Quienes deberían defender los recursos públicos son los mismos que administran una localidad, un distrito o una jurisdicción. Muchas veces, en nombre de los beneficios del trabajo conjunto entre el Estado y los privados, el gobierno justifica la entrega de tierras a empresas que las explotan en detrimento de las mayorías.
Tras el debate en el Congreso, donde la Ley de extranjerización quedó reducida a su mínima expresión, surge un contraste interesante: se logró bloquear la venta de tierras sin límite a extranjeros en todo el país, pero en la Ciudad nadie es capaz de frenar la privatización de tierras. Durante los gobiernos del PRO se privatizaron más 500 hectáreas de tierra pública y en los últimos 10 años, el equivalente a 75 Plazas de Mayo de superficie verde absorbente.
La transferencia más reciente se concentra en los terrenos del Parque Ribera Sur, un área natural de 50 hectáreas ubicada a metros del Riachuelo (Av. Roca y General Paz). El pasado 17 de julio el Gobierno de la Ciudad anunció el inicio de las obras de construcción de una pista de carreras de kartings. De esta manera dio por terminada la administración del parque como espacio público y lo entregó al fideicomiso de empresas privadas acompañadas por el Estado a cargo del Autódromo.
“El gobierno no brindó detalles de las obras ni de su alcance y tampoco se conocen estudios de impacto ambiental, ni detalles sobre el marco jurídico de su habilitación”, señaló a Tiempo Carlos Gradin, integrante del Colectivo Ribereño e investigador en Patrimonio y Ambiente.
Esta sería una privatización más si el espacio ubicado entre el Parque Ribera Sur y el Autódromo Gálvez no fuera un lugar cualquiera. Allí se encuentra el sitio arqueológico más antiguo de la ciudad que fue habitado por los querandíes, entre los años 1160 y 1240. Lugar conocido como Sitio Arqueológico La Noria.
“Queremos que se proteja el uso público del área y se dispongan medidas de protección para su patrimonio histórico, arqueológico y natural”, agregó Gradin.
Sin ahondar en la venta de inmuebles públicos, hecho que merece un informe propio, el Gobierno de la Ciudad tiene una extensa lista en de entrega de tierras estatales.
Solo por nombrar algunos: los predios de la ex AU3 conocido como el Corredor Donado-Holmberg, fueron terrenos expropiados en los años 70 para una autopista que nunca se construyó. Este sector fue el primero en privatizarse masivamente y quedó en manos desarrolladores inmobiliarios como G&D Developers, Bricons SAICFI, Conorvial SA, Punto Emprendimientos SA y Azzolini Construcciones, entre otras.
Parte del Polígono del Barrio Olímpico de Villa Soldati, un compendio de tierras que pertenecían al dominio público del GCBA, y que fueron utilizadas originalmente para albergar la infraestructura de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, corrió la misma suerte. En vísperas de la nochebuena pasada, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad preadjudicó, mediante la Licitación Pública N° 924/DGCOYP/25, la explotación del hotel de alta gama de 9.930 metros cuadrados construido en el Parque Olímpico.
En manos privadas también quedaron los predios del Parque de la Ciudad, específicamente el área de zonificación denominada U 57 “Área de Equipamiento Lacarra”. Son 8 hectáreas que formaban parte del parque público de diversiones. En 2025 quedaron en manos de la empresa privada Access Argentina Sociedad Anónima.
“En los últimos 10 años en la Ciudad se privatizó el equivalente a 75 Plazas de Mayo de superficies verdes públicas. Durante la gestión de Jorge Macri se vendieron estas 8 hectáreas en uno de los pulmones más importantes y se avanzó con los estacionamientos subterráneos en diferentes plazas. Esto transformó a un espacio verde público absorbente en una simple terraza verde”, dijo a Tiempo María Eva Koutsovitis docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería e integrante del Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos.
Cabe destacar que en junio pasado, la Legislatura porteña aprobó la Ley Hojarasca local con el objetivo de eliminar más de 20 normas y ordenanzas. Entre ellas se encontraba una legislación fundamental que ponía coto a la privatización de tierras públicas.
“Esta ley derogó una norma clave para la defensa del espacio público: la ordenanza 46.229, que prohibía la privatización y el cambio de destino de los espacios verdes públicos, defendiendo el suelo absorbente”, explicó Koutsovitis.
