En Vaca Muerta, corazón del modelo extractivista, se produce una ilusión óptica: mientras algunos ven una joya de recursos que va a salvar al país, las comunidades mapuches ven expulsión y exclusión. El boom de explotación petrolera que vive Neuquén la ubicó como una de las pocas provincias con crecimiento económico en pleno derrumbe general, un dato que le permite venderse como un modelo exitoso. Pero no todos reciben lo que se derrama de Vaca Muerta.
“Es una gran mentira que Neuquén es la isla de la fantasía, es un gran relato que oculta la desigualdad tremenda que hay. Nuestra comunidad mapuche, el lof Newen Mapu, está ubicada en la meseta de Neuquén. Estamos parados sobre una enorme reserva de gas pero no tenemos gas; estamos a pocas metros de un acueducto pero no tenemos agua y no tenemos electricidad”, explicó en diálogo con Tiempo Lefxaru Nawel, abogado y vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Se cumplieron 13 años del acuerdo de YPF con Chevrón que dio inicio a la explotación del yacimiento de petróleo y gas no convencional con epicentro en Añelo. La zona multiplicó su población y se convirtió en un hervidero de camiones, camionetas, máquinas y pozos.
“Un territorio que lo único que contenía era a la familia y a su economía de supervivencia y de pequeña ganadería hoy se ve invadida por picadas, caminos nuevos, enormes maquinarias que entran y salen, levantan un polvo que destruye todo lo que es naturaleza, que ha hecho dispersar a todo lo que es vida animal”, detalló Lefxaru Nawel.
El impacto ambiental es indiscutible. El fracking, que es la fractura de la piedra para poder extraer el combustible, produce movimientos sísmicos y los pobladores ven cómo, por el movimiento del suelo, desaparecen vertientes de agua que antes los abastecían. Los pozos también liberan gases contaminantes a las atmósfera, como el metano, que genera un tremendo impacto sobre la salud de las personas, de los animales que usan de alimento y de las plantas.
En la provincia de Neuquén hay 70 comunidades y son 30 las que se encuentran en las cercanías de la formación geológica de Vaca Muerta. En la zona de Añelo, hay 12 comunidades afectadas y que reclaman al gobierno de Neuquén por estas violaciones y por la titularidad de esas tierras.
Los derechos de los pueblos originarios sobre esas tierras están garantizados por la Constitución de Neuquén, la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas, del que este año se cumplieron 25 años de su entrada en vigencia en el país y, sin embargo, aún se incumple en muchos casos.
Este lunes a las 16, referentes del tema participarán de una mesa debate sobre el incumplimiento del convenio en la región que se realizará en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén capital). Participarán Fernando Croxato, obispo de Neuquén; Lorena Hhiguera, vicerrectora de la Universidad Nacional del Comahue; Lefxaru Nawel; Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; Manuel Tufró (CELS) y Orlando Carriqueo, coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche.
La discusión por la ley de extranjerización de la tierra puso el tema nuevamente en agenda en la provincia y una multitud se movilizó esta semana en la capital en rechazo del proyecto, que finalmente fue retirado del proyecto oficialista. Sí se aprobaron dos capítulos que afectan directamente a los pueblos originarios: restricciones a las expropiaciones, una posible solución en algunos conflictos por la tierra, y facilidades para desalojar.
“Acá la lucha no es por el reconocimiento de derechos sino por la aplicación de esos derechos. Personería jurídica, derecho a la consulta y propiedad de la tierra: ninguno de esos tres derechos hoy se están respondiendo. Es parte de la enorme deuda que tiene el Estado con el pueblo mapuche. No sólo este gobierno, sino todos los gobiernos que lo han antecedido, pero eso se agudizó con la llegada del fracking a nuestro a nuestra región en 2013”, explicó el abogado mapuche.
El reclamo principal en este momento es que la provincia les otorgue la personería jurídica. El año pasado, varios referentes mapuches se encadenaron frente a la gobernación, a cargo de Rolando Figueroa, y lo único que lograron fue ser reprimidos por las fuerzas de seguridad. Y hace un mes la provincia rechazó los pedidos de personería jurídica de dos comunidades con el argumento de que no había pruebas de que eran mapuches.
“La personalidad jurídica es como el DNI de la comunidad y sin ese papel no hay ningún trámite que vos pueda agilizar, menos aún defenderse judicialmente. Ese documento debería de ser un trámite de los más normal porque es un derecho pero nos privan de ese papel para dejarnos indefensos jurídicamente y así no poder defendernos cuando otorgan una concesión petrolera en nuestro territorio”, manifestó Lefxaru Nawel y añadió: “Es la provincia la que tiene que dar respuesta a todas estas demandas de derechos y, en una actitud totalmente perversa, nos invita a que denunciemos a nivel internacional: ellos saben que esa no es una solución a corto plazo. Nosotros hemos iniciado causas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero somos conscientes que puede llevar como mínimo una década”.
El incumplimiento de los acuerdos por los derechos de los pueblos originarios sobre ese territorio será eje de una charla que se realizará este lunes a las 16 en la Universidad Nacional del Comahue.
