El oficialismo logró avanzar con el paquete de proyectos económicos impulsado por la Casa Rosada en el marco de la sesión especial que se llevó adelante este miércoles en la Cámara de Diputados. Por un lado, aprobó la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), que giró al Senado. Además, convirtió en ley la autorización para ejecutar un plan de pago a dos fondos buitre.
La iniciativa contó con el respaldo de bloques oficialistas y aliados. Consiguió 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Uno de los datos políticos fue que los diputados cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora votaron en contra de los proyectos del oficialismo. No fue igual la postura de los que responden a los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán); Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta).
El Súper RIGI se aprobó pese a las críticas de la oposición, que cuestionó que el proyecto priorice la llegada de capitales extranjeros y el desarrollo de sectores emergentes mediante reglas especiales por encima de los sectores nacionales. Además, señalaron que hay en marcha un paquete legislativo posthumanista. “En Argentina quieren hacer un laboratorio de avanzada del experimento tecnofascista”, denunciaron desde Unión por la Patria.
El proyecto propone una estructura de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios inéditos para inversiones superiores a los USD 1.000 millones. A su vez, deberá ejecutarse al menos el 20% del proyecto dentro de los primeros dos años desde la adhesión y aprobación, y se operará a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU).
Desde el bloque de La Libertad Avanza, el diputado Alberto «Bertie» Benegas Lynch explicó que “es un incentivo a las grandes inversiones de nuevas industrias. ¿Quién puede estar en contra de esto? Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica, cuatro conceptos que los países civilizados ya tienen incorporados y por eso les va como les va”. “En los últimos cien años, ni les digo en los últimos veinte, hemos acelerado contra la pared y hemos transformado a la Argentina en ‘cavernicolandia’”, polemizó.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro manifestó su oposición a la iniciativa: «No estamos dimensionando las consecuencias de habilitar lo que es un régimen de excepción, quizás nunca visto. Claramente es una ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica».
En ese sentido, Ferraro afirmó que “el Súper RIGI nos está empujando a un modelo en el que determinados poderes económicos y corporativos tengan en la Argentina la capacidad de condicionar las decisiones políticas dentro del Estado. Lo que todos podríamos definir como una clara plutocracia». «El desarrollo para los argentinos no puede ser un club cerrado para algunos amigos del poder”, concluyó.
En Unión por la Patria, el diputado Carlos Castagneto manifestó: “Todos estos proyectos nos llevan a ser un paraíso fiscal. El Súper RIGI es inconstitucional. Usamos los recursos naturales y la energía. La ley no tiene ninguna previsibilidad para advertir lo que necesitan estas empresas”. Asimismo, denunció que “el agua que se consume en el Súper RIGI no vuelve a ser agua potable. Estamos recontra regalando los recursos naturales”.
En tanto, el diputado Juan Marino, también de UxP, aseguró que “no es un proyecto aislado, sino que forma parte de un paquete legislativo junto con la inviolabilidad a la propiedad privada que se trata mañana en el Senado, junto con la Ley de Glaciares y la de sociedades”. “Con este Súper RIGI buscan transformar a la Argentina en una economía de enclave, otorgándole a los monopolios tecnológicos privilegios fiscales para los próximos 30 años y que cualquier litigio se desarrolle en tribunales extranjeros”, agregó.
En la misma línea, Juan Grabois (UxP) hizo referencia a lo que el papa León XIV llamó la “cultura del poder”, que impulsa la carrera por la inteligencia artificial, especialmente en el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados de guerra a distancia. “Se están creando zonas liberadas, idénticas a las de la narcoestructura, pero para la tecnoestructura”, lanzó.
Diputados aprobó el pago a fondos buitre
Con 138 votos positivos contra 98 votos negativos, se aprobó el plan de pago a dos fondos buitre que mantienen títulos de la deuda defaulteada de 2001. El oficialismo logró el respaldo del PRO, la UCR, el MID y los bloques principales, mientras que Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad y algunos diputados aislados votaron en contra.
