La presión social y la falta de consensos legislativos obligaron al gobierno de Javier Milei a recalcular a contrarreloj. En las últimas horas de la tarde de ayer, y ante un escenario adverso para garantizar el quórum en el Senado, la bancada oficialista retiró formalmente el capítulo de extranjerización de tierras rurales del proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada».
Sin embargo, lo que el oficialismo y sus aliados leyeron como un «paso atrás» para desactivar el conflicto no logró frenar la reacción de la calle. Bajo la consigna «La patria no se vende, no se quema ni se desaloja», una masiva movilización convocada por la CGT, las dos CTA, la UTEP y diversas organizaciones ambientales y civiles converge desde el mediodía de este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Los sectores convocantes advierten que, a pesar del retroceso oficial en la entrega del suelo, el esqueleto remanente del proyecto sigue siendo un «ataque directo a los derechos habitacionales, comunales y ecológicos».
Uno de los puntos que genera mayor alarma en el arco ambientalista e indígena es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. El texto propuesto por la Casa Rosada busca eliminar o reducir drásticamente la prohibición de 30 años para cambiar el uso del suelo en tierras arrasadas por incendios forestales. Las agrupaciones ecologistas denuncian que esta medida representa un incentivo directo para la provocación de incendios intencionales. Al desregular la protección, se habilitaría de forma inmediata la reconversión de bosques nativos y humedales quemados en áreas aptas para desarrollos inmobiliarios suntuosos o la expansión de la frontera agropecuaria intensiva. «Están mercantilizando la destrucción ecológica», alertaron los referentes del sector.
En el plano urbano, el eje de mayor conflictividad social gira en torno a la institucionalización del desalojo exprés. La reforma acorta los plazos judiciales a un extremo crítico: establece que, ante una intimación por falta de pago de apenas 10 días, el propietario queda facultado para activar de inmediato la vía judicial y agilizar el lanzamiento forzoso mediante el uso de la fuerza pública.
Las agrupaciones que nuclean a los inquilinos denuncian que la normativa rompe cualquier principio de equidad contractual, eliminando instancias previas de mediación y recortando las posibilidades de defensa jurídica del eslabón más débil de la cadena habitacional. En un contexto de crisis económica y alquileres desregulados, advierten que esta medida dejaría a miles de familias en situación de calle en plazos récords.
A esto se le suma otro factor medular denunciado por la UTEP y comunidades originarias: el proyecto avanza sobre la propiedad comunal de la tierra, derogando normativas protectoras históricas y dejando desguarnecidas a las poblaciones rurales y originarias frente al avance extractivista o los terratenientes locales
Las centrales obreras, movimientos sociales y organizaciones civiles sostuvieron la movilización de este jueves contra el proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada».
La presión social y la falta de consensos legislativos obligaron al gobierno de Javier Milei a recalcular a contrarreloj. En las últimas horas de la tarde de ayer, y ante un escenario adverso para garantizar el quórum en el Senado, la bancada oficialista retiró formalmente el capítulo de extranjerización de tierras rurales del proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada».
Sin embargo, lo que el oficialismo y sus aliados leyeron como un «paso atrás» para desactivar el conflicto no logró frenar la reacción de la calle. Bajo la consigna «La patria no se vende, no se quema ni se desaloja», una masiva movilización convocada por la CGT, las dos CTA, la UTEP y diversas organizaciones ambientales y civiles converge desde el mediodía de este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Los sectores convocantes advierten que, a pesar del retroceso oficial en la entrega del suelo, el esqueleto remanente del proyecto sigue siendo un «ataque directo a los derechos habitacionales, comunales y ecológicos».
Uno de los puntos que genera mayor alarma en el arco ambientalista e indígena es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. El texto propuesto por la Casa Rosada busca eliminar o reducir drásticamente la prohibición de 30 años para cambiar el uso del suelo en tierras arrasadas por incendios forestales. Las agrupaciones ecologistas denuncian que esta medida representa un incentivo directo para la provocación de incendios intencionales. Al desregular la protección, se habilitaría de forma inmediata la reconversión de bosques nativos y humedales quemados en áreas aptas para desarrollos inmobiliarios suntuosos o la expansión de la frontera agropecuaria intensiva. «Están mercantilizando la destrucción ecológica», alertaron los referentes del sector.
En el plano urbano, el eje de mayor conflictividad social gira en torno a la institucionalización del desalojo exprés. La reforma acorta los plazos judiciales a un extremo crítico: establece que, ante una intimación por falta de pago de apenas 10 días, el propietario queda facultado para activar de inmediato la vía judicial y agilizar el lanzamiento forzoso mediante el uso de la fuerza pública.
Las agrupaciones que nuclean a los inquilinos denuncian que la normativa rompe cualquier principio de equidad contractual, eliminando instancias previas de mediación y recortando las posibilidades de defensa jurídica del eslabón más débil de la cadena habitacional. En un contexto de crisis económica y alquileres desregulados, advierten que esta medida dejaría a miles de familias en situación de calle en plazos récords.
A esto se le suma otro factor medular denunciado por la UTEP y comunidades originarias: el proyecto avanza sobre la propiedad comunal de la tierra, derogando normativas protectoras históricas y dejando desguarnecidas a las poblaciones rurales y originarias frente al avance extractivista o los terratenientes locales
Política – Tiempo Argentino
