Para el Fondo Monetario Internacional, la deuda de los hogares argentinos está bajo control. La vocera del organismo, Julie Kozack, sostuvo que el aumento de la morosidad “no representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país” y respaldó esa lectura con un dato: el endeudamiento familiar ronda el 8% del PBI, bajo frente al promedio regional. El número es correcto. Describe, sin embargo, apenas una parte de la ecuación.
El dato que el FMI elige no medir
El 8% del PBI mide la exposición del acreedor, no la capacidad de pago de los hogares. La cifra que citó Kozack es una estimación del organismo sobre el crédito a hogares. El 4,69% surge de la serie histórica estandarizada del propio FMI —la Global Debt Database—, que mide la deuda de los hogares sobre el PBI. Ese nivel de crédito formal es excepcionalmente bajo. Es exclusión financiera: los hogares no acceden a la banca formal, sino al circuito no bancario, con tasas sensiblemente más altas, donde operan usureros con tasas exponenciales.
Hay un dato que el informe menciona sin subrayar: los bancos tienen provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos en mora. Más que solidez, eso confirma que el daño ya ocurrió. La pregunta que el FMI no responde es quién cubre a los hogares.
La mora que se quintuplicó
El “Mapa de la Deuda” del Centro de Estudios para la Ciudad, elaborado junto a la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, y un informe independiente de la Universidad Austral-EcoGo coinciden en un dato: la mora total de las familias —por monto sobre el total del crédito— pasó del 3,6% en diciembre de 2024 al 17,5% en junio de 2026. En dieciocho meses, el indicador se multiplicó casi por cinco. Uno de cada cuatro deudores del sistema (26,1%) registraba atrasos de más de noventa días.
El Banco Central confirma la tendencia: la irregularidad del crédito bancario a familias pasó del 2,5% a fines de 2024 al 12,8% en junio de 2026. El crédito no bancario —financieras de consumo, cadenas de electrodomésticos, billeteras virtuales— concentra el mayor deterioro, con una mora que supera el 30%, más del doble que en la banca formal. En la provincia de Buenos Aires, la mora en fintech alcanza el 38,1%. Es el circuito que atiende a quienes tienen ingresos informales, con tasas y punitorios más altos.
Un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), difundido en agosto de 2026, revela que el 92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda.
Las mujeres que se endeudan para cuidar
La morosidad tiene género y edad. Las mujeres menores de 25 años alcanzan la tasa más alta del país, 38,25%, más del doble del promedio nacional de mora (17,94%, según el IETSE). Son 784.172 deudoras; 311.087 tienen atrasos en sus pagos. El fenómeno se profundiza en el interior donde varias provincias superan el 40% de mora entre las mujeres jóvenes.
Detrás de esos porcentajes hay una explicación documentada: las mujeres recurren al crédito para sostener tareas de cuidado ausentes del financiamiento estatal y no remuneradas por el mercado laboral. El trabajo invisible representó en 2022 el 16,8% del PBI —por encima del comercio y la industria—, según una estimación del Ministerio de Economía publicada en 2023. Ese aporte no se traduce en ingresos para quienes lo realizan ni cuenta con una infraestructura pública equivalente. Termina financiado con deuda personal. El Estado no financia el cuidado. Lo financia la deuda de las mujeres que cuidan.
El crédito que reemplazó al salario
En 2019, el endeudamiento de los hogares acompañaba la expansión del consumo de bienes durables: las familias se endeudaban para comprar. En 2026, el endeudamiento adquiere un carácter defensivo. Los hogares recurren a la tarjeta de crédito o al adelanto en efectivo de una billetera virtual para cubrir alimentos, tarifas, salud y alquiler.
Tres decisiones de política económica explican el salto: 1) la licuación del ingreso real frente al costo de vida, que agotó los ahorros de los hogares asalariados e informales; 2) el nivel de tasas de interés sostenido como parte del esquema de estabilización monetaria, que encarece la refinanciación de los saldos impagos hasta volverla impagable; y 3) la ausencia de una política de ingresos que compense esa compresión.
El crédito ocupa, en los hechos, el lugar que debería ocupar el salario. El fenómeno tiene nombre: licuación de ingresos con sustitución de crédito. Y hay un eslabón final que cierra la trampa: el Gobierno habilitó a los bancos a descontar automáticamente las cuotas de los préstamos del salario de los trabajadores mediante el “código de descuento”. El crédito no solo reemplaza al salario: ahora se cobra antes de que el salario llegue al bolsillo.