La discusión por la extranjerización de la tierra puso el tema nuevamente en agenda.
En Vaca Muerta, corazón del modelo extractivista, se produce una ilusión óptica: mientras algunos ven una joya de recursos que va a salvar al país, las comunidades mapuches ven expulsión y exclusión. El boom de explotación petrolera que vive Neuquén la ubicó como una de las pocas provincias con crecimiento económico en pleno derrumbe general, un dato que le permite venderse como un modelo exitoso. Pero no todos reciben lo que se derrama de Vaca Muerta.
“Es una gran mentira que Neuquén es la isla de la fantasía, es un gran relato que oculta la desigualdad tremenda que hay. Nuestra comunidad mapuche, el lof Newen Mapu, está ubicada en la meseta de Neuquén. Estamos parados sobre una enorme reserva de gas pero no tenemos gas; estamos a pocas metros de un acueducto pero no tenemos agua y no tenemos electricidad”, explicó en diálogo con Tiempo Lefxaru Nawel, abogado y vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Se cumplieron 13 años del acuerdo de YPF con Chevrón que dio inicio a la explotación del yacimiento de petróleo y gas no convencional con epicentro en Añelo. La zona multiplicó su población y se convirtió en un hervidero de camiones, camionetas, máquinas y pozos.
“Un territorio que lo único que contenía era a la familia y a su economía de supervivencia y de pequeña ganadería hoy se ve invadida por picadas, caminos nuevos, enormes maquinarias que entran y salen, levantan un polvo que destruye todo lo que es naturaleza, que ha hecho dispersar a todo lo que es vida animal”, detalló Lefxaru Nawel.
El impacto ambiental es indiscutible. El fracking, que es la fractura de la piedra para poder extraer el combustible, produce movimientos sísmicos y los pobladores ven cómo, por el movimiento del suelo, desaparecen vertientes de agua que antes los abastecían. Los pozos también liberan gases contaminantes a las atmósfera, como el metano, que genera un tremendo impacto sobre la salud de las personas, de los animales que usan de alimento y de las plantas.
En la provincia de Neuquén hay 70 comunidades y son 30 las que se encuentran en las cercanías de la formación geológica de Vaca Muerta. En la zona de Añelo, hay 12 comunidades afectadas y que reclaman al gobierno de Neuquén por estas violaciones y por la titularidad de esas tierras.
Los derechos de los pueblos originarios sobre esas tierras están garantizados por la Constitución de Neuquén, la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas, del que este año se cumplieron 25 años de su entrada en vigencia en el país y, sin embargo, aún se incumple en muchos casos.
Este lunes a las 16, referentes del tema participarán de una mesa debate sobre el incumplimiento del convenio en la región que se realizará en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén capital). Participarán Fernando Croxato, obispo de Neuquén; Lorena Hhiguera, vicerrectora de la Universidad Nacional del Comahue; Lefxaru Nawel; Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; Manuel Tufró (CELS) y Orlando Carriqueo, coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche.
La discusión por la ley de extranjerización de la tierra puso el tema nuevamente en agenda en la provincia y una multitud se movilizó esta semana en la capital en rechazo del proyecto, que finalmente fue retirado del proyecto oficialista. Sí se aprobaron dos capítulos que afectan directamente a los pueblos originarios: restricciones a las expropiaciones, una posible solución en algunos conflictos por la tierra, y facilidades para desalojar.
“Acá la lucha no es por el reconocimiento de derechos sino por la aplicación de esos derechos. Personería jurídica, derecho a la consulta y propiedad de la tierra: ninguno de esos tres derechos hoy se están respondiendo. Es parte de la enorme deuda que tiene el Estado con el pueblo mapuche. No sólo este gobierno, sino todos los gobiernos que lo han antecedido, pero eso se agudizó con la llegada del fracking a nuestro a nuestra región en 2013”, explicó el abogado mapuche.
El reclamo principal en este momento es que la provincia les otorgue la personería jurídica. El año pasado, varios referentes mapuches se encadenaron frente a la gobernación, a cargo de Rolando Figueroa, y lo único que lograron fue ser reprimidos por las fuerzas de seguridad. Y hace un mes la provincia rechazó los pedidos de personería jurídica de dos comunidades con el argumento de que no había pruebas de que eran mapuches.
“La personalidad jurídica es como el DNI de la comunidad y sin ese papel no hay ningún trámite que vos pueda agilizar, menos aún defenderse judicialmente. Ese documento debería de ser un trámite de los más normal porque es un derecho pero nos privan de ese papel para dejarnos indefensos jurídicamente y así no poder defendernos cuando otorgan una concesión petrolera en nuestro territorio”, manifestó Lefxaru Nawel y añadió: “Es la provincia la que tiene que dar respuesta a todas estas demandas de derechos y, en una actitud totalmente perversa, nos invita a que denunciemos a nivel internacional: ellos saben que esa no es una solución a corto plazo. Nosotros hemos iniciado causas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero somos conscientes que puede llevar como mínimo una década”.
Política – Tiempo Argentino
