El general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, quedó en el centro de una denuncia penal por presunto desvío de fondos, malversación de caudales públicos y graves conflictos de intereses en la administración de la Quinta de Olivos.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una ampliación de su denuncia original en la que coloca al jefe militar como el garante y partícipe importante de un entramado espurio. Según la presentación judicial, bajo la gestión de Ibáñez se habrían convalidado maniobras para direccionar recursos del Estado y desviar toneladas de alimentos hacia emprendimientos gastronómicos privados pertenecientes a familiares de exfuncionarios del riñón oficial.
Ibáñez fue sido designado en 2024 al frente de la Casa Militar, un área clave que depende de la Secretaría General de la Presidencia conducida por Karina Milei. Sin embargo, su perfil sumó una alta exposición el pasado 17 de septiembre, cuando el Ejecutivo ejecutó una sorpresiva reestructuración: disolvió la Administración General civil de la Quinta de Olivos y le transfirió la totalidad del control administrativo y de proveedores a la estructura comandada por Ibáñez. Lo que la Casa Rosada justificó oficialmente como una medida para «reforzar la seguridad», la denuncia lo expone como una maniobra de encubrimiento.
El foco de la imputación sobre Ibáñez radica en un supuesto vínculo sentimental: según Pagano, el general es pareja de María Belén Agudiez, la influyente subsecretaria de Planificación General que manejaba la residencia presidencial y debió renunciar el último lunes acorralada por el escándalo. Para la diputada denunciante, el traspaso del control de Olivos a la Casa Militar buscó que el propio Ibáñez pasara a controlar las pruebas y los papeles de las presuntas irregularidades cometidas por el clan familiar de su pareja. Ibáñez habría intervenido directamente en decisiones administrativas favorables a los allegados de la exfuncionaria.
La trama que el general Ibáñez quedó obligado a responder ante la Justicia se originó en la Licitación Pública 0016/2026 para la compra de alimentos destinados a la Casa Rosada y Olivos. El pliego estipulaba la adquisición de 29.505 kilos de carne y pescado para un período de seis meses. Las alarmas saltaron al constatar que para Olivos se presupuestaron volúmenes insólitos de comida, incluyendo cuatro veces más dulce de leche y tres veces más mostaza que para la propia sede de Gobierno.
La sospecha apunta a que el entorno de Agudiez utilizaba los insumos del Estado para abastecer a «Pancitos Caseros», un emprendimiento privado de catering propiedad de la renunciada subsecretaria de Planificación General. Entre los encargados de auditar y registrar esos ingresos figuraba Osvaldo Javier Sosa, intendente desplazado de la Quinta, quien es cuñado de Agudiez. Ibáñez, desde la cúspide de la Casa Militar, quedó apuntado por refrendar y encubrir este circuito que confundía los recursos públicos con los negocios familiares.
Lo cierto es que Pagano solicitó a la Justicia medidas de prueba urgentes dirigidas a la Casa Militar. Pidió el resguardo inmediato de los servidores informáticos, el secuestro de los remitos de entrega de proveedores, los correos electrónicos institucionales de Ibáñez y los registros contables de la Quinta. También se requirió la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para cruzar las facturaciones del catering privado.
Si la denuncia prospera y la investigación avanza, el general Ibáñez deberá explicar en Comodoro Py cómo la Casa Militar pasó de proteger la figura del presidente a quedar bajo la sospecha de blindar los negocios privados que florecieron en las cocinas de Olivos.
La diputada Marcela Pagano amplió su denuncia penal y acusó al general Sebastián Ibáñez -a quien señaló como pareja de María Belén Agudiez- de avalar el desvío de toneladas de alimentos hacia empresas gastronómicas ligadas a la funcionaria que hasta la semana pasada fue la mano derecha de Karina Milei.
El general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, quedó en el centro de una denuncia penal por presunto desvío de fondos, malversación de caudales públicos y graves conflictos de intereses en la administración de la Quinta de Olivos.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una ampliación de su denuncia original en la que coloca al jefe militar como el garante y partícipe importante de un entramado espurio. Según la presentación judicial, bajo la gestión de Ibáñez se habrían convalidado maniobras para direccionar recursos del Estado y desviar toneladas de alimentos hacia emprendimientos gastronómicos privados pertenecientes a familiares de exfuncionarios del riñón oficial.
Ibáñez fue sido designado en 2024 al frente de la Casa Militar, un área clave que depende de la Secretaría General de la Presidencia conducida por Karina Milei. Sin embargo, su perfil sumó una alta exposición el pasado 17 de septiembre, cuando el Ejecutivo ejecutó una sorpresiva reestructuración: disolvió la Administración General civil de la Quinta de Olivos y le transfirió la totalidad del control administrativo y de proveedores a la estructura comandada por Ibáñez. Lo que la Casa Rosada justificó oficialmente como una medida para «reforzar la seguridad», la denuncia lo expone como una maniobra de encubrimiento.
El foco de la imputación sobre Ibáñez radica en un supuesto vínculo sentimental: según Pagano, el general es pareja de María Belén Agudiez, la influyente subsecretaria de Planificación General que manejaba la residencia presidencial y debió renunciar el último lunes acorralada por el escándalo. Para la diputada denunciante, el traspaso del control de Olivos a la Casa Militar buscó que el propio Ibáñez pasara a controlar las pruebas y los papeles de las presuntas irregularidades cometidas por el clan familiar de su pareja. Ibáñez habría intervenido directamente en decisiones administrativas favorables a los allegados de la exfuncionaria.
La trama que el general Ibáñez quedó obligado a responder ante la Justicia se originó en la Licitación Pública 0016/2026 para la compra de alimentos destinados a la Casa Rosada y Olivos. El pliego estipulaba la adquisición de 29.505 kilos de carne y pescado para un período de seis meses. Las alarmas saltaron al constatar que para Olivos se presupuestaron volúmenes insólitos de comida, incluyendo cuatro veces más dulce de leche y tres veces más mostaza que para la propia sede de Gobierno.
La sospecha apunta a que el entorno de Agudiez utilizaba los insumos del Estado para abastecer a «Pancitos Caseros», un emprendimiento privado de catering propiedad de la renunciada subsecretaria de Planificación General. Entre los encargados de auditar y registrar esos ingresos figuraba Osvaldo Javier Sosa, intendente desplazado de la Quinta, quien es cuñado de Agudiez. Ibáñez, desde la cúspide de la Casa Militar, quedó apuntado por refrendar y encubrir este circuito que confundía los recursos públicos con los negocios familiares.
Lo cierto es que Pagano solicitó a la Justicia medidas de prueba urgentes dirigidas a la Casa Militar. Pidió el resguardo inmediato de los servidores informáticos, el secuestro de los remitos de entrega de proveedores, los correos electrónicos institucionales de Ibáñez y los registros contables de la Quinta. También se requirió la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para cruzar las facturaciones del catering privado.
Si la denuncia prospera y la investigación avanza, el general Ibáñez deberá explicar en Comodoro Py cómo la Casa Militar pasó de proteger la figura del presidente a quedar bajo la sospecha de blindar los negocios privados que florecieron en las cocinas de Olivos.
Política – Tiempo Argentino