Quién gana con la mora
La morosidad revela una distribución desigual de los costos. Los bancos ofrecen a los deudores en mora líneas de refinanciación a tasas de entre el 20% y el 25% anual a tres años. El saldo refinanciado ya representa el 3,7% del crédito total a familias, un récord en décadas. Según el Banco Provincia, el sistema financiero compensó exactamente lo que perdió por incobrabilidad con lo que ganó por intereses netos: $16,1 billones. El crédito no bancario, con punitorios que superan ese rango, convierte cada atraso en un ingreso adicional. El Estado nacional mide su propia deuda con otra vara: en marzo de 2026, la deuda del Tesoro en dólares alcanzó los 483.830 millones, un récord histórico.
La herencia que el Gobierno no menciona
El Gobierno responde con una narrativa de ordenamiento. Caputo declaró que la deuda pública cayó del 156% del PBI heredado en 2023 al 69,9% en abril de 2026. El dato es correcto, aunque mide la deuda bruta consolidada del sector público. La interpretación, no.
La deuda pública bruta argentina tocó su piso histórico en 2011: 38,9% del PBI, según datos del propio FMI y del Ministerio de Economía, consagrando una década de desendeudamiento real. Aunque a partir de 2011 el indicador se moderó hasta alcanzar el 52,6% del PBI en 2015 —atravesado por restricciones externas y condicionamientos financieros globales—, el verdadero colapso se desató con la gestión siguiente: entre 2015 y 2019 la deuda externa bruta explotó de US$157.792 millones a US$277.648 millones (un aumento del 76%), coronado por el préstamo récord del FMI de US$57.000 millones que —lejos de sostener el desarrollo— se fugó en un 80% a cancelar deuda en dólares, un sendero de ahogo financiero que este gobierno actual profundiza al llevar la deuda del Tesoro a 483.830 millones de dólares en marzo de 2026.
La respuesta oficial: prescindencia selectiva
En agosto de 2026, el presidente Javier Milei sostuvo que “nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse”. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el fenómeno como “un problema entre privados”, confirmando que el Estado no intervendría. La posición oficial tiene una contradicción que sus propias palabras exponen. Meses antes, el mismo Caputo había advertido a los bancos: “Si estás prestando plata al 10% mensual, los sueldos crecen al 2%, lo más probable es que esta gente no te pague”. El Gobierno sabía que el esquema era insostenible, lo dijo en público y no hizo nada. Eso es negligencia documentada por sus propias declaraciones. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa ofreció una lectura distinta: advirtió que las familias recurren al crédito para poder comer.
El costo que no entra en el balance
En 2025, Argentina tuvo 5.209 suicidios, la cifra más alta desde que existen estadísticas comparables. La tasa pasó de 8,2 cada 100.000 habitantes en 2017 a 11,8 en 2025. Desde 2023, el suicidio es la primera causa de muerte violenta entre los 15 y los 34 años. Un relevamiento de la Facultad de Psicología de la UBA encontró que el 55,9% de las personas que atraviesan una crisis personal la atribuyen a problemas económicos: ingresos insuficientes, deudas. Hasta la propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, admitió que los suicidios en las Fuerzas Federales subieron un 30% en 2025 y lo atribuyó al endeudamiento de los efectivos. Ningún informe del Fondo lo registra.
La cuenta que no cierra
La misma ingeniería que convierte al territorio argentino en una plataforma de extracción sin controles estatales —RIGI, Ley de Tierras, Vaca Muerta, sociedades opacas— tiene su espejo doméstico en la forma en que se mide el riesgo financiero de las familias. La mora que se multiplica por cinco, las mujeres que se endeudan para cuidar, los hogares que reemplazan salario por crédito y el costo humano que logra nombrar un estudio universitario permanecen fuera de la misma lógica: la que un organismo internacional certifica, un Gobierno relativiza y el sistema financiero capitaliza.
Mientras el Fondo mira el 8%, cinco millones y medio de argentinos miran el 17,5% y no llegan a fin de mes. Una contabilidad que mida deuda sobre ingreso disponible, mora por hogar y acceso a la canasta básica diría algo muy distinto. Que el sistema financiero resista no alcanza. La pregunta que el Gobierno debe responder es otra: por qué el Estado puede endeudarse en dólares sin límite, mientras las familias se endeudan en pesos para poder comer.
Si atravesás una situación de crisis o conocés a alguien que la está atravesando, en Argentina podés comunicarte con la línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires) o al 0800-345-1435, las 24 horas, los 365 días del año.
Mientras el Fondo Monetario Internacional descarta cualquier riesgo en el endeudamiento de los hogares, la morosidad se multiplicó por cinco en dieciocho meses y cinco millones y medio de personas acumulan atrasos de más de noventa días.
