El Gobierno denunció una operación “de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral” mientras que la Justicia ordenó frenar la difusión de audios de Karina Milei. Casi en simultáneo, Manuel Adorni informó la decisión del Ejecutivo y minutos después, el Poder Judicial resolvió el «cese inmediato» de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia.
La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una «violación grave a la privacidad institucional». Asi, la resolución ordena el cese de la difusión «a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».
Este mismo lunes, Adorni fue el encargado de señalar una maniobra que consistió «en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios». Según el relato oficial, el «objetivo fue generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales».
A la vez, el Gobierno señaló a cuatro personas como los responsables: los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, el empresario Pablo Toviggino, el abogado Franco Bindi, esposo de la diputada Marcela Pagano y drescripto como «operador judicial vinculado a Fernando Pocino».
«No se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia», concluyó el comunicado del gobierno, que insólitamente atribuye esas operaciones a «intereses rusos y chavistas».
Rápidamente, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) salió repudiar el avance contra los trabajadores de prensa. Los allanamientos violan la protección del derecho de preservación de la fuente periodística. La jurisprudencia rechaza históricamente este tipo de peticiones porque protege archivos, comunicaciones y materiales de medios y periodistas», recordó el gremio en referencia a los casos de Rial y Federico.
A traves del vocero Adorni, el Ejecutivo señaló que los audios captados en Casa Rosada son una maniobra clandestina. Entre los responsables señala a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino y Franco Bindi, esposo de la diputada Marcela Pagano y «vinculado al operador judicial Fernando Pocino».
El Gobierno denunció una operación “de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral” mientras que la Justicia ordenó frenar la difusión de audios de Karina Milei. Casi en simultáneo, Manuel Adorni informó la decisión del Ejecutivo y minutos después el Poder Judicial resolvió el «cese inmediato» de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia.
La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una «violación grave a la privacidad institucional». Asi, la resolución ordena el cese de la difusión «a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».
Este mismo lunes, Adorni fue el encargado de señalar una maniobra que consistió «en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios». Según el relato oficial, el «objetivo fue generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales».
A la vez, el Gobierno señaló a cuatro personas como los responsables: los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, el empresario Pablo Toviggino, el abogado Franco Bindi, esposo de la diputada Marcela Pagano y drscripto como «operador judicial vinculado a Fernando Pocino».
Política – Tiempo Argentino
