El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires endureció su postura frente a la Casa Rosada y salió a denunciar lo que califican como un plan de desguace y abandono hacia los bonaerenses. A través de un duro comunicado, el Consejo del PJ provincial definió al modelo de Javier Milei como una maquinaria de «crueldad e insensibilidad» que busca romper los lazos de solidaridad comunitaria. La dirigencia peronista, en un movimiento de unidad, anunció su respaldo absoluto al reclamo del gobierno provincial por la retención de fondos y convocó a movilizarse el próximo 30 de abril hacia Plaza de Mayo, en una demostración de fuerza previa al Día del Trabajador.
El eje central de la denuncia peronista apunta a la desproporción en la distribución de recursos: mientras la Provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los fondos nacionales, apenas recibe poco menos del 7% de lo recaudado en el primer trimestre. Para el PJ, esto no es una «discusión técnica», sino una decisión política deliberada para ahogar al principal motor productivo del país. «Ajustan a nuestros abuelos, atacan la educación al eliminar el FONID, desprecian la salud cortando el Plan Remediar y frenan la obra pública», sentenciaron, enumerando las consecuencias del recorte en subsidios al transporte y la retención de impuestos a los combustibles.
El documento también hace foco en el impacto social que el ajuste está teniendo en los territorios. Ante la pulverización de los salarios y el aumento de la pobreza, el PJ bonaerense advierte que el Gobierno Nacional está abandonando a los sectores más vulnerables al recortar el financiamiento al Sistema Alimentario Escolar y a los comedores comunitarios. «Para ellos, el conocimiento y la vida no son derechos, sino un gasto», sintetizó el Consejo, marcando un contraste absoluto con la doctrina peronista de justicia social, soberanía e independencia económica.
Finalmente, el peronismo provincial vinculó el ahogo financiero con una estrategia de persecución política. El texto dedica un párrafo contundente al repudio de lo que denominan la «condena y proscripción» de la presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner, exigiendo su liberación, y renueva el pedido humanitario por la situación de Julio De Vido. Con este escenario, la convocatoria al 30 de abril se presenta no solo como una medida gremial, sino como un punto de inflexión para construir una alternativa opositora al modelo de ajuste y «remate del país» que propone el oficialismo. «Con la fe intacta, militaremos para cumplir con el sueño de Perón de una Argentina justa, libre y soberana», cerraron.
Rumbo a la marcha del jueves 30, denunció que el Gobierno nacional ejecuta una estrategia deliberada de «asfixia» contra la Provincia. El peronismo ratificó su respaldo al gobierno provincial y exigió el fin de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.
El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires endureció su postura frente a la Casa Rosada y salió a denunciar lo que califican como un plan de desguace y abandono hacia los bonaerenses. A través de un duro comunicado, el Consejo del PJ provincial definió al modelo de Javier Milei como una maquinaria de «crueldad e insensibilidad» que busca romper los lazos de solidaridad comunitaria. La dirigencia peronista, en un movimiento de unidad, anunció su respaldo absoluto al reclamo del gobierno provincial por la retención de fondos y convocó a movilizarse el próximo 30 de abril hacia Plaza de Mayo, en una demostración de fuerza previa al Día del Trabajador.
El eje central de la denuncia peronista apunta a la desproporción en la distribución de recursos: mientras la Provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los fondos nacionales, apenas recibe poco menos del 7% de lo recaudado en el primer trimestre. Para el PJ, esto no es una «discusión técnica», sino una decisión política deliberada para ahogar al principal motor productivo del país. «Ajustan a nuestros abuelos, atacan la educación al eliminar el FONID, desprecian la salud cortando el Plan Remediar y frenan la obra pública», sentenciaron, enumerando las consecuencias del recorte en subsidios al transporte y la retención de impuestos a los combustibles.
El documento también hace foco en el impacto social que el ajuste está teniendo en los territorios. Ante la pulverización de los salarios y el aumento de la pobreza, el PJ bonaerense advierte que el Gobierno Nacional está abandonando a los sectores más vulnerables al recortar el financiamiento al Sistema Alimentario Escolar y a los comedores comunitarios. «Para ellos, el conocimiento y la vida no son derechos, sino un gasto», sintetizó el Consejo, marcando un contraste absoluto con la doctrina peronista de justicia social, soberanía e independencia económica.
Finalmente, el peronismo provincial vinculó el ahogo financiero con una estrategia de persecución política. El texto dedica un párrafo contundente al repudio de lo que denominan la «condena y proscripción» de la presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner, exigiendo su liberación, y renueva el pedido humanitario por la situación de Julio De Vido. Con este escenario, la convocatoria al 30 de abril se presenta no solo como una medida gremial, sino como un punto de inflexión para construir una alternativa opositora al modelo de ajuste y «remate del país» que propone el oficialismo. «Con la fe intacta, militaremos para cumplir con el sueño de Perón de una Argentina justa, libre y soberana», cerraron.
Política – Tiempo Argentino