Para el Fondo Monetario Internacional, la deuda de los hogares argentinos está bajo control. La vocera del organismo, Julie Kozack, sostuvo que el aumento de la morosidad “no representa un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país” y respaldó esa lectura con un dato: el endeudamiento familiar ronda el 8% del PBI, bajo frente al promedio regional. El número es correcto. Describe, sin embargo, apenas una parte de la ecuación.
El dato que el FMI elige no medir
El 8% del PBI mide la exposición del acreedor, no la capacidad de pago de los hogares. La cifra que citó Kozack es una estimación del organismo sobre el crédito a hogares. El 4,69% surge de la serie histórica estandarizada del propio FMI —la Global Debt Database—, que mide la deuda de los hogares sobre el PBI. Ese nivel de crédito formal es excepcionalmente bajo. Es exclusión financiera: los hogares no acceden a la banca formal, sino al circuito no bancario, con tasas sensiblemente más altas, donde operan usureros con tasas exponenciales.
Hay un dato que el informe menciona sin subrayar: los bancos tienen provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos en mora. Más que solidez, eso confirma que el daño ya ocurrió. La pregunta que el FMI no responde es quién cubre a los hogares.
La mora que se quintuplicó
El “Mapa de la Deuda” del Centro de Estudios para la Ciudad, elaborado junto a la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, y un informe independiente de la Universidad Austral-EcoGo coinciden en un dato: la mora total de las familias —por monto sobre el total del crédito— pasó del 3,6% en diciembre de 2024 al 17,5% en junio de 2026. En dieciocho meses, el indicador se multiplicó casi por cinco. Uno de cada cuatro deudores del sistema (26,1%) registraba atrasos de más de noventa días.
El Banco Central confirma la tendencia: la irregularidad del crédito bancario a familias pasó del 2,5% a fines de 2024 al 12,8% en junio de 2026. El crédito no bancario —financieras de consumo, cadenas de electrodomésticos, billeteras virtuales— concentra el mayor deterioro, con una mora que supera el 30%, más del doble que en la banca formal. En la provincia de Buenos Aires, la mora en fintech alcanza el 38,1%. Es el circuito que atiende a quienes tienen ingresos informales, con tasas y punitorios más altos.
Un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), difundido en agosto de 2026, revela que el 92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda.
Las mujeres que se endeudan para cuidar
La morosidad tiene género y edad. Las mujeres menores de 25 años alcanzan la tasa más alta del país, 38,25%, más del doble del promedio nacional de mora (17,94%, según el IETSE).Son 784.172 deudoras; 311.087 tienen atrasos en sus pagos. El fenómeno se profundiza en el interior donde varias provincias superan el 40% de mora entre las mujeres jóvenes.
Detrás de esos porcentajes hay una explicación documentada: las mujeres recurren al crédito para sostener tareas de cuidado ausentes del financiamiento estatal y no remuneradas por el mercado laboral. El trabajo invisible representó en 2022 el 16,8% del PBI —por encima del comercio y la industria—, según una estimación del Ministerio de Economía publicada en 2023. Ese aporte no se traduce en ingresos para quienes lo realizan ni cuenta con una infraestructura pública equivalente. Termina financiado con deuda personal. El Estado no financia el cuidado. Lo financia la deuda de las mujeres que cuidan.
El crédito que reemplazó al salario
En 2019, el endeudamiento de los hogares acompañaba la expansión del consumo de bienes durables: las familias se endeudaban para comprar. En 2026, el endeudamiento adquiere un carácter defensivo. Los hogares recurren a la tarjeta de crédito o al adelanto en efectivo de una billetera virtual para cubrir alimentos, tarifas, salud y alquiler.
Tres decisiones de política económica explican el salto: 1) la licuación del ingreso real frente al costo de vida, que agotó los ahorros de los hogares asalariados e informales; 2) el nivel de tasas de interés sostenido como parte del esquema de estabilización monetaria, que encarece la refinanciación de los saldos impagos hasta volverla impagable; y 3) la ausencia de una política de ingresos que compense esa compresión.
El crédito ocupa, en los hechos, el lugar que debería ocupar el salario. El fenómeno tiene nombre: licuación de ingresos con sustitución de crédito. Y hay un eslabón final que cierra la trampa: el Gobierno habilitó a los bancos a descontar automáticamente las cuotas de los préstamos del salario de los trabajadores mediante el “código de descuento”. El crédito no solo reemplaza al salario: ahora se cobra antes de que el salario llegue al bolsillo.
