Comenzó el histórico juicio en Bahía Blanca contra un ex camarista federal por crímenes de la Triple A

A sus 81 años recién cumplidos y tras décadas de impunidad, en las que incluso llegó a ser camarista federal, el ex integrante de la Triple A y ex agente de inteligencia Néstor Luis Montezanti comenzó  finalmente a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1983 en Bahía Blanca. 

Para llegar al debate, querellantes y fiscales tuvieron que remar contra el poder político y mediático local, encabezado por Vicente Massot, dueño de La Nueva Provincia, y la protección de buena parte del Poder Judicial, que buscó – pero no pudo- garantizar su impunidad.

El debate arrancó este miércoles a las 9 y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, integrado por Ernesto Sebastián, Roberto Minguillón y Facundo Zapiola. La acusación está a cargo del fiscal auxiliar Pablo Fermento, quien estuvo acompañado por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, y de las querellas de H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

La audiencia se puede seguir a través de la trasmisión de La Retaguardia junto a FM de La Calle: https://www.youtube.com/watch?v=bU4zHXQdRxI

Montezanti llegó acusado por el delito de asociación ilícita, como integrante de la Triple A, y de intimidación pública llevada a cabo en agosto de 1974 durante la toma armada por parte de la fuerza paraestatal de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Bahía Blanca. 

Como ocurrió en otras localidades bonaerense como La Plata o Mar del Plata, a partir de 1973 comenzaron a operar en Bahía Blanca grupos paraestatales armados de ultraderecha que perseguían a  estudiantes y docentes universitarios, trabajadores, delegados obreros y militantes de izquierda y del peronismo de izquierda.

Entre los integrantes más reconocidos estaban Rodolfo Ponce, entonces diputado nacional y secretario de la CGT de Bahía Blanca, y el rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu, quien armó un sector de Vigilancia en la Universidad integrada por miembros de la Triple A. En la UTN, por su parte, Ponce logró colocar a un hombre de su confianza como decano de la Facultad Regional, Emilio Garófoli, quien en 1974 contrató a Montezanti como docente. 

En esa época, era común ver a miembros de la patota derechista que se mostraban con armas en los pasillos de ambas universidades, aterrorizando a estudiantes y militantes políticos. 

El 26 de agosto, en rechazo a la designación por parte de autoridades nacionales de la UTN de un interventor de la sede de Bahía Blanca, la patota armada ocupó el edificio universitario, que se extendió hasta octubre. 

“Al llegar a la UTN habría unas siete o diez personas con armas largas y cortas en el hall, adentro de la UTN, y nos provocaban haciéndonos señas para que nos animáramos a entrar. Dentro de este grupo de

matones yo vi una persona que se distinguía porque estaba vestido con blazer, era el Dr. Montezanti, estaba con esta gente riéndose de los que estábamos en la calle”, señaló durante la instrucción de la causa Alberto Manuel Rodríguez, entonces estudiante de la institución, quien se había movilizado en rechazo a la presencia de la patota. 

“Vimos a un grupo de gente, entre ellos ‘Moncho’ Argibay, portando una ametralladora en bandolera y una persona de saco y corbata que se distinguía por la vestimenta del resto del grupo. Le pregunté a Alberto

Rodríguez, que estaba a mi lado quién era esa persona, y me respondió que era Montezanti, profesor en la carrera en Ciencias de la Administración y que había sido profesor suyo. La actitud de Montezanti era igual que la del resto de los matones, era de provocación hacia los manifestantes”, agregó Dante Patrignani, también estudiante. 

La acusación

Para la fiscalía, el ex juez formó parte del subgrupo de agentes asignados a los requerimientos de 

inteligencia, consistentes en tareas de espionaje, identificación, señalamiento, determinación e información de los blancos sobre los cuales actuaba otro subgrupo (operativo), a través de actos de

intimidación, amenaza, secuestro y asesinato. Como miembro de esta asociación ilícita, actuó en estrecha interconexión y coordinación con los organismos de inteligencia estatales (y/o sus distintos integrantes). 

Actuaba desde la posición de “privilegio” que le daban sus cargos docentes ocupados en las únicas sedes universitarias de la ciudad y el principal colegio secundario, como también en el ámbito gremial-político local como asesor de la Unión Obrera Metalúrgica.