El acuerdo para pagar 171 millones de dólares a los tenedores alemanes Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP tenía un plazo límite de ejecución estipulado para el 30 de junio.
Durante el debate se dieron fuertes cruces en el recinto. Por un lado, desde la bancada de La Libertad Avanza justificaron el acuerdo argumentando que el pago era necesario para cerrar el conflicto de deuda y proteger activos del Estado. “Esto se debe a los fracasos de la política. Nos recordaba a gente irresponsable que votó a favor de una cesación de pagos, arrastrando a todos los argentinos a una aventura de decadencia. Después de 25 años tenemos la posibilidad de cerrar esta herida de deshonra internacional”, informó Benegas Lynch.
Por otro lado, quienes rechazaron la propuesta consideraron que beneficia a fondos litigantes y aumenta la deuda externa. En ese sentido, el diputado Miguel Ángel Pichetto, del bloque Encuentro Federal, cuestionó la transparencia y la gestión de los recursos: “Esto es un juego del sector financiero, de los traders, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios”, disparó.
“Esta ley carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley 24.156 de Administración Financiera y también el decreto del propio presidente de la Nación, que dice que no puede haber ninguna partida sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto Nacional”, agregó Pichetto, quien apuntó contra el Gobierno nacional afirmando que “ha aumentado la deuda externa, que ronda los 80 mil millones de dólares”.
En defensa del dictamen de minoría, el diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman manifestó: “Nuestro país está atravesado por sucesivas crisis financieras vinculadas a procesos de sobreendeudamientos y default, pero si uno revisa en qué ciclos históricos se dieron, la conclusión es exactamente la opuesta de la que acabamos de escuchar”.
“Hoy nos gobierna en Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó a nuestro país y nos llevó a sucesivas crisis”, agregó Hagman, al tiempo que afirmó que “los gobiernos nacionales y populares fueron la excepción a esta regla”.
El proyecto que otorga más ventajas a los inversores extranjeros que los empresarios locales contó con el respaldo de los aliados, incluido algunos gobernadores peronistas. Obtuvo 130 votos a favor, 106 negativos y 7 abstenciones.
El oficialismo logró avanzar con el paquete de proyectos económicos impulsado por la Casa Rosada en el marco de la sesión especial que se llevó adelante este miércoles en la Cámara de Diputados. Por un lado, aprobó la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), que giró al Senado. Además, convirtió en ley la autorización para ejecutar un plan de pago a dos fondos buitre.
La iniciativa contó con el respaldo de bloques oficialistas y aliados. Consiguió 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Uno de los datos políticos fue que los diputados cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora votaron en contra de los proyectos del oficialismo. No fue igual la postura de los que responden a los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán); Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta).
El Súper RIGI se aprobó pese a las críticas de la oposición, que cuestionó que el proyecto priorice la llegada de capitales extranjeros y el desarrollo de sectores emergentes mediante reglas especiales por encima de los sectores nacionales. Además, señalaron que hay en marcha un paquete legislativo posthumanista. “En Argentina quieren hacer un laboratorio de avanzada del experimento tecnofascista”, denunciaron desde Unión por la Patria.
El proyecto propone una estructura de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios inéditos para inversiones superiores a los USD 1.000 millones. A su vez, deberá ejecutarse al menos el 20% del proyecto dentro de los primeros dos años desde la adhesión y aprobación, y se operará a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU).
Desde el bloque de La Libertad Avanza, el diputado Alberto «Bertie» Benegas Lynch explicó que “es un incentivo a las grandes inversiones de nuevas industrias. ¿Quién puede estar en contra de esto? Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica, cuatro conceptos que los países civilizados ya tienen incorporados y por eso les va como les va”. “En los últimos cien años, ni les digo en los últimos veinte, hemos acelerado contra la pared y hemos transformado a la Argentina en ‘cavernicolandia’”, polemizó.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro manifestó su oposición a la iniciativa: «No estamos dimensionando las consecuencias de habilitar lo que es un régimen de excepción, quizás nunca visto. Claramente es una ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica».
