Las autoridades de Brasil instaron a la Policía Federal y a la Fiscalía General de la República a investigar el supuesto financiamiento por parte de Estados Unidos destinado a interferir en las elecciones brasileñas y deslegitimar al Supremo Tribunal Federal (STF), en medio de nuevas denuncias sobre presiones de la administración de Donald Trump contra Brasilia.
La Abogacía General de la Unión (AGU), organismo que representa legalmente al Ejecutivo brasileño, anunció que solicitó la intervención de la PF y la PGR a partir de la información «especialmente grave» publicada por el diario británico The Guardian, según la cual la administración Trump pretende desviar fondos destinados a Derechos Humanos del Departamento de Estado hacia iniciativas en distintos países, entre ellas una campaña contra el STF.
«De comprobarse, la recepción de capital extranjero para promover ataques organizados y sistemáticos contra la soberanía nacional y el funcionamiento de las instituciones del Sistema de Justicia brasileño, mediante la instrumentalización de fondos internacionales desviados de su propósito original de proteger los Derechos Humanos, podría revelar una estructura de injerencia externa en los asuntos internos del Estado brasileño», advirtió la AGU en un comunicado recogido por la agencia Brasil.
En ese sentido, la Abogacía del Estado recordó que, si bien la legislación brasileña consagra la libertad de expresión y el derecho legítimo a la crítica, también prohíbe las injerencias extranjeras en el país.
«El propio orden constitucional brasileño se basa en los principios de soberanía, independencia y no intervención. Tales premisas se traducen, por ejemplo, en la prohibición de la financiación o subordinación de agrupaciones políticas por parte de entidades o gobiernos extranjeros», agregó.
O jornal britânico The Guardian revelou que os Estados Unidos destinaram US$ 1 milhão a um projeto que financia grupos da sociedade civil contrários ao que o governo norte-americano descreve como excesso de poder judicial e censura por parte do Supremo Tribunal Federal… pic.twitter.com/rzNIDImR0R
— GloboNews (@GloboNews) October 1, 2026
Horas antes, el propio abogado general del Estado brasileño, Jorge Messias, había manifestado que «no se puede admitir que intereses extranjeros pretendan interferir» en los asuntos internos de Brasil. También consideró «igualmente preocupante» que algunos políticos brasileños busquen «respaldo en el extranjero para confrontar a las instituciones», en referencia a las mismas denuncias que llevaron a su cartera a pedir la intervención de la Policía y la Fiscalía.
«Esta información es especialmente grave dado el proceso electoral brasileño y los recientes episodios de presión externa sobre nuestras instituciones», denunció Messias, quien subrayó que «las divergencias entre gobiernos son propias de las relaciones internacionales, lo que no se puede admitir es que intereses políticos extranjeros pretendan interferir en el funcionamiento de las instituciones brasileñas o influir, directa o indirectamente, en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo brasileño».
Asimismo, consideró que la información trascendida «resulta igualmente preocupante cuando proyectos políticos nacionales buscan respaldo en el extranjero para confrontar a las instituciones de la propia República», en una velada alusión a las campañas de la oposición bolsonarista para conseguir el apoyo de la administración Trump y promover medidas de las autoridades estadounidenses contra las instituciones brasileñas, con Eduardo Bolsonaro —hermano del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro— a la cabeza.
«Ninguna disputa interna justifica subordinar los intereses nacionales a gobiernos, partidos o movimientos extranjeros», insistió Messias, quien consideró que está «en juego» el derecho de «cada generación de brasileños a decidir libremente su destino, proteger sus instituciones y entregar a sus hijos un país que no acepte que las decisiones sobre Brasil se tomen fuera de Brasil».
«Nuestra democracia pertenece a los brasileños. Y así debe permanecer», concluyó.
La información trascendió a pocos días de las elecciones de Brasil, en cuyo marco la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) ya había alertado a mediados de septiembre al Ejecutivo sobre un nivel «crítico» en la escalada de presión de Estados Unidos e incluso sobre una posible injerencia de Washington.