Según la acusación, actuó desde 1974 hasta 1983. A partir del año 1980, esos roles se formalizaron al adquirir la calidad formal de Personal Civil de Inteligencia con el cargo de Asesor Universitario del Destacamento de Inteligencia 181. Desde allí espió a los integrantes de Organismos de Derechos Humanos, a las víctimas sobrevivientes al terrorismo de Estado y los familiares de

personas desaparecidas; como también a la población universitaria y, particularmente, aquellos grupos de opositores políticos cesanteados o expulsados de las casas de estudio, que ejercían distintas medidas y gestiones para reincorporarse a sus cargos o reingresar a las carreras académicas.

Cinco décadas de impunidad

Montezanti fue denunciado en la justicia y en la universidad desde 2002.  En 2010, cuando se conocieron los listados del Personal Civil de Inteligencia durante la dictadura, el todavía juez figuraba como asesor universitario del Destacamento de Inteligencia 181. Patrignani, entonces docente de la Universidad, lo denunció ante el Consejo Superior de la UNS y el Concejo de la Magistratura. Ese año, Montezanti fue ascendido a Camarista y acusó a sus denunciantes por injurias, aunque años después la denuncia fue archivada.

Para llegar al inicio del debate, el movimiento de derechos humanos bahiense tuvo que vencer las resistencias corporativas. Para su impunidad, Montezanti contó con la ayuda de buena parte del Poder Judicial local, como los jueces subrogantes Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet. El Consejo de la Magistratura debió apartar a ambos abogados y enviar a un juez de afuera como Alejo Ramos Padilla  para que la causa comenzara a moverse. 

Cuando en 2015 fue llamado a indagatoria y comenzó a avanzar la denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura, Montezanti decidió renunciar a su cargo. 

Recién en 2018, el ex juez fue indagado y en 2020 fue procesado por estos hechos. Sin embargo, logró evitar el primer juicio por crímenes de la Triple A de Bahía Blanca, que se realizó en 2021. Allí fueron juzgados Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, todos civiles que integraron el área de seguridad de la Universidad Nacional del Sur. 

Fueron condenados como integrantes de una asociación ilícita establecida con el fin de perseguir y eliminar opositores políticos. Curzio, Pallero y Forcelli recibieron 10 años de prisión y Aceituno, además, condenado como coautor del homicidio agravado del militante estudiantil David Hover Cilleruelo y condenado a prisión perpetua.

Cinco años después, le llegó el turno a Montezanti. 

 Néstor Montezanti es juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1983, cuando integró la organización parapolicial y los servicios de inteligencia del Ejército.  

A sus 81 años recién cumplidos y tras décadas de impunidad, en las que incluso llegó a ser camarista federal, el ex integrante de la Triple A y ex agente de inteligencia Néstor Luis Montezanti comenzó  finalmente a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1983 en Bahía Blanca. 

Para llegar al debate, querellantes y fiscales tuvieron que remar contra el poder político y mediático local, encabezado por Vicente Massot, dueño de La Nueva Provincia, y la protección de buena parte del Poder Judicial, que buscó – pero no pudo- garantizar su impunidad.

El debate arrancó este miércoles a las 9 y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, integrado por Ernesto Sebastián, Roberto Minguillón y Facundo Zapiola. La acusación está a cargo del fiscal auxiliar Pablo Fermento, quien estuvo acompañado por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, y de las querellas de H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

La audiencia se puede seguir a través de la trasmisión de La Retaguardia junto a FM de La Calle: https://www.youtube.com/watch?v=bU4zHXQdRxI

Montezanti llegó acusado por el delito de asociación ilícita, como integrante de la Triple A, y de intimidación pública llevada a cabo en agosto de 1974 durante la toma armada por parte de la fuerza paraestatal de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Bahía Blanca. 

Como ocurrió en otras localidades bonaerense como La Plata o Mar del Plata, a partir de 1973 comenzaron a operar en Bahía Blanca grupos paraestatales armados de ultraderecha que perseguían a  estudiantes y docentes universitarios, trabajadores, delegados obreros y militantes de izquierda y del peronismo de izquierda.

Entre los integrantes más reconocidos estaban Rodolfo Ponce, entonces diputado nacional y secretario de la CGT de Bahía Blanca, y el rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu, quien armó un sector de Vigilancia en la Universidad integrada por miembros de la Triple A. En la UTN, por su parte, Ponce logró colocar a un hombre de su confianza como decano de la Facultad Regional, Emilio Garófoli, quien en 1974 contrató a Montezanti como docente. 

En esa época, era común ver a miembros de la patota derechista que se mostraban con armas en los pasillos de ambas universidades, aterrorizando a estudiantes y militantes políticos. 

