Una explosiva combinación entre las deficiencias severas del sistema de salud de Chubut, el amedrentamiento punitivista contra los reclamos populares, y las disputas internas entre la derecha y la ultraderecha local, quedaron obscenamente expuestas días atrás en la pequeña localidad rural de El Hoyo, al noroeste provincial, cuando la trágica muerte de una joven de 22 años desató una crisis que convirtió a esta apacible aldea cordillerana en una versión a escala de muchos dramas nacionales.
El tramo final de esa crisis detonó el pasado viernes 23 al mediodía, cuando decenas de personas marcharon sobre el edificio municipal para exigirle al intendente César Salamín alguna respuesta y varias soluciones por el deterioro creciente de las prestaciones del Hospital Rural de El Hoyo, que depende del Gobierno provincial. Salamín se atrincheró en su despacho, se negó a conversar con sus vecinos y mandó a un subordinado a decir que se encontraba fuera de la localidad.
La marcha había nacido en una indignación colectiva porque un día antes, en la madrugada del jueves, la joven de 22 años, llamada Paula, llegó a la guardia del Hospital con un cuadro de intoxicación severa con peligro de vida pero no pudo ser atendida correctamente porque el laboratorio llevaba largo tiempo fuera de servicio y la radiología sumaba dos semanas paralizada. Paula fue derivada de urgencia al Hospital de la ciudad de Esquel, a 150 kilómetros, donde falleció pocas horas más tarde.
El mismo jueves por la tarde, dos reconocidos médicos del Hospital, Matías Schudel y Mercedes Rasso, pusieron la cara ante los medios locales para revelar públicamente la grave situación sanitaria por falta de insumos, la obsolescencia y deterioro de la aparatología, los problemas eléctricos incesantes, la falta de profesionales médicos y de enfermería, entre muchos otros problemas graves de infraestructura.
“Estamos atando todo con alambre y resolviendo situaciones que no deberíamos estar solucionando”, sintetizó Schudel. “Hay personal de salud, enfermería, médicos, bioquímicos, formados y con gran voluntad de de trabajo pero sin herramientas básicas para llevar a cabo una atención de calidad”, enfatizó Rasso. “No podemos quedarnos callados, estamos devastados y por eso salimos a hablar. No podemos trabajar así, no puede volver a pasar lo que pasó”, reclamaron ambos en entrevista con la periodista Gioia Claro, del periódico digital cooperativo “Sur Arriba”.
Cómo única respuesta, Rasso y Schudel fueron descalificados, amedrentados y amenazados con sumarios y sanciones por el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, quien los acusó de producir “un levantamiento social” con sus declaraciones. Lo hizo en una conferencia de prensa junto al intendente Salamín en la que, contradictoriamente, admitió la veracidad de las deficiencias reveladas por Schudel y Rasso. “Los trabajadores tienen una vía de reclamo interna, no son la vocería de la Salud”, los descalificó el funcionario al anunciar su intención de penalizarlos.
Desde su asunción en diciembre de 2023, el gobernador chubutense Ignacio Torres obligó a los hospitales públicos a funcionar como virtuales clínicas privadas que deben facturar por los servicios que prestan a la comunidad. Lo llaman autoadministración. De lo facturado, una parte debe enviarse al Gobierno provincial que solo se hace cargo de los bajos salarios, la infraestructura y alguna aparatología costosa que jamás llega a las localidades pequeñas. Con la parte que le queda, los hospitales rurales y los regionales deben comprar los insumos y asumir los costos de funcionamiento. Más que una forma de administración es un modo de tercerización parcial.
Todas las fuentes locales y provinciales consultadas por Tiempo Argentino coincidieron en calificar como “desesperante” a la situación del sistema de Salud en toda la región cordillerana chubutense, que incluye los pequeños hospitales rurales de El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén y Cholila, además del Regional de Esquel y del Zonal de El Maitén, que es una enorme construcción moderna pero carece de profesionales en la mayoría de las especializaciones.
