En un nuevo episodio de persecución a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ordenaron este viernes avanzar en la ejecución de bienes de la ex presidenta y sus hijos para cubrir el monto de dinero que el tribunal que la condenó fijó en el marco de la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La medida tomada por los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal alcanza propiedades de la actual presidenta del Partido Justicialista. Pero la persecución también se extiende hacia su familia: la justicia ptretende arrebatarle también propiedades a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

La expropiación también alcanza a más de 80 inmuebles del resto de los condenados en la causa Vialidad. Y además, quieren el patrimonio de Lázaro Báez y sus empresas.

El fallo se enmarca en una condena por la que la expresidenta cumple una pena de prisión domiciliaria en su departamento de San José 111 del barrio porteño de Constitución.

La decisión de los jueces se produce en medio de los escándalos judiciales que involucran al Gobierno y que apuntan la agenda judicial hacia el presidente Javier Milei y su gabinete.

Los abogados de la ex presidenta y sus hijos se quejaron de la disposición, al argumentar que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de su padre, Néstor Kirchner, o recibidos por cesión en 2016, y que incluso algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.

Los jueces pretenden decomisar bienes para que queden en manos de la Corte Suprema de Justicia, quien se encargará de su administración y eventual venta.