El 26 de agosto, en rechazo a la designación por parte de autoridades nacionales de la UTN de un interventor de la sede de Bahía Blanca, la patota armada ocupó el edificio universitario, que se extendió hasta octubre. 

“Al llegar a la UTN habría unas siete o diez personas con armas largas y cortas en el hall, adentro de la UTN, y nos provocaban haciéndonos señas para que nos animáramos a entrar. Dentro de este grupo de

matones yo vi una persona que se distinguía porque estaba vestido con blazer, era el Dr. Montezanti, estaba con esta gente riéndose de los que estábamos en la calle”, señaló durante la instrucción de la causa Alberto Manuel Rodríguez, entonces estudiante de la institución, quien se había movilizado en rechazo a la presencia de la patota. 

“Vimos a un grupo de gente, entre ellos ‘Moncho’ Argibay, portando una ametralladora en bandolera y una persona de saco y corbata que se distinguía por la vestimenta del resto del grupo. Le pregunté a Alberto

Rodríguez, que estaba a mi lado quién era esa persona, y me respondió que era Montezanti, profesor en la carrera en Ciencias de la Administración y que había sido profesor suyo. La actitud de Montezanti era igual que la del resto de los matones, era de provocación hacia los manifestantes”, agregó Dante Patrignani, también estudiante. 

La acusación

Para la fiscalía, el ex juez formó parte del subgrupo de agentes asignados a los requerimientos de 

inteligencia, consistentes en tareas de espionaje, identificación, señalamiento, determinación e información de los blancos sobre los cuales actuaba otro subgrupo (operativo), a través de actos de

intimidación, amenaza, secuestro y asesinato. Como miembro de esta asociación ilícita, actuó en estrecha interconexión y coordinación con los organismos de inteligencia estatales (y/o sus distintos integrantes). 

Actuaba desde la posición de “privilegio” que le daban sus cargos docentes ocupados en las únicas sedes universitarias de la ciudad y el principal colegio secundario, como también en el ámbito gremial-político local como asesor de la Unión Obrera Metalúrgica.

Según la acusación, actuó desde 1974 hasta 1983. A partir del año 1980, esos roles se formalizaron al adquirir la calidad formal de Personal Civil de Inteligencia con el cargo de Asesor Universitario del Destacamento de Inteligencia 181. Desde allí espió a los integrantes de Organismos de Derechos Humanos, a las víctimas sobrevivientes al terrorismo de Estado y los familiares de

personas desaparecidas; como también a la población universitaria y, particularmente, aquellos grupos de opositores políticos cesanteados o expulsados de las casas de estudio, que ejercían distintas medidas y gestiones para reincorporarse a sus cargos o reingresar a las carreras académicas.

Cinco décadas de impunidad

Montezanti fue denunciado en la justicia y en la universidad desde 2002.  En 2010, cuando se conocieron los listados del Personal Civil de Inteligencia durante la dictadura, el todavía juez figuraba como asesor universitario del Destacamento de Inteligencia 181. Patrignani, entonces docente de la Universidad, lo denunció ante el Consejo Superior de la UNS y el Concejo de la Magistratura. Ese año, Montezanti fue ascendido a Camarista y acusó a sus denunciantes por injurias, aunque años después la denuncia fue archivada.

Para llegar al inicio del debate, el movimiento de derechos humanos bahiense tuvo que vencer las resistencias corporativas. Para su impunidad, Montezanti contó con la ayuda de buena parte del Poder Judicial local, como los jueces subrogantes Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet. El Consejo de la Magistratura debió apartar a ambos abogados y enviar a un juez de afuera como Alejo Ramos Padilla  para que la causa comenzara a moverse. 

Cuando en 2015 fue llamado a indagatoria y comenzó a avanzar la denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura, Montezanti decidió renunciar a su cargo. 

Recién en 2018, el ex juez fue indagado y en 2020 fue procesado por estos hechos. Sin embargo, logró evitar el primer juicio por crímenes de la Triple A de Bahía Blanca, que se realizó en 2021. Allí fueron juzgados Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, todos civiles que integraron el área de seguridad de la Universidad Nacional del Sur. 

Fueron condenados como integrantes de una asociación ilícita establecida con el fin de perseguir y eliminar opositores políticos. Curzio, Pallero y Forcelli recibieron 10 años de prisión y Aceituno, además, condenado como coautor del homicidio agravado del militante estudiantil David Hover Cilleruelo y condenado a prisión perpetua.

Cinco años después, le llegó el turno a Montezanti. 

 Política – Tiempo Argentino

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