En medio de acusaciones cruzadas por promover pliegos de magistrados ligados al kirchnerismo, el ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, promovió en las últimas horas una nueva jugada dentro del Consejo de la Magistratura que encendió las alarmas en un importante sector del mundo judicial. Después de varios días de rumores, finalmente el organismo constitucional tratará este jueves los concursos para completar dos de las tres vacantes de la Cámara Federal, el sensible tribunal a cargo de las causas de corrupción, narcotráfico y delitos federales.
Como contó este medio días atrás, la nueva gestión del Ministerio impulsó desde su llegada el envío de los más de trescientos pliegos vacantes en los juzgados federales, renovación que alcanzó a los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados vía decreto en 2017 por Mauricio Macri. Una tercera vacante, correspondiente al juez federal Martín Irurzun, quien se aproxima a cumplir 75 años el próximo 18 de julio, también podría ser cubierta ante la negativa del gobierno de renovar por cinco años su magistratura.
La decisión del oficialismo, que generó grandes controversias dentro de los tribunales, está apalancada en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que resolvió que todos los cargos designados por decreto deben ser concursados, instancia que, hasta el momento, sólo se cumplió con los dos jueces que integran una de la salas de Comodoro Py.
En rigor, ésta no es la primera vez que un gobierno apunta contra estos magistrados. Durante la gestión de Alberto Fernández el por entonces oficialismo buscó apartar a ambos jueces, que elevaron su discusión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde todavía se encuentra vigente la discusión. Sin embargo, desde el círculo de ambos jueces advierten una “persecución individual simulada en una acción general” impulsada por la gestión de Mahiques y su viceministro, Santiago Viola.
En este marco, el domingo por la noche Bruglia presentó un escrito ante la presidenta de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, María Fernanda Vazquez, en el que denuncia discrecionalidad por parte del gobierno al tiempo que advierte sobre acuerdos subterráneos entre la actual gestión del ministerio e importantes sectores del arco político nacional para “quitarse de encima” a los magistrados.
En este sentido, además, desde el entorno de uno de los jueces advierten que existe una motivación personal por parte del viceministro de Justicia y consejero representante del Ejecutivo de avanzar particularmente contra Bruglia y Bertuzzi.
En 2019, la Sala I de la Cámara Federal dicta el procesamiento de Santiago Viola por el delito de instigación a cometer falso testimonio en una causa contra el juez Sebastián Cassanello, a quien el actual ladero de Karina Milei acusó de reunirse en la Quinta de Olivos con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras el magistrado investigaba la causa de la Ruta del Dinero K. Aquella sentencia, que revocó la falta de mérito dictada por el juez de instrucción, contó con los votos de Bruglia y Bertuzzi en mayoría.
La teoría que prevalece en varios despachos es que la particularmente insistente decisión de la nueva gestión de avanzar con estos concursos se debe estrictamente a una “venganza personal” de Viola. En el círculo del viceministro, por su parte, desmienten por completo esta circunstancia y redoblan la apuesta contra uno de los magistrados. “Bruglia quiere quedarse en el lugar por el que no concursó”, dicen desde el entorno del bostero, al tiempo que cuestionan la postura de los magistrados de promover una mejora en el sistema judicial pero sin que éstos cambios los afecten en sus lugares. “Quieren que tratemos los concursos de los demas pero cuando les toca a ellos se quejan”, profundizaron.
Cerca de los jueces, por su parte, advierten que Mahiques y Viola los están utilizando como moneda de cambio para contentar los pedidos de un sector de la justicia. “Tienen un botín de 300 pliegos que sin dudas van usar como mecanismo extorsivo. Estas vacantes se convirtieron en un trueque. Todos los consejeros tienen pedidos y el que reparte las bolillas de la bolsa (el consejero del poder ejecutivo, Viola en este caso) es el que tiene la palabra final”, acusaron.
En este sentido, la acordada de la Corte Suprema de Justicia que firmaron Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz vuelve a tomar particular relevancia. Semanas atrás, los ministros del máximo tribunal propusieron un nuevo reglamento para que el Consejo de la Magistratura adopte un nuevo criterio a la hora de seleccionar jueces, con la intención manifiesta de limitar la influencia política, priorizando el mérito y la transparencia mediante doble evaluación anónima, concursos anticipados y legajos digitales.
El documento, que fue celebrado por varias instituciones jurídicas, no contó con la firma de Horacio Rosatti, quien se excusó alegando conflictos de intereses por su lugar dentro del organismo. Sin embargo, las lecturas maliciosas hicieron de las suyas. Las versiones sobre el quiebre de la dinámica que el santafesino compartió hasta hace poco tiempo con Rosenkrantz no hacen más que aumentar y hay quienes prevén que esta nueva alineación entre los dos ministros tiene como objetivo final sacarle la presidencia del máximo tribunal al ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner.
