“No encontrarse adecuadamente compenetrados con la filosofía del Proceso de Reorganización Nacional” fue el motivó que esgrimieron los jerarcas de la última dictadura en un documento del Ejército que en 1980 ordenaba la exoneración y baja de un grupo de oficiales del Ejército vinculados mayormente con el peronismo y que se habían mostrado reticencias frente al plan sistemático de represión ilegal que aplicaba el régimen castrense.
“Los 33 Orientales”, era el nombre que se les dio a este conjunto de efectivos cuyas sanciones quedaron expresadas en un documento firmado por el genocida Leopoldo Fortunato Galtieri, en su condición de comandante en jefe del Ejército e integrante de la Junta Militar que gobernaba el país.
El apodo que estos oficiales se otorgaron remite al grupo de revolucionarios que, conducidos por el prócer uruguayo Juan Antonio Lavalleja, desembarcaron en 1825 en la Playa de la Agraciada para liberar a la provincia Oriental de la ocupación del Imperio brasileño.
Se trató de una depuración orientaba a remover a militares identificados con el justicialismo, sin embargo, la composición de este grupo era bastante variopinta, y algunos de estos oficiales estuvieron vinculados con delitos de lesa humanidad, y uno de ellos permanece, al día de hoy, en condición de prófugo de la Justicia.
El origen de este grupo de capitanes y tenientes se remonta a fines de la década de los años ’60, cuando varios de ellos eran cadetes en el Colegio Militar y comenzaron a desarrollar actividades políticas contrarias al gobierno del general Juan Carlos Onganía.
Estaban inspirados en Julián Licastro y José Luis Fernández Valoni, instructores en el colegio militar y dados de baja por su oposición al régimen en tiempos del Cordobazo y que luego fundaron el Comando Tecnológico Peronista, una agrupación de cuadros intelectuales formada cuando Juan Domingo Perón aún se encontraba en el exilio.
Estos oficiales nunca llegaron a constituirse como una organización y tras las elecciones de 1973 se mantuvieron en actividad en diversos destinos. En los últimos meses de la administración de Isabel Perón, cuando la violencia política recrudecía, la conducción del Ejército que estaba al mando de Jorge Rafael Videla (que luego sería presidente tras el golpe del 24 de marzo de 1976) puso la mira en estos efectivos.
“Hubo distintas purgas hasta que quedamos 33 y nos dieron la baja”, señaló en diálogo con Tiempo Argentino Ernesto Facundo Urién, teniente primero del Ejército dado de baja en la criba de 1980.
Urien es hermano de Julio César Urien, quien como joven oficial de la Armada se sublevó en la ESMA al frente de una partida de suboficiales, el 17 de noviembre de 1972, cuando Perón volvía a Argentina. Julio César fue detenido y recuperó la libertad con la amnistía del 25 de Mayo de 1973. Se integró a Montoneros y luego volvió a la cárcel. Allí se encontraba cuando se produjo la baja masiva de los 33.
“Quedé en la mira por portación de apellido y porque me opuse a la represión ilegal, aunque nunca avalé la lucha armada de las organizaciones guerrilleras”, remarca Ernesto, quien en la actualidad se desempeña como empresario agropecuario.
Ernesto Urien declaró en varios juicios de lesa humanidad, en los cuales confirmó el accionar represivo en centros de detención y la existencia de fosas comunes durante la última dictadura cívico militar.
“Los argentinos vivimos una tragedia. Nos enfrentamos en una guerra interna mientras nos digitaban desde afuera”, subrayó Urien.
EL MILITAR QUE ELIGIÓ
Uno de los casos emblemáticos de los 33 orientales fue el de Eduardo Pedro Serrano. En el juicio de lesa humanidad de Monte Peloni se ventiló su actuación de defensor del militante Ruben Sampini, secuestrado cuando cumplía el servicio militar en Olavarría.
Serrano se comunicó con la familia de Sampini y pidió la absolución del conscripto ante la farsa judicial que se montó en ese Consejo, que le dio 10 años de prisión. Tiempo después, la familia de Sampini le preguntaría al coronel Aníbal Verdura, máximo responsable militar en el centro de la provincia de Buenos Aires por ese teniente primero que había representado a Ruben. “No pertenece más al ejército. Él eligió”.
En el informe que recomendaba la baja de Serrano en 1980, un teniente coronel llamado Pedro Eugenio Marfil indicó que el oficial se había negado a reprimir a los manifestantes que se concentraron alrededor del penal de Villa Devoto, el 25 de Mayo de 1973. En ese documento se mencionaba a Serrano como un “elemento poco confiable”. Tras ser dado de baja, el exmilitar se doctoró en matemáticas y se desempeñó como académico en la Universidad Nacional de San Martín.
