El fiscal Gerardo Pollicita le pedirá en las próximas horas una serie de medidas al juez Ariel Lijo para profundizar la investigación por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. El representante del Ministerio Público busca establecer si es cierto que el ex jefe de Gabinete operó con las ocho billeteras que aportó a la causa, a partir de las cuales liquidó activos por más de u$s 591 mil entre 2017 y 2018.
La nueva etapa en la investigación está marcada por las respuestas que dio la defensa del ex funcionario, a cargo del abogado Matías Ledesma, a las 20 preguntas que le hizo el fiscal el 10 de octubre pasado. El fiscal buscará determinar si esa justificación patrimonial tiene algún tipo de sustento en los hechos para definir si corresponde o no que el imputado sea llamado a declaración indagatoria para ejercer su derecho a defensa.
Según pudo saber Tiempo, en lo sucesivo el fiscal le pediría al juez de la causa una serie de medidas para corroborar las claves y las operaciones declaradas por la defensa en el escrito de 78 páginas presentado el lunes. El objetivo es acceder a las claves aportadas mediante un anexo reservado. Para eso habría una futura convocatoria de parte del fiscal a un perito de parte de la Fiscalía y la defensa para que puedan presenciar los accesos.
La defensa justificó la compra de la casa ubicada en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz, el departamento de la calle Miró en Caballito, viajes al exterior y otros consumos realizados por Adorni y su pareja Bettina Angeletti a partir de la liquidación de ganancias obtenidas a partir de inversiones en Bitcoin. Habrían sido u$s 591.544,61.
Si bien todas esas operaciones y consumos fueron realizados una vez que Adorni asumió como funcionario público, la defensa justificó que la operatoria con Bitcoin “corresponde a un activo digital adquirido y prácticamente liquidado entre 2014 y 2018, es decir, entre cinco y nueve años antes de que mi asistido asumiera la función pública”.
En ese marco, aportaron ocho claves públicas con los respectivos montos en dólares obtenidos a partir de la liquidación de los activos digitales. “Son billeteras de criptomonedas que pertenecen al señor Adorni”, aseguró Ledesma en la respuesta al fiscal. Sostuvo, a su vez, que cada una de esas direcciones cuenta con una clave pública y una privada que “solo la conoce el titular de la billetera y debe utilizar para poder operar”. En relación con eso último, la defensa también sostuvo que hizo una certificación ante escribano público para demostrar su titularidad y que el abogado de Adorni tiene las claves privadas de cada dirección en sobre cerrado y lacrado que “solo podrá ser abierto si se requiriera en el marco de esta investigación”.
Sobre esa base, el fiscal intentará verificar si efectivamente esas direcciones pertenecen a Adorni. Para el programador Maximiliano Firtman, uno de los que ha aportado al debate público al aclarar cuestiones vinculadas a la causa $Libra, la tenencia de las claves “no demostraría absolutamente nada sobre la titularidad (del ex funcionario sobre las direcciones) en el pasado, que es lo que debería mostrar”.
Por otra parte, el fiscal también avanzaría en medidas para establecer la trazabilidad de las operaciones.
Al respecto, la defensa justificó que esas direcciones tuvieron actividad entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018, sin saldo positivo a la fecha. Sin embargo, en la presentación la defensa argumentó que la adquisición y la liquidación de esas criptomonedas se hizo por fuera de las plataformas de exchange, como se hace en la actualidad. “(Fue) mediante encuentros personales con los compradores, pactados previamente, en los que se acordaba el precio de cada operación y se hacía entrega de los Bitcoin a cambio del efectivo correspondiente”, precisó el escrito.
Solo aportó, en esa línea, los datos sobre las liquidaciones de esos activos: cuatro de las ocho fueron liquidadas el 5 de agosto de 2017, una el 26 de marzo de ese año y las tres restantes en fechas posteriores hasta 2018. “El producido de cada una de esas ventas fue percibido por mi asistido en el mismo acto y en el mismo encuentro en que se concretaba la liquidación, en dólares estadounidenses billete, de manos de cada comprador, sin que mediara intervención de plataforma, entidad financiera o intermediario alguno”, reiteró.
El fiscal Pollicita pedirá al juez Lijo un visto bueno para investigar la operatoria cripto. Se espera que avance sobre las claves de las direcciones y una convocatoria al abogado defensor.
