La tensión política y diplomática entre la Casa Rosada y la provincia de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo. Luego de que el gobernador Gustavo Melella denunciara penal y públicamente la presencia de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia, calificándolo como un acto «inadmisible» que vulnera los reclamos históricos sobre las Islas Malvinas, el Gobierno de Javier Milei salió a cruzar con dureza la postura fueguina.
A través de su vocero presidencial, Adrián Ravier, el oficialismo negó de forma tajante que la operatoria represente un riesgo para la soberanía del país y le devolvió la pelota a la gestión provincial, afirmando que el barco fue autorizado en primera instancia por el propio Ejecutivo local.
El conflicto se desató a raíz de las operaciones comerciales del buque VS Promise, una embarcación dedicada al transporte de crudo que opera bajo la insignia del Reino Unido. Desde la Gobernación de la isla habían catalogado el hecho como un atropello y responsabilizaron directamente a las autoridades federales, quienes actualmente mantienen intervenida la administración del estratégico puerto comercial de Ushuaia. Para el gobierno fueguino, la presencia del navío inglés chocaba de frente con las normativas locales vigentes y con la tradicional posición geopolítica argentina sobre el Atlántico Sur.
Sin embargo, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz Adrián Ravier ensayó una defensa técnica de la situación para despegar al gobierno de las acusaciones. Leyendo un comunicado oficial, Ravier detalló que el VS Promise cargó crudo en el puerto de Cullen (Tierra del Fuego) y pasó por Ushuaia para aprovisionarse, enfatizando que al provenir de la provincia, el propio gobierno local autorizó su ingreso, ironizando sobre la contradicción de Melella.
El conflicto pone el foco en la Ley Gaucho Rivero, que prohíbe amarres de buques británicos vinculados a la ocupación de Malvinas. Sin embargo, para Nación, el accionar no viola ninguna ley, ya que Ravier argumentó que la norma aplica solo a actividades directas de exploración/explotación en la cuenca Malvinas, y no a la operación del VS Promise en el norte de la isla. Por ello, Nación justificó el aval para el aprovisionamiento, contraponiendo la autorización provincial con la queja actual.
El portavoz Adrián Ravier negó cualquier «riesgo soberano» tras la polémica por el petrolero VS Promise. Argumentó que la nave operaba en aguas argentinas y culparon a la provincia por el ingreso inicial, mientras el puerto de Ushuaia sigue bajo intervención federal.
La tensión política y diplomática entre la Casa Rosada y la provincia de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo. Luego de que el gobernador Gustavo Melella denunciara penal y públicamente la presencia de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia, calificándolo como un acto «inadmisible» que vulnera los reclamos históricos sobre las Islas Malvinas, el Gobierno de Javier Milei salió a cruzar con dureza la postura fueguina.
A través de su vocero presidencial, Adrián Ravier, el oficialismo negó de forma tajante que la operatoria represente un riesgo para la soberanía del país y le devolvió la pelota a la gestión provincial, afirmando que el barco fue autorizado en primera instancia por el propio Ejecutivo local.
El conflicto se desató a raíz de las operaciones comerciales del buque VS Promise, una embarcación dedicada al transporte de crudo que opera bajo la insignia del Reino Unido. Desde la Gobernación de la isla habían catalogado el hecho como un atropello y responsabilizaron directamente a las autoridades federales, quienes actualmente mantienen intervenida la administración del estratégico puerto comercial de Ushuaia. Para el gobierno fueguino, la presencia del navío inglés chocaba de frente con las normativas locales vigentes y con la tradicional posición geopolítica argentina sobre el Atlántico Sur.
Sin embargo, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz Adrián Ravier ensayó una defensa técnica de la situación para despegar al gobierno de las acusaciones. Leyendo un comunicado oficial, Ravier detalló que el VS Promise cargó crudo en el puerto de Cullen (Tierra del Fuego) y pasó por Ushuaia para aprovisionarse, enfatizando que al provenir de la provincia, el propio gobierno local autorizó su ingreso, ironizando sobre la contradicción de Melella.
El conflicto pone el foco en la Ley Gaucho Rivero, que prohíbe amarres de buques británicos vinculados a la ocupación de Malvinas. Sin embargo, para Nación, el accionar no viola ninguna ley, ya que Ravier argumentó que la norma aplica solo a actividades directas de exploración/explotación en la cuenca Malvinas, y no a la operación del VS Promise en el norte de la isla. Por ello, Nación justificó el aval para el aprovisionamiento, contraponiendo la autorización provincial con la queja actual.
Política – Tiempo Argentino
