La maratónica sesión del jueves en la Cámara de Diputados mostró un cambio de estrategia de negociación del gobierno libertario que dio como resultado un acuerdo parlamentario en el que todos ganaron. De esta manera, la oposición logró instalar una agenda social que el mileísmo se resistía a tratar. En tanto, el oficialismo evitó un revés político al incorporar sus propias condiciones sobre discapacidad y endeudamiento familiar en sus propios dictámenes. La modificación en el esquema de fuerzas y alianzas parlamentarias se debió a que ninguna fuerza política cuenta con mayoría propia, lo que obliga al oficialismo y la oposición a entablar negociaciones constantes para alcanzar el cuórum de 129 diputados.
La alianza subterránea más obvia fue la abstención que los legisladores a la hora de votar la vuelta a comisiones del tema endeudamiento y morosidad, tras la moción formulada por la diputada Silvana Giudici (La Libertad Avanza). En ese marco, Giudici explicó que «la mora se normaliza y crece el crédito. Los bancos ya refinanciaron a más de 500 mil deudores. No hay que romper todo, sino intervenir con prudencia». Si bien el oficialismo tenía su proyecto, que consistía en promover la educación financiera y mitigar el fraude digital, desde la oposición, el diputado Germán Martínez (Unión por la Patria) acusó al gobierno de no tener los votos para aprobar el dictamen de mayoría y aprovechar la jugada con complicidad de los bloques aliados para tumbar un tema que nunca habían querido tratar en el recinto.
El día después del encuentro llovieron las críticas hacia libertarios y aliados por no dar el debate hasta el final en el recinto. En ese marco, la diputada Cecilia Moreau (UxP) calificó en sus redes sociales de «patético» el final de la sesión. «Algunos votaron afirmativamente, otros se abstuvieron, pero todos estuvieron de acuerdo en cajonear el tratamiento del desendeudamiento de las familias argentinas. Vamos a seguir insistiendo en que es necesario que el Congreso dé respuestas frente a este problema que el gobierno nacional niega insistentemente».
Por su parte, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) opinó ante la consulta de Tiempo que «lo de ayer fue una triste emboscada de lo peor de la política, cuyo objetivo es prolongar los beneficios a los que monopolizan la usura, en particular las billeteras. Representan esos intereses para que sigan lucrando con los beneficios otorgados por el DNU 70/23, con absoluto desinterés por la crisis que están atravesando millones de argentinos, cuyos indignos ingresos (cuando los tienen) no les da otra opción que ese tipo de endeudamiento. Se agravará esta situación, por nuevos morosos y por quienes refinanciaron y tampoco pueden pagar”, afirmó.
En tanto, el diputado Pablo Juliano (Unión Cívica Radical) enfatizó que «lo que no puede pasar es que el Congreso no atienda la situación de seis millones de morosos» y «esto es lo que acaba de suceder. El oficialismo no tenía los votos para imponer su no dictamen (solo cursos de educación financiera para que quienes no tienen dinero y contrajeron deudas sepan administrarse) y tuvo que pedir que el proyecto regresara a comisiones. Allí lo cajonearán. La Libertad Avanza y sus secuaces siempre quisieron que esta delicada situación cayera en saco roto. Vergonzoso».
Otra de las diputadas que se expresó fue la massista Sabrina Selva. Apuntó con nombre y apellido contra quienes se abstuvieron en la votación. «El giro en el aire que permitió eso a último momento fue de los cordobeses Juan Schiaretti, Juan Manuel Brügge (Encuentro Federal), Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, que paradójicamente votaron todo en sintonía con el gobierno y le permitieron a La Libertad Avanza volver el expediente a comisión».
Remarcan que el regreso a comisión dejará trabada la iniciativa. El señalamiento sobre los cordobeses.
La maratónica sesión del jueves en la Cámara de Diputados mostró un cambio de estrategia de negociación del gobierno libertario que dio como resultado un acuerdo parlamentario en el que todos ganaron. De esta manera, la oposición logró instalar una agenda social que el mileísmo se resistía a tratar. En tanto, el oficialismo evitó un revés político al incorporar sus propias condiciones sobre discapacidad y endeudamiento familiar en sus propios dictámenes. La modificación en el esquema de fuerzas y alianzas parlamentarias se debió a que ninguna fuerza política cuenta con mayoría propia, lo que obliga al oficialismo y la oposición a entablar negociaciones constantes para alcanzar el cuórum de 129 diputados.
La alianza subterránea más obvia fue la abstención que los legisladores a la hora de votar la vuelta a comisiones del tema endeudamiento y morosidad, tras la moción formulada por la diputada Silvana Giudici (La Libertad Avanza). En ese marco, Giudici explicó que «la mora se normaliza y crece el crédito. Los bancos ya refinanciaron a más de 500 mil deudores. No hay que romper todo, sino intervenir con prudencia». Si bien el oficialismo tenía su proyecto, que consistía en promover la educación financiera y mitigar el fraude digital, desde la oposición, el diputado Germán Martínez (Unión por la Patria) acusó al gobierno de no tener los votos para aprobar el dictamen de mayoría y aprovechar la jugada con complicidad de los bloques aliados para tumbar un tema que nunca habían querido tratar en el recinto.
El día después del encuentro llovieron las críticas hacia libertarios y aliados por no dar el debate hasta el final en el recinto. En ese marco, la diputada Cecilia Moreau (UxP) calificó en sus redes sociales de «patético» el final de la sesión. «Algunos votaron afirmativamente, otros se abstuvieron, pero todos estuvieron de acuerdo en cajonear el tratamiento del desendeudamiento de las familias argentinas. Vamos a seguir insistiendo en que es necesario que el Congreso dé respuestas frente a este problema que el gobierno nacional niega insistentemente».
Por su parte, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) opinó ante la consulta de Tiempo que «lo de ayer fue una triste emboscada de lo peor de la política, cuyo objetivo es prolongar los beneficios a los que monopolizan la usura, en particular las billeteras. Representan esos intereses para que sigan lucrando con los beneficios otorgados por el DNU 70/23, con absoluto desinterés por la crisis que están atravesando millones de argentinos, cuyos indignos ingresos (cuando los tienen) no les da otra opción que ese tipo de endeudamiento. Se agravará esta situación, por nuevos morosos y por quienes refinanciaron y tampoco pueden pagar”, afirmó.
En tanto, el diputado Pablo Juliano (Unión Cívica Radical) enfatizó que «lo que no puede pasar es que el Congreso no atienda la situación de seis millones de morosos» y «esto es lo que acaba de suceder. El oficialismo no tenía los votos para imponer su no dictamen (solo cursos de educación financiera para que quienes no tienen dinero y contrajeron deudas sepan administrarse) y tuvo que pedir que el proyecto regresara a comisiones. Allí lo cajonearán. La Libertad Avanza y sus secuaces siempre quisieron que esta delicada situación cayera en saco roto. Vergonzoso».
Otra de las diputadas que se expresó fue la massista Sabrina Selva. Apuntó con nombre y apellido contra quienes se abstuvieron en la votación. «El giro en el aire que permitió eso a último momento fue de los cordobeses Juan Schiaretti, Juan Manuel Brügge (Encuentro Federal), Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, que paradójicamente votaron todo en sintonía con el gobierno y le permitieron a La Libertad Avanza volver el expediente a comisión».
Política – Tiempo Argentino
