“En el marco de las acciones destinadas al cuidado y la prevención de la salud del personal docente, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas dará inicio a dos operativos de evaluación médica dirigidos a docentes de establecimientos educativos de gestión estatal”, destaca una resolución ministerial que fue enviada a todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el documento, estas acciones tienen como propósito facilitar la regularización de los aptos médicos psicofísicos pendientes y promover la detección temprana de posibles afecciones.
Sin embargo, desde los gremios docentes coinciden en que estos operativos médicos no son una política de prevención sino otro acto persecutorio hacia las y los trabajadores de la educación de la Ciudad.
El argumento de los sindicatos se basa en las continuas restricciones que implementa el gobierno de Jorge Macri para que los trabajadores puedan acceder a licencias médicas. Cabe recordar, como ha informado en varias ocasiones este medio, que estas licencias son manejadas por una empresa privada que el año pasado cobró más de 7.000 mil millones de pesos.
La empresa DIENTS fue denunciada por administración fraudulenta y, de acuerdo a datos oficiales, solo en 2025 de “un total de 2.591 revisiones, el gobierno tuvo que admitir 1.843 casos en los que estaban mal rechazadas las licencias”.
“Nos preocupa especialmente la implementación de estos operativos médicos en el contexto de una política del Gobierno de la Ciudad que viene avanzando sobre los derechos de las y los docentes en materia de salud laboral con el levantamiento de tareas pasivas y el rechazo de licencias médicas”, señaló a Tiempo Pablo Francisco, Secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA).
Para el docente y referente sindical, cabe preguntarse si esta nueva medida representa una verdadera política de prevención y cuidado de la salud o “nos encontramos ante nuevas herramientas de control sobre las condiciones laborales de los trabajadores”, destacó y agrega: “el Estado debe garantizar políticas integrales de salud laboral pero estas políticas no pueden convertirse en mecanismos para restringir derechos, desconocer indicaciones médicas ni poner en riesgo la estabilidad laboral. La salud de quienes enseñan debe ser una prioridad, y eso exige respetar las licencias, garantizar las tareas pasivas cuando corresponden y atender las condiciones de trabajo que producen y agravan las enfermedades laborales”.
El documento del gobierno señala que la medida está destinada a docentes que, de acuerdo con los registros disponibles, no cuentan con el apto médico psicofísico correspondiente. Los docentes alcanzados serán convocados a realizar una evaluación médica completa, mediante la asignación de turnos individuales.
Para Sofía Bonder, del equipo de estudio de condiciones de trabajo de la asociación docente Ademys, esta nueva medida del gobierno de Jorge Macri es una hipocresía total, y que busca intimidarnos con la posibilidad de perder nuestro trabajo.
“Mientras nos disciplina para ir a trabajar enfermos, nos descuenta el presentismo, nos rechazan las licencias médicas, nos cita durante el reposo o nos piden conectarnos a un MIT mientras estamos en cama con fiebre; ahora redobla la apuesta, revaluando de forma arbitraria a los docentes sin explicar el motivo ni tampoco el criterio, mientras aplica un régimen de presentismo forzoso”, destaca.
“Cuando los docentes estamos trabajando más de 50 horas semanales, que incluyen por supuesto el trabajo no pago, con aulas sin recursos para la inclusión, estamos resistiendo el cierre de grados, asistiendo a las familias de los estudiantes, ahora vuelve a atacarnos. Y además en un gremio en donde somos más del 80% mujeres”, agregó.
Desde ADEMYS en 2025 realizaron una encuesta que relevó que más del 75% del personal docente, en medio de todas las situaciones de ajuste, precarización y sobrecarga laboral, no se tomó licencia durante el año por miedo a que sea rechazada.
“No está demás decir que, además, estamos con una obra social totalmente vaciada y aún así más del 70% debe acceder de manera privada a la atención médica. Alertamos que esta medida puede ser persecutoria para reforzar este disciplinamiento”, concluyó.
Tras conocerse que en 2025 Macri gastó más de $7.000 millones en una empresa privada que rechaza las licencias médicas, ahora suma una iniciativa que “busca intimidarnos con la posibilidad de perder el trabajo”, señalan.