El informe de la ABIN sobre «amenazas al proceso electoral de 2026» se refiere a una posible influencia e interferencia de Estados Unidos y a una «tendencia de escalada de la presión sobre Brasil». «La reafirmación de la hegemonía de Estados Unidos en América Latina es la prioridad del segundo Gobierno de Trump», advierte el documento, que cita documentos estratégicos estadounidenses divulgados entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.
Fondos para «víctimas del comunismo» y contra la Corte
Según la información difundida por The Guardian, la administración Trump pretende desviar más de 177 millones de dólares (cerca de 157 millones de euros) del principal fondo de Derechos Humanos del Departamento de Estado hacia una serie de subvenciones que incluyen una ayuda de 40 millones de dólares (36 millones de euros) para un fondo anticomunista, apoyo a un grupo que defiende los derechos de los afrikáners blancos en Sudáfrica, una campaña contra el Tribunal Supremo de Brasil y programas que recompensarían a aliados ideológicos en Europa que protejan las «normas de la civilización occidental».
El Departamento de Estado habría asignado este miércoles los fondos a los beneficiarios horas antes de que venciera el plazo, a pesar de las preocupaciones y pedidos del Congreso para que no lo hiciera, según una fuente familiarizada con las negociaciones citada por el diario británico.
Entre esas asignaciones se encuentran 43 subvenciones que rozan los 177 millones de dólares y que reforzarían causas conservadoras y de derecha en todo el mundo. Estas iniciativas constituyen la mayor parte de los 205 millones de dólares (182 millones de euros) en fondos asignados por el Congreso para el Fondo de Derechos Humanos y Democracia (HRDF, por sus siglas en inglés), según los documentos a los que accedió The Guardian.
La mayor asignación, por un valor de 40 millones de dólares, corresponde a un consorcio liderado por la Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), una organización sin fines de lucro anticomunista que ya había recibido fondos en el pasado, aunque en cantidades notablemente menores.
Además, entre las ayudas también se encuentra un millón de dólares (889.000 euros) bajo el título «Contrarrestar el ‘lawfare’ y la censura en Brasil», destinado a financiar a grupos de la sociedad civil brasileña contrarios a lo que denominan extralimitación judicial y censura por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Se trata de una línea similar a la empleada por la Casa Blanca para justificar sus sanciones en 2025 contra el magistrado brasileño Alexandre de Moraes, tras las gestiones de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y en medio del juicio instruido por el propio De Moraes, en el que el exmandatario y aliado de Trump terminó condenado a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.
Cierres de campaña en San Pablo
Los dos principales candidatos a la presidencia de Brasil en las elecciones de este domingo escogieron el estado más poblado del país, San Pablo (sureste), para realizar sus últimos actos de campaña durante el sábado.
Faltam 2 dias para o Brasil dizer nas urnas que está pronto pra mais. 🇧🇷⭐️
Mais trabalho, mais oportunidades, mais educação, mais saúde e mais conquistas para o nosso povo.
Vote 13! ❤️ pic.twitter.com/lkmKcuUrzs
— Lula (@LulaOficial) October 2, 2026
El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, realizará una marcha por la mañana en los alrededores de la Avenida Paulista de la capital, mientras que el senador Flávio Bolsonaro escogió dos ciudades del interior del estado: Santa Bárbara d’Oeste y Americana, según informaron sus respectivos equipos de campaña.
San Pablo tiene un historial de apoyo a candidatos de derecha y centro-derecha: desde 1989, el estado ha elegido principalmente a gobernadores de ese campo político, mientras que en la capital predomina —o predominaba hasta hace pocos años— el voto más progresista.
É com você que eu quero debater, Lula.
Estamos ao vivo: https://t.co/QqDN2QVZgA pic.twitter.com/jlN3iUBNDo
— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 2, 2026
El estado de San Pablo concentra 34,1 millones de electores, buena parte de los votantes de la región sureste, una de las más importantes tanto por la cantidad de votos como por el hecho de que los dos candidatos están muy cerca en las encuestas.
