La Libertad Avanza pidió juicio político contra la jueza que frenó la Ley de baja de la imputabilidad

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires presentó formalmente un pedido de juicio político contra la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, por haber suspendido la aplicación de la Ley nacional 27.801 (Régimen Penal Juvenil) en todo el territorio bonaerense por falta de condiciones.

La presentación fue firmada por Alejandro Carrancio, diputado nacional y vicepresidente de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires.

El legislador sostuvo en dicho texto que la magistrada incurrió en un exceso de sus atribuciones al dejar sin efecto con alcance general una norma sancionada por el Congreso de la Nación, interfiriendo de manera directa en las facultades del Poder Legislativo.

Según el escrito citado por la Agencia Noticias Argentinas, la decisión de Pascual no se acotó a un expediente puntual ni contó con la fundamentación previa suficiente para justificar un fallo de tal envergadura.

La Libertad Avanza pidió juicio político contra la jueza que frenó la Ley de baja de la imputabilidad

Desde la conducción bonaerense de La Libertad Avanza consideraron que el accionar de la magistrada afecta las bases del sistema republicano. En consecuencia, la solicitud elevada ante el Jurado de Enjuiciamiento pide evaluar la conducta de la magistrada y dispone su apartamiento preventivo del cargo mientras se sustancia el trámite disciplinario.

Apenas comenzó a regir la Ley a principios de septiembre, la jueza Pascual emitió un fallo con el que frenó, por 60 días, la aplicación de la Ley en la Provincia.

La decisión de Pascual partió de una pregunta concreta: qué capacidad tiene hoy el sistema bonaerense para recibir a los nuevos adolescentes que podrían quedar alcanzados por la ley, al incorporar jóvenes de 14 y 15 años, sumada a otros cambios.

En el fallo cuestionaba que el Estado amplie el universo de personas adolescentes sometidas al sistema penal “sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables”. Sin embargo, la semana pasada la Sala I de Lomas de Zamora dejó sin efecto la suspensión.

 Acusan a la magistrada Marta Pascual de exceder sus funciones al suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil por falta de condiciones.  

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires presentó formalmente un pedido de juicio político contra la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, por haber suspendido la aplicación de la Ley nacional 27.801 (Régimen Penal Juvenil) en todo el territorio bonaerense por falta de condiciones.

La presentación fue firmada por Alejandro Carrancio, diputado nacional y vicepresidente de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires.

El legislador sostuvo en dicho texto que la magistrada incurrió en un exceso de sus atribuciones al dejar sin efecto con alcance general una norma sancionada por el Congreso de la Nación, interfiriendo de manera directa en las facultades del Poder Legislativo.

Según el escrito citado por la Agencia Noticias Argentinas, la decisión de Pascual no se acotó a un expediente puntual ni contó con la fundamentación previa suficiente para justificar un fallo de tal envergadura.

La Libertad Avanza pidió juicio político contra la jueza que frenó la Ley de baja de la imputabilidad

Desde la conducción bonaerense de La Libertad Avanza consideraron que el accionar de la magistrada afecta las bases del sistema republicano. En consecuencia, la solicitud elevada ante el Jurado de Enjuiciamiento pide evaluar la conducta de la magistrada y dispone su apartamiento preventivo del cargo mientras se sustancia el trámite disciplinario.

Apenas comenzó a regir la Ley a principios de septiembre, la jueza Pascual emitió un fallo con el que frenó, por 60 días, la aplicación de la Ley en la Provincia.

La decisión de Pascual partió de una pregunta concreta: qué capacidad tiene hoy el sistema bonaerense para recibir a los nuevos adolescentes que podrían quedar alcanzados por la ley, al incorporar jóvenes de 14 y 15 años, sumada a otros cambios.

En el fallo cuestionaba que el Estado amplie el universo de personas adolescentes sometidas al sistema penal “sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables”. Sin embargo, la semana pasada la Sala I de Lomas de Zamora dejó sin efecto la suspensión.

 Política – Tiempo Argentino

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