LA REPARACIÓN Y ALGUNOS CLAROSCUROS
En diciembre de 2007, por el impulso del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso Nacional sancionó una ley de reparación y restitución de derechos para quienes habían sido dados de baja por no someterse a las órdenes de sus superiores durante la última dictadura militar.
Unos de los beneficiados por esa ley fue el capitán Luis Tibiletti, exsecretario de Seguridad Interior y asesor del Ministerio de Defensa. En 2010, debió alejarse de su cargo cuando trascendieron los documentos de descargo que presentó como respuesta a la orden de baja que firmó Galtieri. Afirmaba haber participado en “operaciones de control y requisas” y solicitaba conservar su grado en el Ejército.
“Todos debimos presentar un descargo cuando nos dieron de baja y por presión de los auditores nos vimos presionados a decir que estábamos consustanciados con los ideales del Ejército tenía entonces. Nunca participé en operaciones ilegales”, aseguró Tibiletti a Tiempo Argentino.
En ese sentido, remarcó que actuó como funcionario de la democracia y que resultó sobreseído de las investigaciones que se le siguieron por delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, hubo otros integrantes de los 33 Orientales que no lograron quedar indemnes de acusaciones sobre participación en hechos de terrorismo de Estado.
El exteniente coronel Miguel Ángel García Moreno continúa hasta la actualidad prófugo de la justicia por delitos cometidos en La Escuelita, el centro de detención ilegal que funcionó en Bahía Blanca, según confirmaron a este medio fuentes judiciales.
Otro de los señalados de tener vinculaciones con el terrorismo de Estado es Carlos Sánchez Toranzo, dado de baja con el grado de teniente coronel, y que admitió haber sido nombrado por el titular del Primer Cuerpo de Ejército, Guillermo Suárez como enlace ante quienes se encontraban detenidos a disposición del PEN. En esa condición visitaba los penales de la dictadura prometiendo perdones si se arrepentían de haber formado parte de alguna organización guerrillera.
“Me visitó cuando estaba a disposición del PEN en la Unidad 9 y me reconoció que a mis compañeros los habían matado en el Pozo de Banfield. Se corría de la represión ilegal, de las torturas y las desapariciones. Me decía que habíamos sido unos perejiles. Me careé con él en un Juico de la Verdad que se hizo en La Plata”, afirmó a Tiempo Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices.
Sánchez Toranzo nunca llegó a juicio por los cargos que se le formularon.
En 1980, un grupo de oficiales del Ejército, identificados con el peronismo, fueron dados de baja por cuestionar el terrorismo de Estado.
“No encontrarse adecuadamente compenetrados con la filosofía del Proceso de Reorganización Nacional” fue el motivó que esgrimieron los jerarcas de la última dictadura en un documento del Ejército que en 1980 ordenaba la exoneración y baja de un grupo de oficiales del Ejército vinculados mayormente con el peronismo y que se habían mostrado reticencias frente al plan sistemático de represión ilegal que aplicaba el régimen castrense.
“Los 33 Orientales”, era el nombre que se les dio a este conjunto de efectivos cuyas sanciones quedaron expresadas en un documento firmado por el genocida Leopoldo Fortunato Galtieri, en su condición de comandante en jefe del Ejército e integrante de la Junta Militar que gobernaba el país.
El apodo que estos oficiales se otorgaron remite al grupo de revolucionarios que, conducidos por el prócer uruguayo Juan Antonio Lavalleja, desembarcaron en 1825 en la Playa de la Agraciada para liberar a la provincia Oriental de la ocupación del Imperio brasileño.
Se trató de una depuración orientaba a remover a militares identificados con el justicialismo, sin embargo, la composición de este grupo era bastante variopinta, y algunos de estos oficiales estuvieron vinculados con delitos de lesa humanidad, y uno de ellos permanece, al día de hoy, en condición de prófugo de la Justicia.
El origen de este grupo de capitanes y tenientes se remonta a fines de la década de los años ’60, cuando varios de ellos eran cadetes en el Colegio Militar y comenzaron a desarrollar actividades políticas contrarias al gobierno del general Juan Carlos Onganía.
Estaban inspirados en Julián Licastro y José Luis Fernández Valoni, instructores en el colegio militar y dados de baja por su oposición al régimen en tiempos del Cordobazo y que luego fundaron el Comando Tecnológico Peronista, una agrupación de cuadros intelectuales formada cuando Juan Domingo Perón aún se encontraba en el exilio.
Estos oficiales nunca llegaron a constituirse como una organización y tras las elecciones de 1973 se mantuvieron en actividad en diversos destinos. En los últimos meses de la administración de Isabel Perón, cuando la violencia política recrudecía, la conducción del Ejército que estaba al mando de Jorge Rafael Videla (que luego sería presidente tras el golpe del 24 de marzo de 1976) puso la mira en estos efectivos.