Según una encuesta del instituto Quaest divulgada este lunes, Lula tiene el 39 por ciento de las intenciones de voto en la primera vuelta, frente al 34 por ciento de Flávio Bolsonaro, mientras que en un eventual balotaje, que sería el 25 de octubre, los dos aparecen empatados en el 42 por ciento.
GS con información de Sputnik y Europa Press
La Abogacía General de la Unión pidió a la Policía Federal y a la Fiscalía General que investiguen el supuesto financiamiento estadounidense de iniciativas destinadas a interferir en el proceso electoral y deslegitimar a la Corte Suprema. La denuncia surge tras una investigación de The Guardian sobre fondos del Departamento de Estado.
Las autoridades de Brasil instaron a la Policía Federal y a la Fiscalía General de la República a investigar el supuesto financiamiento por parte de Estados Unidos destinado a interferir en las elecciones brasileñas y deslegitimar al Supremo Tribunal Federal (STF), en medio de nuevas denuncias sobre presiones de la administración de Donald Trump contra Brasilia.
La Abogacía General de la Unión (AGU), organismo que representa legalmente al Ejecutivo brasileño, anunció que solicitó la intervención de la PF y la PGR a partir de la información «especialmente grave» publicada por el diario británico The Guardian, según la cual la administración Trump pretende desviar fondos destinados a Derechos Humanos del Departamento de Estado hacia iniciativas en distintos países, entre ellas una campaña contra el STF.
«De comprobarse, la recepción de capital extranjero para promover ataques organizados y sistemáticos contra la soberanía nacional y el funcionamiento de las instituciones del Sistema de Justicia brasileño, mediante la instrumentalización de fondos internacionales desviados de su propósito original de proteger los Derechos Humanos, podría revelar una estructura de injerencia externa en los asuntos internos del Estado brasileño», advirtió la AGU en un comunicado recogido por la agencia Brasil.
En ese sentido, la Abogacía del Estado recordó que, si bien la legislación brasileña consagra la libertad de expresión y el derecho legítimo a la crítica, también prohíbe las injerencias extranjeras en el país.
«El propio orden constitucional brasileño se basa en los principios de soberanía, independencia y no intervención. Tales premisas se traducen, por ejemplo, en la prohibición de la financiación o subordinación de agrupaciones políticas por parte de entidades o gobiernos extranjeros», agregó.
Horas antes, el propio abogado general del Estado brasileño, Jorge Messias, había manifestado que «no se puede admitir que intereses extranjeros pretendan interferir» en los asuntos internos de Brasil. También consideró «igualmente preocupante» que algunos políticos brasileños busquen «respaldo en el extranjero para confrontar a las instituciones», en referencia a las mismas denuncias que llevaron a su cartera a pedir la intervención de la Policía y la Fiscalía.
«Esta información es especialmente grave dado el proceso electoral brasileño y los recientes episodios de presión externa sobre nuestras instituciones», denunció Messias, quien subrayó que «las divergencias entre gobiernos son propias de las relaciones internacionales, lo que no se puede admitir es que intereses políticos extranjeros pretendan interferir en el funcionamiento de las instituciones brasileñas o influir, directa o indirectamente, en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo brasileño».
Asimismo, consideró que la información trascendida «resulta igualmente preocupante cuando proyectos políticos nacionales buscan respaldo en el extranjero para confrontar a las instituciones de la propia República», en una velada alusión a las campañas de la oposición bolsonarista para conseguir el apoyo de la administración Trump y promover medidas de las autoridades estadounidenses contra las instituciones brasileñas, con Eduardo Bolsonaro —hermano del candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro— a la cabeza.
«Ninguna disputa interna justifica subordinar los intereses nacionales a gobiernos, partidos o movimientos extranjeros», insistió Messias, quien consideró que está «en juego» el derecho de «cada generación de brasileños a decidir libremente su destino, proteger sus instituciones y entregar a sus hijos un país que no acepte que las decisiones sobre Brasil se tomen fuera de Brasil».
«Nuestra democracia pertenece a los brasileños. Y así debe permanecer», concluyó.