Quién gana con la mora
La morosidad revela una distribución desigual de los costos. Los bancos ofrecen a los deudores en mora líneas de refinanciación a tasas de entre el 20% y el 25% anual a tres años. El saldo refinanciado ya representa el 3,7% del crédito total a familias, un récord en décadas. Según el Banco Provincia, el sistema financiero compensó exactamente lo que perdió por incobrabilidad con lo que ganó por intereses netos: $16,1 billones. El crédito no bancario, con punitorios que superan ese rango, convierte cada atraso en un ingreso adicional. El Estado nacional mide su propia deuda con otra vara: en marzo de 2026, la deuda del Tesoro en dólares alcanzó los 483.830 millones, un récord histórico.
La herencia que el Gobierno no menciona
El Gobierno responde con una narrativa de ordenamiento. Caputo declaró que la deuda pública cayó del 156% del PBI heredado en 2023 al 69,9% en abril de 2026. El dato es correcto, aunque mide la deuda bruta consolidada del sector público. La interpretación, no.
La deuda pública bruta argentina tocó su piso histórico en 2011: 38,9% del PBI, según datos del propio FMI y del Ministerio de Economía, consagrando una década de desendeudamiento real. Aunque a partir de 2011 el indicador se moderó hasta alcanzar el 52,6% del PBI en 2015 —atravesado por restricciones externas y condicionamientos financieros globales—, el verdadero colapso se desató con la gestión siguiente: entre 2015 y 2019 la deuda externa bruta explotó de US$157.792 millones a US$277.648 millones (un aumento del 76%), coronado por el préstamo récord del FMI de US$57.000 millones que —lejos de sostener el desarrollo— se fugó en un 80% a cancelar deuda en dólares, un sendero de ahogo financiero que este gobierno actual profundiza al llevar la deuda del Tesoro a 483.830 millones de dólares en marzo de 2026.
La respuesta oficial: prescindencia selectiva
En agosto de 2026, el presidente Javier Milei sostuvo que “nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse”. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el fenómeno como “un problema entre privados”, confirmando que el Estado no intervendría. La posición oficial tiene una contradicción que sus propias palabras exponen. Meses antes, el mismo Caputo había advertido a los bancos: “Si estás prestando plata al 10% mensual, los sueldos crecen al 2%, lo más probable es que esta gente no te pague”. El Gobierno sabía que el esquema era insostenible, lo dijo en público y no hizo nada. Eso es negligencia documentada por sus propias declaraciones. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa ofreció una lectura distinta: advirtió que las familias recurren al crédito para poder comer.
El costo que no entra en el balance
En 2025, Argentina tuvo 5.209 suicidios, la cifra más alta desde que existen estadísticas comparables. La tasa pasó de 8,2 cada 100.000 habitantes en 2017 a 11,8 en 2025. Desde 2023, el suicidio es la primera causa de muerte violenta entre los 15 y los 34 años. Un relevamiento de la Facultad de Psicología de la UBA encontró que el 55,9% de las personas que atraviesan una crisis personal la atribuyen a problemas económicos: ingresos insuficientes, deudas. Hasta la propia ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, admitió que los suicidios en las Fuerzas Federales subieron un 30% en 2025 y lo atribuyó al endeudamiento de los efectivos. Ningún informe del Fondo lo registra.
La cuenta que no cierra
La misma ingeniería que convierte al territorio argentino en una plataforma de extracción sin controles estatales —RIGI, Ley de Tierras, Vaca Muerta, sociedades opacas— tiene su espejo doméstico en la forma en que se mide el riesgo financiero de las familias. La mora que se multiplica por cinco, las mujeres que se endeudan para cuidar, los hogares que reemplazan salario por crédito y el costo humano que logra nombrar un estudio universitario permanecen fuera de la misma lógica: la que un organismo internacional certifica, un Gobierno relativiza y el sistema financiero capitaliza.
Mientras el Fondo mira el 8%, cinco millones y medio de argentinos miran el 17,5% y no llegan a fin de mes. Una contabilidad que mida deuda sobre ingreso disponible, mora por hogar y acceso a la canasta básica diría algo muy distinto. Que el sistema financiero resista no alcanza. La pregunta que el Gobierno debe responder es otra: por qué el Estado puede endeudarse en dólares sin límite, mientras las familias se endeudan en pesos para poder comer.
Si atravesás una situación de crisis o conocés a alguien que la está atravesando, en Argentina podés comunicarte con la línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires) o al 0800-345-1435, las 24 horas, los 365 días del año.
* Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Máster en Bioética. Especializada en Bioética y Derechos Humanos en América Latina, Universidad de Buenos Aires.
Política – Tiempo Argentino