Desde diferentes espacios, coinciden en que las medidas del macrismo van en el sentido de enajenar los espacios públicos en beneficio de unos pocos, iniciativas que despojan a los ciudadanos del derecho a disfrutar y a obtener los servicios del patrimonio natural, como señaló a este medio María Angélica Di Giácomo, titular de la agrupación Basta de Mutilar Nuestros Árboles.
“Dos ejemplos paradigmáticos son la privatización del jardín Botánico para espectáculos privados y las torres construidas alrededor de plazas, parques y costas que restringen el alcance de los beneficios ambientales y disminuyen además los metros cuadrados de espacio verde por habitante”, recordó la especialista “¿Cómo podemos disminuir la temperatura de un barrio o tener el sol y el aire que se necesita para una vida sana con un código urbanístico que privilegia los grandes edificios?”, cuestionó.
Irsa expande su monopolio en la Ciudad
Desde el año pasado, el gobierno nacional intenta rematar un terreno público en el barrio de Almagro, situado en Francisco Acuña de Figueroa 981. En reiteradas ocasiones, agrupaciones vecinales presentaron en la Legislatura diferentes proyectos para crear una Micro Reserva en ese lugar.
Ese espacio aún sigue en manos del Estado, pero hay grandes parcelas de tierra pública nacional en CABA que ya fueron vendidas para mega-desarrollos inmobiliarios, ejecutadas mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) o leyes especiales de rezonificación de la Legislatura.
El Grupo IRSA de Eduardo Elsztain es quien concentra el monopolio de tierras. En sus manos tiene los predios de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors: 71 hectáreas donde desarrollará el megaproyecto residencial y comercial «Ramblas del Plata«. El holding ya ha vendido parcelas a otras constructoras privadas por más de 150 millones de dólares.
Tras años de disputas por la rezonificación, el grupo IRSA se quedó con el Playón Ferroviario de Caballito. Tierras nacionales ubicadas junto al club Ferro. El objetivo es construir el shopping Alto Caballito y desarrollos de viviendas de alta densidad.
Los Predios Ferroviarios en Palermo pertenecientes a la Ex Bodegas Giol, son terrenos nacionales que fueron subastados para el desarrollo del polo comercial y de oficinas que hoy integra el shopping Distrito Arcos, también manejados por IRSA.
Pese a que a nivel nacional se frenó la extranjerización de tierras, en la Ciudad nadie detiene el proceso de venta para negocios que va en detrimento de los espacios verdes.
Quienes deberían defender los recursos públicos son los mismos que administran una localidad, un distrito o una jurisdicción. Muchas veces, en nombre de los beneficios del trabajo conjunto entre el Estado y los privados, el gobierno justifica la entrega de tierras a empresas que las explotan en detrimento de las mayorías.
Tras el debate en el Congreso, donde la Ley de extranjerización quedó reducida a su mínima expresión, surge un contraste interesante: se logró bloquear la venta de tierras sin límite a extranjeros en todo el país, pero en la Ciudad nadie es capaz de frenar la privatización de tierras. Durante los gobiernos del PRO se privatizaron más 500 hectáreas de tierra pública y en los últimos 10 años, el equivalente a 75 Plazas de Mayo de superficie verde absorbente.
La transferencia más reciente se concentra en los terrenos del Parque Ribera Sur, un área natural de 50 hectáreas ubicada a metros del Riachuelo (Av. Roca y General Paz). El pasado 17 de julio el Gobierno de la Ciudad anunció el inicio de las obras de construcción de una pista de carreras de kartings. De esta manera dio por terminada la administración del parque como espacio público y lo entregó al fideicomiso de empresas privadas acompañadas por el Estado a cargo del Autódromo.
“El gobierno no brindó detalles de las obras ni de su alcance y tampoco se conocen estudios de impacto ambiental, ni detalles sobre el marco jurídico de su habilitación”, señaló a Tiempo Carlos Gradin, integrante del Colectivo Ribereño e investigador en Patrimonio y Ambiente.
Esta sería una privatización más si el espacio ubicado entre el Parque Ribera Sur y el Autódromo Gálvez no fuera un lugar cualquiera. Allí se encuentra el sitio arqueológico más antiguo de la ciudad que fue habitado por los querandíes, entre los años 1160 y 1240. Lugar conocido como Sitio Arqueológico La Noria.
“Queremos que se proteja el uso público del área y se dispongan medidas de protección para su patrimonio histórico, arqueológico y natural”, agregó Gradin.
Sin ahondar en la venta de inmuebles públicos, hecho que merece un informe propio, el Gobierno de la Ciudad tiene una extensa lista en de entrega de tierras estatales.
