El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó al Senado 72 horas para preparar su defensa ante el eventual juicio político en su contra.
«He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso», publicó en sus redes sociales.
Según el propio mandatario, al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido proceso, entre ellas, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa.
He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.
Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles.
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026
A su vez, el abogado Óscar Tuma explicó que, de rechazarse la petición, Peña podrá alegar persecución política al impedirle el derecho a la defensa lo que pondría en riesgo que solicite asilo político en el exterior.
Este jueves, el Congreso suspendió por falta de cuórum una votación sobre la renuncia o eventual juicio político al presidente Peña, quien presentó su dimisión por el escándalo del cierre de la institución financiera ueno bank.
Al no haberse votado ni aprobado la solicitud de renuncia, Peña se mantiene de forma oficial al frente del ejecutivo, a la espera de las decisiones que adopte el Poder Legislativo.
Sectores de la oposición afirman que Peña renunció para evitar ser destituido mediante juicio político, para así asumir como senador vitalicio, lo que le otorgaría fueros parlamentarios y obstaculizaría una eventual investigación penal en su contra por el escándalo financiero.
Antes, el Ministerio Público de Paraguay anunció la apertura de sendas causas penales contra Peña y otras exautoridades vinculadas al cierre por insolvencia de ueno bank, que afectó a unos tres millones de clientes.
La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) anunció el cierre de ueno bank tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50 por ciento del mínimo legal exigido.
Ante la situación, Peña exigió la renuncia inmediata de Carlos Carvallo como presidente del BCP e impulsó la renovación de sus autoridades, que incluyó la designación de Pedro de Jesús Acosta como miembro del Directorio.
El miércoles, Peña también promulgó una ley que permite anticipar parte de los fondos de garantía a los ahorristas afectados por el cierre de ueno bank, con el objetivo de agilizar la recuperación de sus depósitos.
Mientras tanto, en las inmediaciones del edificio legislativo, cientos de manifestantes y ahorristas afectados por la crisis de liquidez de Ueno Bank mantuvieron una vigilia pacífica a la espera del desenlace del juicio parlamentario.
🇵🇾 Paraguaios realizam grandes manifestações nos entornos do Congresso do Paraguai, em Assunção, demonstrando pacificamente sua revolta contra o escândalo do Ueno Bank e renúncia do presidente Santiago Peña, que pode o deixar impune de seus atos. https://t.co/rz5emjfr4e
— Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) November 6, 2026
La causa penal
En paralelo, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, ordenó el jueves abrir causas penales contra el presidente Santiago Peña y otras exautoridades vinculadas al cierre por insolvencia de la entidad financiera Ueno Bank, que afectó a unos tres millones de clientes.
«Disponer la apertura de una causa penal por cada una de las denuncias para proceder a las investigaciones pertinentes y designar para dicha tarea a un equipo de trabajo; según las consideraciones que anteceden», señala la resolución firmada por Rolón para investigar las denuncias contra Peña, cuya renuncia a la Presidencia se debate en el Congreso.
Asimismo, se contempla otra denuncia presentada por senadores contra autoridades del Poder Ejecutivo, funcionarios y exfuncionarios del Banco Central del Paraguay, del Instituto de Previsión Social y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
El titular del Ministerio Público designó además a un equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar los hechos denunciados en relación con la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos en esa entidad y las actuaciones de autoridades de distintas instituciones del Estado.
El pedido tiene como antecedente una denuncia presentada el 22 de octubre de 2025, que incorpora cuestionamientos relacionados con la supervisión y resolución de la entidad bancaria.
La Cámara de Diputados de Paraguay había aprobado previamente someter a juicio político a Peña, quien presentó su renuncia a la Presidencia tras el escándalo derivado del cierre de Ueno Bank.
Durante esa misma sesión, los diputados rechazaron, por 30 votos a favor y 48 en contra, realizar un antejuicio al vicepresidente Pedro Alliana, quien asumiría la Presidencia en reemplazo de Peña, en virtud del artículo 234 de la Constitución paraguaya, que establece el mecanismo de sucesión presidencial.
La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central de Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50 por ciento del mínimo legal exigido.
Ante esta situación, Peña exigió la renuncia inmediata de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central del Paraguay e impulsó la renovación de sus autoridades, que incluyó la designación de Pedro de Jesús Acosta como nuevo miembro del Directorio.
El miércoles, Peña también promulgó una ley que permite adelantar una parte de los fondos de garantía a los ahorristas afectados por el cierre de Ueno Bank, con el objetivo de agilizar la recuperación de sus depósitos.