“En el marco de las acciones destinadas al cuidado y la prevención de la salud del personal docente, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas dará inicio a dos operativos de evaluación médica dirigidos a docentes de establecimientos educativos de gestión estatal”, destaca una resolución ministerial que fue enviada a todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el documento, estas acciones tienen como propósito facilitar la regularización de los aptos médicos psicofísicos pendientes y promover la detección temprana de posibles afecciones.
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Sin embargo, desde los gremios docentes coinciden en que estos operativos médicos no son una política de prevención sino otro acto persecutorio hacia las y los trabajadores de la educación de la Ciudad.
El argumento de los sindicatos se basa en las continuas restricciones que implementa el gobierno de Jorge Macri para que los trabajadores puedan acceder a licencias médicas. Cabe recordar, como ha informado en varias ocasiones este medio, que estas licencias son manejadas por una empresa privada que el año pasado cobró más de 7.000 mil millones de pesos.
La empresa DIENTS fue denunciada por administración fraudulenta y, de acuerdo a datos oficiales, solo en 2025 de “un total de 2.591 revisiones, el gobierno tuvo que admitir 1.843 casos en los que estaban mal rechazadas las licencias”.
“Nos preocupa especialmente la implementación de estos operativos médicos en el contexto de una política del Gobierno de la Ciudad que viene avanzando sobre los derechos de las y los docentes en materia de salud laboral con el levantamiento de tareas pasivas y el rechazo de licencias médicas”, señaló a Tiempo Pablo Francisco, Secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA).
Para el docente y referente sindical, cabe preguntarse si esta nueva medida representa una verdadera política de prevención y cuidado de la salud o “nos encontramos ante nuevas herramientas de control sobre las condiciones laborales de los trabajadores”, destacó y agrega: “el Estado debe garantizar políticas integrales de salud laboral pero estas políticas no pueden convertirse en mecanismos para restringir derechos, desconocer indicaciones médicas ni poner en riesgo la estabilidad laboral. La salud de quienes enseñan debe ser una prioridad, y eso exige respetar las licencias, garantizar las tareas pasivas cuando corresponden y atender las condiciones de trabajo que producen y agravan las enfermedades laborales”.
El documento del gobierno señala que la medida está destinada a docentes que, de acuerdo con los registros disponibles, no cuentan con el apto médico psicofísico correspondiente. Los docentes alcanzados serán convocados a realizar una evaluación médica completa, mediante la asignación de turnos individuales.
Para Sofía Bonder, del equipo de estudio de condiciones de trabajo de la asociación docente Ademys, esta nueva medida del gobierno de Jorge Macri es una hipocresía total, y que busca intimidarnos con la posibilidad de perder nuestro trabajo.
“Mientras nos disciplina para ir a trabajar enfermos, nos descuenta el presentismo, nos rechazan las licencias médicas, nos cita durante el reposo o nos piden conectarnos a un MIT mientras estamos en cama con fiebre; ahora redobla la apuesta, revaluando de forma arbitraria a los docentes sin explicar el motivo ni tampoco el criterio, mientras aplica un régimen de presentismo forzoso”, destaca.
“Cuando los docentes estamos trabajando más de 50 horas semanales, que incluyen por supuesto el trabajo no pago, con aulas sin recursos para la inclusión, estamos resistiendo el cierre de grados, asistiendo a las familias de los estudiantes, ahora vuelve a atacarnos. Y además en un gremio en donde somos más del 80% mujeres”, agregó.
Desde ADEMYS en 2025 realizaron una encuesta que relevó que más del 75% del personal docente, en medio de todas las situaciones de ajuste, precarización y sobrecarga laboral, no se tomó licencia durante el año por miedo a que sea rechazada.
“No está demás decir que, además, estamos con una obra social totalmente vaciada y aún así más del 70% debe acceder de manera privada a la atención médica. Alertamos que esta medida puede ser persecutoria para reforzar este disciplinamiento”, concluyó.
Política – Tiempo Argentino