“Tenemos aparatos viejos que se descomponen seguido y los reparan con piezas de otros equipos rotos e igual de viejos y obsoletos. Es un sistema de salud lleno de huecos que tapan con curitas y nos obligan a vivir haciendo malabares con la salud de la gente. Hace unos días una médica renunció al Hospital de Cholila y en una carta pública explicó que ya no podía seguir trabajando en condiciones tan deplorables”, enumeró a Tiempo un profesional con dos décadas en la región.
A este sistema en terapia intensiva lo conduce el secretario de Salud Wisky, un médico oriundo de El Bolsón a quien muchos definen como un representante del negocio de la salud privada que desde hace años opera dentro de la salud pública, con consecuencias previsibles. Wisky fue director del hospital de El Bolsón, intendente y diputado nacional rionegrino por el PRO (2015-2019). En diciembre de 2023 asumió como secretario de Salud de Chubut hasta octubre de 2024 cuando fue desplazado y se hizo cargo de la Obra Social de los trabajadores públicos conocida como SEROS, la que debió abandonar en julio de 2025 para convertirse en agosto en fugaz viceministro del área en Río Negro. Abandonó el puesto en marzo de 2026 y en abril volvió a Chubut como secretario.
“En todos los casos dejó conflictos y problemas. En SEROS aumentó las cuotas y redujo significativamente las prestaciones; en Río Negro atacó las horas extras de trabajadores y profesionales y se fue peleado hasta con el portero. En Chubut es la herramienta para precarizar aun más un sistema de salud que lleva años de deterioro”, cuestionó una enfermera que pidió reserva de identidad por temor a las represalias.
En medio de la crisis desatada en El Hoyo, Wisky jugó simultáneamente el doble rol de policía bueno y policía malo: mientras anunciaba las sanciones contra los dos médicos, reconocía la existencia de esos mismos problemas. De hecho, conocía el planteo en detalle desde hace 45 días, cuando se reunió con los trabajadores del Hospital y recibió informes precisos que prometió resolver con urgencia pero incumplió su palabra.
También confesó que la falta de respuestas fue una decisión política: “Estamos haciendo trabajos en varios lugares y no entró El Hoyo porque no nos daba el presupuesto”. En otras palabras, fue su decisión que el ajuste lo pagaran con su salud los habitantes de esa localidad.
Wisky lanzó sus amenazas durante una conferencia de prensa en la que el intendente César Salamín expuso brutalmente el correlato local de las disputas provinciales entre la derecha del PRO (al que él tributa) y la ultraderecha de La Libertad Avanza (LLA) con vistas a una alianza para los comicios generales de 2027.
“Entiendo que hay gente que tiene un reclamo tal vez justo, pero también se mezclan los canallas que quieren hacer política con el dolor de una familia”, descalificó Salamín a la movilización popular que al mediodía del viernes 23 pedía respuestas mientras él se atrincheraba en su despacho. Con escasa comprensión de lo que realmente sucedía, insultó y metió en una misma bolsa a las decenas de vecinas y vecinos angustiados por una tragedia, con un trío de referentes de La Libertad Avanza (LLA) que fogonearon pero no protagonizaron la protesta callejera plural y suprapartidaria.
Salamín leyó la marcha como una conspiración en su contra montada por los libertarios de El Hoyo, con quienes deberá negociar los cargos locales si finalmente se concreta una alianza electoral que el gobernador Ignacio Torres explora con el referente provincial de LLA, el diputado nacional César Treffinger. Torres conduce una coalición derechista (PRO, UCR y otros sellos menores), llamada “Despierta Chubut”, que salió tercera en las legislativas de 2025 detrás de los libertarios y de un peronismo renovado al que solo podrá derrotar en 2027 si unifica en una sola lista a la derecha y la ultraderecha.
Salamín, un experonista que trabaja para el gobernador, metió de mal modo y por la ventana el debate electoral mientras decenas de personas muy apenadas y dolidas reclamaban por una atención digna al mismo gobierno provincial para el que tributa Salamín, y que es el responsable del deterioro de la salud publica que enmarcó la tragedia que enluta a los habitantes de El Hoyo.
Sucedió en El Hoyo, donde la mujer llegó con un cuadro de intoxicación y no pudo ser atendida porque el equipamiento estaba obsoleto e inutilizable. Médicos denunciaron que la situación de la salud en la zona es grave y fueron intimados. Afloraron las disputas internas entre el PRO y LLA.