GS con información de Sputnik, Europa Press y NA
El presidente paraguayo debe comparecer ante la Cámara Alta en el marco del proceso de destitución por el escándalo del Ueno Bank. El Ministerio Público también ordenó iniciarle una causa penal. El Gobierno desmintió las versiones sobre una supuesta fuga del país.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó al Senado del país 72 horas para preparar su defensa ante el eventual juicio político en su contra.
«He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso», publicó en sus redes sociales.
Según el propio mandatario, al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido proceso, entre ellas, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa.
A su vez, el abogado Óscar Tuma explicó que, de rechazarse la petición, Peña podrá alegar persecución política al impedirle el derecho a la defensa lo que pondría en riesgo que solicite asilo político en el exterior.
Este jueves, el Congreso suspendió por falta de cuórum una votación sobre la renuncia o eventual juicio político al presidente Peña, quien presentó su dimisión por el escándalo del cierre de la institución financiera ueno bank.
Al no haberse votado ni aprobado la solicitud de renuncia, Peña se mantiene de forma oficial al frente del ejecutivo, a la espera de las decisiones que adopte el Poder Legislativo.
Sectores de la oposición afirman que Peña renunció para evitar ser destituido mediante juicio político, para así asumir como senador vitalicio, lo que le otorgaría fueros parlamentarios y obstaculizaría una eventual investigación penal en su contra por el escándalo financiero.
Antes, el Ministerio Público de Paraguay anunció la apertura de sendas causas penales contra Peña y otras exautoridades vinculadas al cierre por insolvencia de ueno bank, que afectó a unos tres millones de clientes.
La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) anunció el cierre de ueno bank tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50 por ciento del mínimo legal exigido.
Ante la situación, Peña exigió la renuncia inmediata de Carlos Carvallo como presidente del BCP e impulsó la renovación de sus autoridades, que incluyó la designación de Pedro de Jesús Acosta como miembro del Directorio.
El miércoles, Peña también promulgó una ley que permite anticipar parte de los fondos de garantía a los ahorristas afectados por el cierre de ueno bank, con el objetivo de agilizar la recuperación de sus depósitos.
Mientras tanto, en las inmediaciones del edificio legislativo, cientos de manifestantes y ahorristas afectados por la crisis de liquidez de Ueno Bank mantuvieron una vigilia pacífica a la espera del desenlace del juicio parlamentario.
En paralelo, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, ordenó el jueves abrir causas penales contra el presidente Santiago Peña y otras exautoridades vinculadas al cierre por insolvencia de la entidad financiera Ueno Bank, que afectó a unos tres millones de clientes.
«Disponer la apertura de una causa penal por cada una de las denuncias para proceder a las investigaciones pertinentes y designar para dicha tarea a un equipo de trabajo; según las consideraciones que anteceden», señala la resolución firmada por Rolón para investigar las denuncias contra Peña, cuya renuncia a la Presidencia se debate en el Congreso.
Asimismo, se contempla otra denuncia presentada por senadores contra autoridades del Poder Ejecutivo, funcionarios y exfuncionarios del Banco Central del Paraguay, del Instituto de Previsión Social y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
El titular del Ministerio Público designó además a un equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar los hechos denunciados en relación con la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos en esa entidad y las actuaciones de autoridades de distintas instituciones del Estado.
El pedido tiene como antecedente una denuncia presentada el 22 de octubre de 2025, que incorpora cuestionamientos relacionados con la supervisión y resolución de la entidad bancaria.
La Cámara de Diputados de Paraguay había aprobado previamente someter a juicio político a Peña, quien presentó su renuncia a la Presidencia tras el escándalo derivado del cierre de Ueno Bank.
Durante esa misma sesión, los diputados rechazaron, por 30 votos a favor y 48 en contra, realizar un antejuicio al vicepresidente Pedro Alliana, quien asumiría la Presidencia en reemplazo de Peña, en virtud del artículo 234 de la Constitución paraguaya, que establece el mecanismo de sucesión presidencial.
La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central de Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50 por ciento del mínimo legal exigido.
Ante esta situación, Peña exigió la renuncia inmediata de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central del Paraguay e impulsó la renovación de sus autoridades, que incluyó la designación de Pedro de Jesús Acosta como nuevo miembro del Directorio.
El miércoles, Peña también promulgó una ley que permite adelantar una parte de los fondos de garantía a los ahorristas afectados por el cierre de Ueno Bank, con el objetivo de agilizar la recuperación de sus depósitos.
GS con información de Sputnik, Europa Press y NA
Mundo – Tiempo Argentino
