Hace una década, el 31 de agosto de 2016, la derecha brasileña consumó la destitución de Dilma Rousseff. Para derrocar a la presidenta no necesitó tomar el poder mediante las armas: En su lugar, subvirtió las instituciones y disfrazó un Golpe de Estado bajo la figura de un impeachment, abriendo paso a un régimen autoritario que reinstauró un Estado excluyente y despojó de derechos a las mayorías.
Las perspectivas puramente institucionalistas, enfocadas únicamente en los pasos procedimentales, suelen omitir las disputas de poder extra-institucionales. Esta visión limitada no logró advertir que la derecha sustituyó las dictaduras militares del siglo XX por la «guerra jurídica» (lawfare), un mecanismo donde el Poder Judicial aplica la ley de manera arbitraria a favor del establishment y en perjuicio de los movimientos populares.
El caso de Dilma Rousseff en Brasil se sumó a una lista que ya integraban Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay, desplazados mediante artilugios parlamentarios. A ellos se añaden líderes como Luiz Inácio Lula da Silva o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, encarcelados o proscriptos para evitar que expresaran la voluntad de sus pueblos. Esta flexibilidad legal le permite al poder económico remover o vetar a los gobernantes que le resultan incómodos.
Hoy, además de profundizar la fragilidad democrática, la derecha va más allá del uso del aparato judicial: busca destruir el consenso básico del principio democrático. Para ello, desprestigia los acuerdos mayoritarios y erosiona los valores y pactos de coexistencia plural sobre los que se asienta la democracia. Se construye así una narrativa que transforma al adversario político en un enemigo a eliminar, apoyada en el dominio intensivo de las redes sociales y el relato virtual, la plataforma idónea para el ascenso de líderes que avasallan las instituciones.
Así se expresa un neofascismo —no es exagerado llamarlo así— que utiliza los medios institucionales de manera despótica, sosteniéndose en la sola fuerza de su propia posverdad, al mejor estilo de la propaganda del régimen nazi.
Si limitamos la definición de Golpe de Estado al cese formal del juego institucional, se pierde de vista cómo operaron históricamente el fascismo o el nazismo como asaltos a la democracia. Se ignora el desgaste constante que Mussolini y Hitler ejercieron sobre las bases de la república para imponer su poder absoluto.
A diez años del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, la lección es clara: la democracia formal ya no garantiza el equilibrio entre fuertes y débiles. Para defender los derechos de las mayorías y recuperar un verdadero «Gobierno del Pueblo», es imprescindible reafirmar el compromiso con la voluntad popular, dar la disputa por el sentido democrático y defender el sagrado principio de la igualdad, tal como lo proponía Mariano Moreno en los albores de nuestra nación y cuyo legado sigue vigente para toda América Latina.
Uno de los casos más flagrantes que demuestra cómo la derecha sustituyó las dictaduras militares del siglo XX por la «guerra jurídica» .
Hace una década, el 31 de agosto de 2016, la derecha brasileña consumó la destitución de Dilma Rousseff. Para derrocar a la presidenta no necesitó tomar el poder mediante las armas: En su lugar, subvirtió las instituciones y disfrazó un Golpe de Estado bajo la figura de un impeachment, abriendo paso a un régimen autoritario que reinstauró un Estado excluyente y despojó de derechos a las mayorías.
Las perspectivas puramente institucionalistas, enfocadas únicamente en los pasos procedimentales, suelen omitir las disputas de poder extra-institucionales. Esta visión limitada no logró advertir que la derecha sustituyó las dictaduras militares del siglo XX por la «guerra jurídica» (lawfare), un mecanismo donde el Poder Judicial aplica la ley de manera arbitraria a favor del establishment y en perjuicio de los movimientos populares.
El caso de Dilma Rousseff en Brasil se sumó a una lista que ya integraban Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay, desplazados mediante artilugios parlamentarios. A ellos se añaden líderes como Luiz Inácio Lula da Silva o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, encarcelados o proscriptos para evitar que expresaran la voluntad de sus pueblos. Esta flexibilidad legal le permite al poder económico remover o vetar a los gobernantes que le resultan incómodos.
Hoy, además de profundizar la fragilidad democrática, la derecha va más allá del uso del aparato judicial: busca destruir el consenso básico del principio democrático. Para ello, desprestigia los acuerdos mayoritarios y erosiona los valores y pactos de coexistencia plural sobre los que se asienta la democracia. Se construye así una narrativa que transforma al adversario político en un enemigo a eliminar, apoyada en el dominio intensivo de las redes sociales y el relato virtual, la plataforma idónea para el ascenso de líderes que avasallan las instituciones.
Así se expresa un neofascismo —no es exagerado llamarlo así— que utiliza los medios institucionales de manera despótica, sosteniéndose en la sola fuerza de su propia posverdad, al mejor estilo de la propaganda del régimen nazi.
Si limitamos la definición de Golpe de Estado al cese formal del juego institucional, se pierde de vista cómo operaron históricamente el fascismo o el nazismo como asaltos a la democracia. Se ignora el desgaste constante que Mussolini y Hitler ejercieron sobre las bases de la república para imponer su poder absoluto.
A diez años del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, la lección es clara: la democracia formal ya no garantiza el equilibrio entre fuertes y débiles. Para defender los derechos de las mayorías y recuperar un verdadero «Gobierno del Pueblo», es imprescindible reafirmar el compromiso con la voluntad popular, dar la disputa por el sentido democrático y defender el sagrado principio de la igualdad, tal como lo proponía Mariano Moreno en los albores de nuestra nación y cuyo legado sigue vigente para toda América Latina.
Mundo – Tiempo Argentino
