniestrales”, es decir, controles que se realizan cuando el daño ya ocurrió, y se limitó a expresar que “lamenta las consecuencias de este tipo de accidentes en los servicios públicos”.

El abandono tiene firmas. El acuerdo con el Ministerio de Economía extendió la licencia hasta 2047. La Ley 27.802 liberó a la empresa principal del deber general de controlar a sus contratistas, y el Decreto 452/2025 puso al regulador bajo el mismo ministerio que negocia con la concesionaria. Cada una de esas decisiones sacó un control del camino. En ese diseño, la seguridad es un costo y el riesgo, algo que se transfiere. Lo que el modelo ahorra en control lo paga el barrio.

Para el regulador, fue un accidente. El Gobierno le acordó a Metrogas veinte años más de licencia. A Remedios de Escalada le prometió una auditoría.

 Política – Tiempo Argentino

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