Solo por nombrar algunos: los predios de la ex AU3 conocido como el Corredor Donado-Holmberg, fueron terrenos expropiados en los años 70 para una autopista que nunca se construyó. Este sector fue el primero en privatizarse masivamente y quedó en manos desarrolladores inmobiliarios como G&D Developers, Bricons SAICFI, Conorvial SA, Punto Emprendimientos SA y Azzolini Construcciones, entre otras.
Parte del Polígono del Barrio Olímpico de Villa Soldati, un compendio de tierras que pertenecían al dominio público del GCBA, y que fueron utilizadas originalmente para albergar la infraestructura de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, corrió la misma suerte. En vísperas de la nochebuena pasada, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad preadjudicó, mediante la Licitación Pública N° 924/DGCOYP/25, la explotación del hotel de alta gama de 9.930 metros cuadrados construido en el Parque Olímpico.
En manos privadas también quedaron los predios del Parque de la Ciudad, específicamente el área de zonificación denominada U 57 “Área de Equipamiento Lacarra”. Son 8 hectáreas que formaban parte del parque público de diversiones. En 2025 quedaron en manos de la empresa privada Access Argentina Sociedad Anónima.
“En los últimos 10 años en la Ciudad se privatizó el equivalente a 75 Plazas de Mayo de superficies verdes públicas. Durante la gestión de Jorge Macri se vendieron estas 8 hectáreas en uno de los pulmones más importantes y se avanzó con los estacionamientos subterráneos en diferentes plazas. Esto transformó a un espacio verde público absorbente en una simple terraza verde”, dijo a Tiempo María Eva Koutsovitis docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería e integrante del Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos.
Cabe destacar que en junio pasado, la Legislatura porteña aprobó la Ley Hojarasca local con el objetivo de eliminar más de 20 normas y ordenanzas. Entre ellas se encontraba una legislación fundamental que ponía coto a la privatización de tierras públicas.
“Esta ley derogó una norma clave para la defensa del espacio público: la ordenanza 46.229, que prohibía la privatización y el cambio de destino de los espacios verdes públicos, defendiendo el suelo absorbente”, explicó Koutsovitis.
Desde diferentes espacios, coinciden en que las medidas del macrismo van en el sentido de enajenar los espacios públicos en beneficio de unos pocos, iniciativas que despojan a los ciudadanos del derecho a disfrutar y a obtener los servicios del patrimonio natural, como señaló a este medio María Angélica Di Giácomo, titular de la agrupación Basta de Mutilar Nuestros Árboles.
“Dos ejemplos paradigmáticos son la privatización del jardín Botánico para espectáculos privados y las torres construidas alrededor de plazas, parques y costas que restringen el alcance de los beneficios ambientales y disminuyen además los metros cuadrados de espacio verde por habitante”, recordó la especialista “¿Cómo podemos disminuir la temperatura de un barrio o tener el sol y el aire que se necesita para una vida sana con un código urbanístico que privilegia los grandes edificios?”, cuestionó.
Irsa expande su monopolio en la Ciudad
Desde el año pasado, el gobierno nacional intenta rematar un terreno público en el barrio de Almagro, situado en Francisco Acuña de Figueroa 981. En reiteradas ocasiones, agrupaciones vecinales presentaron en la Legislatura diferentes proyectos para crear una Micro Reserva en ese lugar.
Ese espacio aún sigue en manos del Estado, pero hay grandes parcelas de tierra pública nacional en CABA que ya fueron vendidas para mega-desarrollos inmobiliarios, ejecutadas mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) o leyes especiales de rezonificación de la Legislatura.
El Grupo IRSA de Eduardo Elsztain es quien concentra el monopolio de tierras. En sus manos tiene los predios de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors: 71 hectáreas donde desarrollará el megaproyecto residencial y comercial «Ramblas del Plata«. El holding ya ha vendido parcelas a otras constructoras privadas por más de 150 millones de dólares.
Tras años de disputas por la rezonificación, el grupo IRSA se quedó con el Playón Ferroviario de Caballito. Tierras nacionales ubicadas junto al club Ferro. El objetivo es construir el shopping Alto Caballito y desarrollos de viviendas de alta densidad.
Los Predios Ferroviarios en Palermo pertenecientes a la Ex Bodegas Giol, son terrenos nacionales que fueron subastados para el desarrollo del polo comercial y de oficinas que hoy integra el shopping Distrito Arcos, también manejados por IRSA.
Política – Tiempo Argentino