En un sector del circuito judicial advierten, en tanto, que quién estaría moviendo los hilos detrás de esta avanzada de Mahiques y Viola es un personaje que, aunque se mantiene en las sombras, tiene un peso significativo dentro del mundillo. Distintas fuentes del ámbito jurídico apuntan a señalar al secretario privado de Rosatti, Silvio Robles, como el orquestador de la avanzada contra Bruglia y Bertuzzi en una puja de poder que se extiende desde que Mauricio Macri, quien firmó el traslado de ambos magistrados por decreto, estaba al frente del Ejecutivo.
El razonamiento que siguen quienes apuntan contra quienes muchos llaman “el cuarto juez” de la Corte se apalanca en la inmediatez que le atribuyen al flamante Ministro de presentarse ante el máximo tribunal luego de ser designado. “A cuatro días de jurar aparece en Tribunales, se saca fotos con todos y al día siguiente sale a decir que el gobierno no va a completar la Corte como quería Rosatti, es raro”, deslizó a este medio un siempre oculto operador judicial, quien también sumó a la ecuación al juez Diego Barroetaveña, quien apuesta por el magistrado Julio César Di Giorgio y la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, en la terna que se disputará este jueves.
Desde el entorno del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en tanto, desmienten todas las versiones y advierten que el titular del máximo tribunal apuesta por una justicia libre e independiente.
Por lo pronto, este jueves la comisión de acuerdos del Consejo, presidida por María Fernanda Vazquez, se dispondrá a tratar los concursos cuya aprobación requiere de la mitad más uno de los doce integrantes presentes. Si bien dentro del organismo constitucional reconocen que la resolución del caso ya está tomada, en caso que exista una instancia de empate, la presidenta tendrá la carta de desempate a su favor. Vázquez, con pasado dentro del Frente Renovador, es soldada del rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, íntimo del magistrado Ariel Lijo, circunstancia que parecería no ser un freno para apoyar la designación de nuevos jueces en el tribunal que se encarga de tratar las causas más sensibles que azotan a los referentes de la política nacional.
Una vez finalizado el tratamiento en comisión, el pleno de la Magistratura deberá tratar la definición tomada este jueves y aprobarla con ⅔ de los presentes. Si bien en el gobierno nacional reconocen con holgadez que los votos de la comisión están asegurados, la tranquilidad desaparece cuando se trata de todo el Consejo, donde aún se están juntando las voluntades para alcanzar los 14 votos necesarios para aprobar los concursos. Hasta entonces, no habrá modificaciones en la Cámara. Varios, en silencio, respiran.
El Consejo de la Magistratura se prepara para tratar este jueves los concursos para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Crecen las versiones sobre una «venganza personal» de Santiago Viola para quitarse del medio a los magistrados que lo condenaron por falso testimonio. Las acusaciones al ministro de Justicia por acuerdos espurios con el círculo rojo judicial.
En medio de acusaciones cruzadas por promover pliegos de magistrados ligados al kirchnerismo, el ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, promovió en las últimas horas una nueva jugada dentro del Consejo de la Magistratura que encendió las alarmas en un importante sector del mundo judicial. Después de varios días de rumores, finalmente el organismo constitucional tratará este jueves los concursos para completar dos de las tres vacantes de la Cámara Federal, el sensible tribunal a cargo de las causas de corrupción, narcotráfico y delitos federales.
Como contó este medio días atrás, la nueva gestión del Ministerio impulsó desde su llegada el envío de los más de trescientos pliegos vacantes en los juzgados federales, renovación que alcanzó a los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados vía decreto en 2017 por Mauricio Macri. Una tercera vacante, correspondiente al juez federal Martín Irurzun, quien se aproxima a cumplir 75 años el próximo 18 de julio, también podría ser cubierta ante la negativa del gobierno de renovar por cinco años su magistratura.
La decisión del oficialismo, que generó grandes controversias dentro de los tribunales, está apalancada en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que resolvió que todos los cargos designados por decreto deben ser concursados, instancia que, hasta el momento, sólo se cumplió con los dos jueces que integran una de la salas de Comodoro Py.
Foto: Juan Foglia / NA
En rigor, ésta no es la primera vez que un gobierno apunta contra estos magistrados. Durante la gestión de Alberto Fernández el por entonces oficialismo buscó apartar a ambos jueces, que elevaron su discusión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde todavía se encuentra vigente la discusión. Sin embargo, desde el círculo de ambos jueces advierten una “persecución individual simulada en una acción general” impulsada por la gestión de Mahiques y su viceministro, Santiago Viola.
En este marco, el domingo por la noche Bruglia presentó un escrito ante la presidenta de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, María Fernanda Vazquez, en el que denuncia discrecionalidad por parte del gobierno al tiempo que advierte sobre acuerdos subterráneos entre la actual gestión del ministerio e importantes sectores del arco político nacional para “quitarse de encima” a los magistrados.
En este sentido, además, desde el entorno de uno de los jueces advierten que existe una motivación personal por parte del viceministro de Justicia y consejero representante del Ejecutivo de avanzar particularmente contra Bruglia y Bertuzzi.