Foto: Prensa Diputados
En ese sentido, Ferraro afirmó que “el Súper RIGI nos está empujando a un modelo en el que determinados poderes económicos y corporativos tengan en la Argentina la capacidad de condicionar las decisiones políticas dentro del Estado. Lo que todos podríamos definir como una clara plutocracia». «El desarrollo para los argentinos no puede ser un club cerrado para algunos amigos del poder”, concluyó.
En Unión por la Patria, el diputado Carlos Castagneto manifestó: “Todos estos proyectos nos llevan a ser un paraíso fiscal. El Súper RIGI es inconstitucional. Usamos los recursos naturales y la energía. La ley no tiene ninguna previsibilidad para advertir lo que necesitan estas empresas”. Asimismo, denunció que “el agua que se consume en el Súper RIGI no vuelve a ser agua potable. Estamos recontra regalando los recursos naturales”.
En tanto, el diputado Juan Marino, también de UxP, aseguró que “no es un proyecto aislado, sino que forma parte de un paquete legislativo junto con la inviolabilidad a la propiedad privada que se trata mañana en el Senado, junto con la Ley de Glaciares y la de sociedades”. “Con este Súper RIGI buscan transformar a la Argentina en una economía de enclave, otorgándole a los monopolios tecnológicos privilegios fiscales para los próximos 30 años y que cualquier litigio se desarrolle en tribunales extranjeros”, agregó.
Foto: Eduardo Sarapura
En la misma línea, Juan Grabois (UxP) hizo referencia a lo que el papa León XIV llamó la “cultura del poder”, que impulsa la carrera por la inteligencia artificial, especialmente en el desarrollo de métodos cada vez más sofisticados de guerra a distancia. “Se están creando zonas liberadas, idénticas a las de la narcoestructura, pero para la tecnoestructura”, lanzó.
Con 138 votos positivos contra 98 votos negativos, se aprobó el plan de pago a dos fondos buitre que mantienen títulos de la deuda defaulteada de 2001. El oficialismo logró el respaldo del PRO, la UCR, el MID y los bloques principales, mientras que Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad y algunos diputados aislados votaron en contra.
El acuerdo para pagar 171 millones de dólares a los tenedores alemanes Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP tenía un plazo límite de ejecución estipulado para el 30 de junio.
Durante el debate se dieron fuertes cruces en el recinto. Por un lado, desde la bancada de La Libertad Avanza justificaron el acuerdo argumentando que el pago era necesario para cerrar el conflicto de deuda y proteger activos del Estado. “Esto se debe a los fracasos de la política. Nos recordaba a gente irresponsable que votó a favor de una cesación de pagos, arrastrando a todos los argentinos a una aventura de decadencia. Después de 25 años tenemos la posibilidad de cerrar esta herida de deshonra internacional”, informó Benegas Lynch.
Foto: Pedro Pérez
Por otro lado, quienes rechazaron la propuesta consideraron que beneficia a fondos litigantes y aumenta la deuda externa. En ese sentido, el diputado Miguel Ángel Pichetto, del bloque Encuentro Federal, cuestionó la transparencia y la gestión de los recursos: “Esto es un juego del sector financiero, de los traders, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios”, disparó.
“Esta ley carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley 24.156 de Administración Financiera y también el decreto del propio presidente de la Nación, que dice que no puede haber ninguna partida sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto Nacional”, agregó Pichetto, quien apuntó contra el Gobierno nacional afirmando que “ha aumentado la deuda externa, que ronda los 80 mil millones de dólares”.
En defensa del dictamen de minoría, el diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman manifestó: “Nuestro país está atravesado por sucesivas crisis financieras vinculadas a procesos de sobreendeudamientos y default, pero si uno revisa en qué ciclos históricos se dieron, la conclusión es exactamente la opuesta de la que acabamos de escuchar”.
“Hoy nos gobierna en Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó a nuestro país y nos llevó a sucesivas crisis”, agregó Hagman, al tiempo que afirmó que “los gobiernos nacionales y populares fueron la excepción a esta regla”.
Política – Tiempo Argentino