Una explosiva combinación entre las deficiencias severas del sistema de salud de Chubut, el amedrentamiento punitivista contra los reclamos populares, y las disputas internas entre la derecha y la ultraderecha local, quedaron obscenamente expuestas días atrás en la pequeña localidad rural de El Hoyo, al noroeste provincial, cuando la trágica muerte de una joven de 22 años desató una crisis que convirtió a esta apacible aldea cordillerana en una versión a escala de muchos dramas nacionales.
El tramo final de esa crisis detonó el pasado viernes 23 al mediodía, cuando decenas de personas marcharon sobre el edificio municipal para exigirle al intendente César Salamín alguna respuesta y varias soluciones por el deterioro creciente de las prestaciones del Hospital Rural de El Hoyo, que depende del Gobierno provincial. Salamín se atrincheró en su despacho, se negó a conversar con sus vecinos y mandó a un subordinado a decir que se encontraba fuera de la localidad.
La marcha había nacido en una indignación colectiva porque un día antes, en la madrugada del jueves, la joven de 22 años, llamada Paula, llegó a la guardia del Hospital con un cuadro de intoxicación severa con peligro de vida pero no pudo ser atendida correctamente porque el laboratorio llevaba largo tiempo fuera de servicio y la radiología sumaba dos semanas paralizada. Paula fue derivada de urgencia al Hospital de la ciudad de Esquel, a 150 kilómetros, donde falleció pocas horas más tarde.
El mismo jueves por la tarde, dos reconocidos médicos del Hospital, Matías Schudel y Mercedes Rasso, pusieron la cara ante los medios locales para revelar públicamente la grave situación sanitaria por falta de insumos, la obsolescencia y deterioro de la aparatología, los problemas eléctricos incesantes, la falta de profesionales médicos y de enfermería, entre muchos otros problemas graves de infraestructura.
“Estamos atando todo con alambre y resolviendo situaciones que no deberíamos estar solucionando”, sintetizó Schudel. “Hay personal de salud, enfermería, médicos, bioquímicos, formados y con gran voluntad de de trabajo pero sin herramientas básicas para llevar a cabo una atención de calidad”, enfatizó Rasso. “No podemos quedarnos callados, estamos devastados y por eso salimos a hablar. No podemos trabajar así, no puede volver a pasar lo que pasó”, reclamaron ambos en entrevista con la periodista Gioia Claro, del periódico digital cooperativo “Sur Arriba”.
Cómo única respuesta, Rasso y Schudel fueron descalificados, amedrentados y amenazados con sumarios y sanciones por el secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, quien los acusó de producir “un levantamiento social” con sus declaraciones. Lo hizo en una conferencia de prensa junto al intendente Salamín en la que, contradictoriamente, admitió la veracidad de las deficiencias reveladas por Schudel y Rasso. “Los trabajadores tienen una vía de reclamo interna, no son la vocería de la Salud”, los descalificó el funcionario al anunciar su intención de penalizarlos.
Desde su asunción en diciembre de 2023, el gobernador chubutense Ignacio Torres obligó a los hospitales públicos a funcionar como virtuales clínicas privadas que deben facturar por los servicios que prestan a la comunidad. Lo llaman autoadministración. De lo facturado, una parte debe enviarse al Gobierno provincial que solo se hace cargo de los bajos salarios, la infraestructura y alguna aparatología costosa que jamás llega a las localidades pequeñas. Con la parte que le queda, los hospitales rurales y los regionales deben comprar los insumos y asumir los costos de funcionamiento. Más que una forma de administración es un modo de tercerización parcial.
Todas las fuentes locales y provinciales consultadas por Tiempo Argentino coincidieron en calificar como “desesperante” a la situación del sistema de Salud en toda la región cordillerana chubutense, que incluye los pequeños hospitales rurales de El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén y Cholila, además del Regional de Esquel y del Zonal de El Maitén, que es una enorme construcción moderna pero carece de profesionales en la mayoría de las especializaciones.