El fiscal Gerardo Pollicita le pedirá en las próximas horas una serie de medidas al juez Ariel Lijo para profundizar la investigación por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. El representante del Ministerio Público busca establecer si es cierto que el ex jefe de Gabinete operó con las ocho billeteras que aportó a la causa, a partir de las cuales liquidó activos por más de u$s 591 mil entre 2017 y 2018.
La nueva etapa en la investigación está marcada por las respuestas que dio la defensa del ex funcionario, a cargo del abogado Matías Ledesma, a las 20 preguntas que le hizo el fiscal el 10 de octubre pasado. El fiscal buscará determinar si esa justificación patrimonial tiene algún tipo de sustento en los hechos para definir si corresponde o no que el imputado sea llamado a declaración indagatoria para ejercer su derecho a defensa.
Según pudo saber Tiempo, en lo sucesivo el fiscal le pediría al juez de la causa una serie de medidas para corroborar las claves y las operaciones declaradas por la defensa en el escrito de 78 páginas presentado el lunes. El objetivo es acceder a las claves aportadas mediante un anexo reservado. Para eso habría una futura convocatoria de parte del fiscal a un perito de parte de la Fiscalía y la defensa para que puedan presenciar los accesos.
La defensa justificó la compra de la casa ubicada en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz, el departamento de la calle Miró en Caballito, viajes al exterior y otros consumos realizados por Adorni y su pareja Bettina Angeletti a partir de la liquidación de ganancias obtenidas a partir de inversiones en Bitcoin. Habrían sido u$s 591.544,61.
Si bien todas esas operaciones y consumos fueron realizados una vez que Adorni asumió como funcionario público, la defensa justificó que la operatoria con Bitcoin “corresponde a un activo digital adquirido y prácticamente liquidado entre 2014 y 2018, es decir, entre cinco y nueve años antes de que mi asistido asumiera la función pública”.
En ese marco, aportaron ocho claves públicas con los respectivos montos en dólares obtenidos a partir de la liquidación de los activos digitales. “Son billeteras de criptomonedas que pertenecen al señor Adorni”, aseguró Ledesma en la respuesta al fiscal. Sostuvo, a su vez, que cada una de esas direcciones cuenta con una clave pública y una privada que “solo la conoce el titular de la billetera y debe utilizar para poder operar”. En relación con eso último, la defensa también sostuvo que hizo una certificación ante escribano público para demostrar su titularidad y que el abogado de Adorni tiene las claves privadas de cada dirección en sobre cerrado y lacrado que “solo podrá ser abierto si se requiriera en el marco de esta investigación”.
Sobre esa base, el fiscal intentará verificar si efectivamente esas direcciones pertenecen a Adorni. Para el programador Maximiliano Firtman, uno de los que ha aportado al debate público al aclarar cuestiones vinculadas a la causa $Libra, la tenencia de las claves “no demostraría absolutamente nada sobre la titularidad (del ex funcionario sobre las direcciones) en el pasado, que es lo que debería mostrar”.
Por otra parte, el fiscal también avanzaría en medidas para establecer la trazabilidad de las operaciones.
Al respecto, la defensa justificó que esas direcciones tuvieron actividad entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018, sin saldo positivo a la fecha. Sin embargo, en la presentación la defensa argumentó que la adquisición y la liquidación de esas criptomonedas se hizo por fuera de las plataformas de exchange, como se hace en la actualidad. “(Fue) mediante encuentros personales con los compradores, pactados previamente, en los que se acordaba el precio de cada operación y se hacía entrega de los Bitcoin a cambio del efectivo correspondiente”, precisó el escrito.
Solo aportó, en esa línea, los datos sobre las liquidaciones de esos activos: cuatro de las ocho fueron liquidadas el 5 de agosto de 2017, una el 26 de marzo de ese año y las tres restantes en fechas posteriores hasta 2018. “El producido de cada una de esas ventas fue percibido por mi asistido en el mismo acto y en el mismo encuentro en que se concretaba la liquidación, en dólares estadounidenses billete, de manos de cada comprador, sin que mediara intervención de plataforma, entidad financiera o intermediario alguno”, reiteró.
Política – Tiempo Argentino