“Hubo distintas purgas hasta que quedamos 33 y nos dieron la baja”, señaló en diálogo con Tiempo Argentino Ernesto Facundo Urién, teniente primero del Ejército dado de baja en la criba de 1980.
Urien es hermano de Julio César Urien, quien como joven oficial de la Armada se sublevó en la ESMA al frente de una partida de suboficiales, el 17 de noviembre de 1972, cuando Perón volvía a Argentina. Julio César fue detenido y recuperó la libertad con la amnistía del 25 de Mayo de 1973. Se integró a Montoneros y luego volvió a la cárcel. Allí se encontraba cuando se produjo la baja masiva de los 33.
“Quedé en la mira por portación de apellido y porque me opuse a la represión ilegal, aunque nunca avalé la lucha armada de las organizaciones guerrilleras”, remarca Ernesto, quien en la actualidad se desempeña como empresario agropecuario.
Ernesto Urien declaró en varios juicios de lesa humanidad, en los cuales confirmó el accionar represivo en centros de detención y la existencia de fosas comunes durante la última dictadura cívico militar.
“Los argentinos vivimos una tragedia. Nos enfrentamos en una guerra interna mientras nos digitaban desde afuera”, subrayó Urien.
EL MILITAR QUE ELIGIÓ
Uno de los casos emblemáticos de los 33 orientales fue el de Eduardo Pedro Serrano. En el juicio de lesa humanidad de Monte Peloni se ventiló su actuación de defensor del militante Ruben Sampini, secuestrado cuando cumplía el servicio militar en Olavarría.
Serrano se comunicó con la familia de Sampini y pidió la absolución del conscripto ante la farsa judicial que se montó en ese Consejo, que le dio 10 años de prisión. Tiempo después, la familia de Sampini le preguntaría al coronel Aníbal Verdura, máximo responsable militar en el centro de la provincia de Buenos Aires por ese teniente primero que había representado a Ruben. “No pertenece más al ejército. Él eligió”.
En el informe que recomendaba la baja de Serrano en 1980, un teniente coronel llamado Pedro Eugenio Marfil indicó que el oficial se había negado a reprimir a los manifestantes que se concentraron alrededor del penal de Villa Devoto, el 25 de Mayo de 1973. En ese documento se mencionaba a Serrano como un “elemento poco confiable”. Tras ser dado de baja, el exmilitar se doctoró en matemáticas y se desempeñó como académico en la Universidad Nacional de San Martín.
LA REPARACIÓN Y ALGUNOS CLAROSCUROS
En diciembre de 2007, por el impulso del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso Nacional sancionó una ley de reparación y restitución de derechos para quienes habían sido dados de baja por no someterse a las órdenes de sus superiores durante la última dictadura militar.
Unos de los beneficiados por esa ley fue el capitán Luis Tibiletti, exsecretario de Seguridad Interior y asesor del Ministerio de Defensa. En 2010, debió alejarse de su cargo cuando trascendieron los documentos de descargo que presentó como respuesta a la orden de baja que firmó Galtieri. Afirmaba haber participado en “operaciones de control y requisas” y solicitaba conservar su grado en el Ejército.
“Todos debimos presentar un descargo cuando nos dieron de baja y por presión de los auditores nos vimos presionados a decir que estábamos consustanciados con los ideales del Ejército tenía entonces. Nunca participé en operaciones ilegales”, aseguró Tibiletti a Tiempo Argentino.
En ese sentido, remarcó que actuó como funcionario de la democracia y que resultó sobreseído de las investigaciones que se le siguieron por delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, hubo otros integrantes de los 33 Orientales que no lograron quedar indemnes de acusaciones sobre participación en hechos de terrorismo de Estado.
El exteniente coronel Miguel Ángel García Moreno continúa hasta la actualidad prófugo de la justicia por delitos cometidos en La Escuelita, el centro de detención ilegal que funcionó en Bahía Blanca, según confirmaron a este medio fuentes judiciales.
Otro de los señalados de tener vinculaciones con el terrorismo de Estado es Carlos Sánchez Toranzo, dado de baja con el grado de teniente coronel, y que admitió haber sido nombrado por el titular del Primer Cuerpo de Ejército, Guillermo Suárez como enlace ante quienes se encontraban detenidos a disposición del PEN. En esa condición visitaba los penales de la dictadura prometiendo perdones si se arrepentían de haber formado parte de alguna organización guerrillera.
“Me visitó cuando estaba a disposición del PEN en la Unidad 9 y me reconoció que a mis compañeros los habían matado en el Pozo de Banfield. Se corría de la represión ilegal, de las torturas y las desapariciones. Me decía que habíamos sido unos perejiles. Me careé con él en un Juico de la Verdad que se hizo en La Plata”, afirmó a Tiempo Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices.
Sánchez Toranzo nunca llegó a juicio por los cargos que se le formularon.
Política – Tiempo Argentino