“Tenemos aparatos viejos que se descomponen seguido y los reparan con piezas de otros equipos rotos e igual de viejos y obsoletos. Es un sistema de salud lleno de huecos que tapan con curitas y nos obligan a vivir haciendo malabares con la salud de la gente. Hace unos días una médica renunció al Hospital de Cholila y en una carta pública explicó que ya no podía seguir trabajando en condiciones tan deplorables”, enumeró a Tiempo un profesional con dos décadas en la región.
A este sistema en terapia intensiva lo conduce el secretario de Salud Wisky, un médico oriundo de El Bolsón a quien muchos definen como un representante del negocio de la salud privada que desde hace años opera dentro de la salud pública, con consecuencias previsibles. Wisky fue director del hospital de El Bolsón, intendente y diputado nacional rionegrino por el PRO (2015-2019). En diciembre de 2023 asumió como secretario de Salud de Chubut hasta octubre de 2024 cuando fue desplazado y se hizo cargo de la Obra Social de los trabajadores públicos conocida como SEROS, la que debió abandonar en julio de 2025 para convertirse en agosto en fugaz viceministro del área en Río Negro. Abandonó el puesto en marzo de 2026 y en abril volvió a Chubut como secretario.
“En todos los casos dejó conflictos y problemas. En SEROS aumentó las cuotas y redujo significativamente las prestaciones; en Río Negro atacó las horas extras de trabajadores y profesionales y se fue peleado hasta con el portero. En Chubut es la herramienta para precarizar aun más un sistema de salud que lleva años de deterioro”, cuestionó una enfermera que pidió reserva de identidad por temor a las represalias.
En medio de la crisis desatada en El Hoyo, Wisky jugó simultáneamente el doble rol de policía bueno y policía malo: mientras anunciaba las sanciones contra los dos médicos, reconocía la existencia de esos mismos problemas. De hecho, conocía el planteo en detalle desde hace 45 días, cuando se reunió con los trabajadores del Hospital y recibió informes precisos que prometió resolver con urgencia pero incumplió su palabra.
También confesó que la falta de respuestas fue una decisión política: “Estamos haciendo trabajos en varios lugares y no entró El Hoyo porque no nos daba el presupuesto”. En otras palabras, fue su decisión que el ajuste lo pagaran con su salud los habitantes de esa localidad.
Wisky lanzó sus amenazas durante una conferencia de prensa en la que el intendente César Salamín expuso brutalmente el correlato local de las disputas provinciales entre la derecha del PRO (al que él tributa) y la ultraderecha de La Libertad Avanza (LLA) con vistas a una alianza para los comicios generales de 2027.
“Entiendo que hay gente que tiene un reclamo tal vez justo, pero también se mezclan los canallas que quieren hacer política con el dolor de una familia”, descalificó Salamín a la movilización popular que al mediodía del viernes 23 pedía respuestas mientras él se atrincheraba en su despacho. Con escasa comprensión de lo que realmente sucedía, insultó y metió en una misma bolsa a las decenas de vecinas y vecinos angustiados por una tragedia, con un trío de referentes de La Libertad Avanza (LLA) que fogonearon pero no protagonizaron la protesta callejera plural y suprapartidaria.
Salamín leyó la marcha como una conspiración en su contra montada por los libertarios de El Hoyo, con quienes deberá negociar los cargos locales si finalmente se concreta una alianza electoral que el gobernador Ignacio Torres explora con el referente provincial de LLA, el diputado nacional César Treffinger. Torres conduce una coalición derechista (PRO, UCR y otros sellos menores), llamada “Despierta Chubut”, que salió tercera en las legislativas de 2025 detrás de los libertarios y de un peronismo renovado al que solo podrá derrotar en 2027 si unifica en una sola lista a la derecha y la ultraderecha.
Salamín, un experonista que trabaja para el gobernador, metió de mal modo y por la ventana el debate electoral mientras decenas de personas muy apenadas y dolidas reclamaban por una atención digna al mismo gobierno provincial para el que tributa Salamín, y que es el responsable del deterioro de la salud publica que enmarcó la tragedia que enluta a los habitantes de El Hoyo.
Política – Tiempo Argentino
