La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio aire al Ministerio de Capital Humano al ordenar que se revise la vigencia de la medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Con las firmas de los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, el tribunal consideró que el Estado Nacional sufría un «perjuicio irreparable» al tener que acatar una orden cuya vigencia se discute.

La causa se originó por un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tras el recorte de fondos dispuesto por Javier Milei mediante el Decreto 759/25. Aunque la Cámara aclaró que todavía no definió si el Ejecutivo cumplió o no con las partidas, en los despachos oficiales ya interpretan la resolución como una luz verde para suspender las transferencias salariales pendientes.

En paralelo, los mismos magistrados desactivaron temporalmente la intimación de cinco días que pesaba sobre el Estado para actualizar los salarios universitarios bajo apercibimiento de imponerle multas diarias.

Para justificar el congelamiento de fondos, el Gobierno alegó ante la Justicia que los aumentos salariales otorgados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la inflación, una afirmación que contrasta drásticamente con la pérdida del poder adquisitivo denunciada por los sindicatos docentes.

Con este fallo técnico, la batalla por el presupuesto universitario regresa al juzgado de primera instancia para continuar la rosca procesal, mientras las casas de altos estudios enfrentan un panorama crítico de desfinanciamiento y conflicto gremial de cara al cierre del año.