La información trascendió a pocos días de las elecciones de Brasil, en cuyo marco la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) ya había alertado a mediados de septiembre al Ejecutivo sobre un nivel «crítico» en la escalada de presión de Estados Unidos e incluso sobre una posible injerencia de Washington.
El informe de la ABIN sobre «amenazas al proceso electoral de 2026» se refiere a una posible influencia e interferencia de Estados Unidos y a una «tendencia de escalada de la presión sobre Brasil». «La reafirmación de la hegemonía de Estados Unidos en América Latina es la prioridad del segundo Gobierno de Trump», advierte el documento, que cita documentos estratégicos estadounidenses divulgados entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.
Fondos para «víctimas del comunismo» y contra la Corte
Según la información difundida por The Guardian, la administración Trump pretende desviar más de 177 millones de dólares (cerca de 157 millones de euros) del principal fondo de Derechos Humanos del Departamento de Estado hacia una serie de subvenciones que incluyen una ayuda de 40 millones de dólares (36 millones de euros) para un fondo anticomunista, apoyo a un grupo que defiende los derechos de los afrikáners blancos en Sudáfrica, una campaña contra el Tribunal Supremo de Brasil y programas que recompensarían a aliados ideológicos en Europa que protejan las «normas de la civilización occidental».
El Departamento de Estado habría asignado este miércoles los fondos a los beneficiarios horas antes de que venciera el plazo, a pesar de las preocupaciones y pedidos del Congreso para que no lo hiciera, según una fuente familiarizada con las negociaciones citada por el diario británico.
Entre esas asignaciones se encuentran 43 subvenciones que rozan los 177 millones de dólares y que reforzarían causas conservadoras y de derecha en todo el mundo. Estas iniciativas constituyen la mayor parte de los 205 millones de dólares (182 millones de euros) en fondos asignados por el Congreso para el Fondo de Derechos Humanos y Democracia (HRDF, por sus siglas en inglés), según los documentos a los que accedió The Guardian.
La mayor asignación, por un valor de 40 millones de dólares, corresponde a un consorcio liderado por la Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), una organización sin fines de lucro anticomunista que ya había recibido fondos en el pasado, aunque en cantidades notablemente menores.
Además, entre las ayudas también se encuentra un millón de dólares (889.000 euros) bajo el título «Contrarrestar el ‘lawfare’ y la censura en Brasil», destinado a financiar a grupos de la sociedad civil brasileña contrarios a lo que denominan extralimitación judicial y censura por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Se trata de una línea similar a la empleada por la Casa Blanca para justificar sus sanciones en 2025 contra el magistrado brasileño Alexandre de Moraes, tras las gestiones de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y en medio del juicio instruido por el propio De Moraes, en el que el exmandatario y aliado de Trump terminó condenado a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.
Cierres de campaña en San Pablo
Los dos principales candidatos a la presidencia de Brasil en las elecciones de este domingo escogieron el estado más poblado del país, San Pablo (sureste), para realizar sus últimos actos de campaña durante el sábado.
El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, realizará una marcha por la mañana en los alrededores de la Avenida Paulista de la capital, mientras que el senador Flávio Bolsonaro escogió dos ciudades del interior del estado: Santa Bárbara d’Oeste y Americana, según informaron sus respectivos equipos de campaña.
San Pablo tiene un historial de apoyo a candidatos de derecha y centro-derecha: desde 1989, el estado ha elegido principalmente a gobernadores de ese campo político, mientras que en la capital predomina —o predominaba hasta hace pocos años— el voto más progresista.
El estado de San Pablo concentra 34,1 millones de electores, buena parte de los votantes de la región sureste, una de las más importantes tanto por la cantidad de votos como por el hecho de que los dos candidatos están muy cerca en las encuestas.
Según una encuesta del instituto Quaest divulgada este lunes, Lula tiene el 39 por ciento de las intenciones de voto en la primera vuelta, frente al 34 por ciento de Flávio Bolsonaro, mientras que en un eventual balotaje, que sería el 25 de octubre, los dos aparecen empatados en el 42 por ciento.
GS con información de Sputnik y Europa Press
Mundo – Tiempo Argentino