En 2019, la Sala I de la Cámara Federal dicta el procesamiento de Santiago Viola por el delito de instigación a cometer falso testimonio en una causa contra el juez Sebastián Cassanello, a quien el actual ladero de Karina Milei acusó de reunirse en la Quinta de Olivos con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras el magistrado investigaba la causa de la Ruta del Dinero K. Aquella sentencia, que revocó la falta de mérito dictada por el juez de instrucción, contó con los votos de Bruglia y Bertuzzi en mayoría.
La teoría que prevalece en varios despachos es que la particularmente insistente decisión de la nueva gestión de avanzar con estos concursos se debe estrictamente a una “venganza personal” de Viola. En el círculo del viceministro, por su parte, desmienten por completo esta circunstancia y redoblan la apuesta contra uno de los magistrados. “Bruglia quiere quedarse en el lugar por el que no concursó”, dicen desde el entorno del bostero, al tiempo que cuestionan la postura de los magistrados de promover una mejora en el sistema judicial pero sin que éstos cambios los afecten en sus lugares. “Quieren que tratemos los concursos de los demas pero cuando les toca a ellos se quejan”, profundizaron.
Cerca de los jueces, por su parte, advierten que Mahiques y Viola los están utilizando como moneda de cambio para contentar los pedidos de un sector de la justicia. “Tienen un botín de 300 pliegos que sin dudas van usar como mecanismo extorsivo. Estas vacantes se convirtieron en un trueque. Todos los consejeros tienen pedidos y el que reparte las bolillas de la bolsa (el consejero del poder ejecutivo, Viola en este caso) es el que tiene la palabra final”, acusaron.
En este sentido, la acordada de la Corte Suprema de Justicia que firmaron Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz vuelve a tomar particular relevancia. Semanas atrás, los ministros del máximo tribunal propusieron un nuevo reglamento para que el Consejo de la Magistratura adopte un nuevo criterio a la hora de seleccionar jueces, con la intención manifiesta de limitar la influencia política, priorizando el mérito y la transparencia mediante doble evaluación anónima, concursos anticipados y legajos digitales.
El documento, que fue celebrado por varias instituciones jurídicas, no contó con la firma de Horacio Rosatti, quien se excusó alegando conflictos de intereses por su lugar dentro del organismo. Sin embargo, las lecturas maliciosas hicieron de las suyas. Las versiones sobre el quiebre de la dinámica que el santafesino compartió hasta hace poco tiempo con Rosenkrantz no hacen más que aumentar y hay quienes prevén que esta nueva alineación entre los dos ministros tiene como objetivo final sacarle la presidencia del máximo tribunal al ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner.
En un sector del circuito judicial advierten, en tanto, que quién estaría moviendo los hilos detrás de esta avanzada de Mahiques y Viola es un personaje que, aunque se mantiene en las sombras, tiene un peso significativo dentro del mundillo. Distintas fuentes del ámbito jurídico apuntan a señalar al secretario privado de Rosatti, Silvio Robles, como el orquestador de la avanzada contra Bruglia y Bertuzzi en una puja de poder que se extiende desde que Mauricio Macri, quien firmó el traslado de ambos magistrados por decreto, estaba al frente del Ejecutivo.
El razonamiento que siguen quienes apuntan contra quienes muchos llaman “el cuarto juez” de la Corte se apalanca en la inmediatez que le atribuyen al flamante Ministro de presentarse ante el máximo tribunal luego de ser designado. “A cuatro días de jurar aparece en Tribunales, se saca fotos con todos y al día siguiente sale a decir que el gobierno no va a completar la Corte como quería Rosatti, es raro”, deslizó a este medio un siempre oculto operador judicial, quien también sumó a la ecuación al juez Diego Barroetaveña, quien apuesta por el magistrado Julio César Di Giorgio y la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, en la terna que se disputará este jueves.
Desde el entorno del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en tanto, desmienten todas las versiones y advierten que el titular del máximo tribunal apuesta por una justicia libre e independiente.
Por lo pronto, este jueves la comisión de acuerdos del Consejo, presidida por María Fernanda Vazquez, se dispondrá a tratar los concursos cuya aprobación requiere de la mitad más uno de los doce integrantes presentes. Si bien dentro del organismo constitucional reconocen que la resolución del caso ya está tomada, en caso que exista una instancia de empate, la presidenta tendrá la carta de desempate a su favor. Vázquez, con pasado dentro del Frente Renovador, es soldada del rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, íntimo del magistrado Ariel Lijo, circunstancia que parecería no ser un freno para apoyar la designación de nuevos jueces en el tribunal que se encarga de tratar las causas más sensibles que azotan a los referentes de la política nacional.
Una vez finalizado el tratamiento en comisión, el pleno de la Magistratura deberá tratar la definición tomada este jueves y aprobarla con ⅔ de los presentes. Si bien en el gobierno nacional reconocen con holgadez que los votos de la comisión están asegurados, la tranquilidad desaparece cuando se trata de todo el Consejo, donde aún se están juntando las voluntades para alcanzar los 14 votos necesarios para aprobar los concursos. Hasta entonces, no habrá modificaciones en la Cámara. Varios, en silencio, respiran.
Política – Tiempo Argentino
