El presidente Javier Milei suele burlarse de los que defienden las formas. Asegura que se trata de “ñoños” que no quieren debatir ideas. Su utilitarismo chocó este fin de semana con una orden judicial concreta: el Poder Ejecutivo debe entregar el expediente completo en el que se basó el decreto de necesidad y urgencia con el que el gobierno nacional pretendió darle una pátina legal al acuerdo con el Fondo Monetario y que implicó un incremento de la deuda pública en otros 20.000 millones de dólares, en abril de este año.
La orden la dieron los jueces Martín Bava y Maximiliano Chichizola, los que apelaron a la defensa del derecho a la información y la primacía de las normas de la democracia por encima de las emanadas durante gobiernos dictatoriales.
El texto, dado a conocer ayer, le da cinco días hábiles al Poder Ejecutivo para cumplir la orden, aunque el demandante, el abogado Francisco Verbic, descarta que apelará la decisión.
Verbic forma parte de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), una organización que ya realizó demandas para que la Justicia ordene al Poder Ejecutivo a dar acceso a expedientes vinculados con el endeudamiento nacional. Es el caso del enorme préstamo que Mauricio Macri tomó en 2018 con el mismo FMI, de U$S 57.000 millones.
En este caso, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), inició un pedido al propio Ministerio de Economía para que diera a conocer el expediente en cuestión bajo el amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública. La cartera que comanda Luis Caputo accedió a tramitar el pedido y solicitó una prórroga de 15 días para concretarlo. Pero luego, transcurrido ese plazo, derivó el planteo hacia otro canal administrativo, un procedimiento tradicional.
“Eso lo consideré una denegatoria tácita y ahora la Justicia me dio la razón señalando, además, que la Ley de Acceso a la Información tiene primacía sobre el procedimiento administrativo tradicional”, le dice Verbic a Tiempo.
Las maniobras de Economía para evitar la entrega del expediente siguieron luego, una vez que Verbic arrancó la causa judicial. Sus abogados plantearon que el expediente estaba a disposición y que para ello solo debía seguir los pasos del procedimiento administrativo tradicional, el mismo que Verbic impugnaba.
Pero para los jueces Bava y Chichizola, el Estado debe acatar la ley que garantiza el acceso a la información pública, sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre la normativa que regula el proceso administrativo, dictada en un gobierno de facto. La decisión del Juzgado reafirma que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales. Y que su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI.
Hay que tomar en cuenta que el DNU no contiene información sobre las razones y condiciones del empréstito tomado en abril pasado. En ese sentido, el gobierno de Milei optó por el mismo camino que realizó Macri. El convenio de 2018 carece de pasos elementales como un dictamen jurídico que justifique legalmente la decisión a tomar, un dictamen del Banco Central sobre el impacto de la nueva deuda y sus vencimientos en la balanza de pagos y los pasos administrativos de los que deriva la necesidad y urgencia de la decisión.
“Esto tiene que ver con la forma cómo el gobierno está llevando adelante su gestión”, observa Verbic. “Ellos creen que porque ganaron las elecciones pueden hacer lo que quieran. Pero eso no es así, porque la democracia es el respeto de las reglas”, agrega.
En rigor, la toma de deuda es una urgencia del gobierno para sobrevivir en un cuadro calamitoso de sus finanzas. La acción judicial debe ser acompañada de una iniciativa popular para dar por tierra con el desfalco.
Así falló el Juzgado Federal de Dolores. Criticó las maniobras de Economía, que tiene cinco días para cumplir la orden.
El presidente Javier Milei suele burlarse de los que defienden las formas. Asegura que se trata de “ñoños” que no quieren debatir ideas. Su utilitarismo chocó este fin de semana con una orden judicial concreta: el Poder Ejecutivo debe entregar el expediente completo en el que se basó el decreto de necesidad y urgencia con el que el gobierno nacional pretendió darle una pátina legal al acuerdo con el Fondo Monetario y que implicó un incremento de la deuda pública en otros 20.000 millones de dólares, en abril de este año.
La orden la dieron los jueces Martín Bava y Maximiliano Chichizola, los que apelaron a la defensa del derecho a la información y la primacía de las normas de la democracia por encima de las emanadas durante gobiernos dictatoriales.
El texto, dado a conocer ayer, le da cinco días hábiles al Poder Ejecutivo para cumplir la orden, aunque el demandante, el abogado Francisco Verbic, descarta que apelará la decisión.
Verbic forma parte de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), una organización que ya realizó demandas para que la Justicia ordene al Poder Ejecutivo a dar acceso a expedientes vinculados con el endeudamiento nacional. Es el caso del enorme préstamo que Mauricio Macri tomó en 2018 con el mismo FMI, de U$S 57.000 millones.
En este caso, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), inició un pedido al propio Ministerio de Economía para que diera a conocer el expediente en cuestión bajo el amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública. La cartera que comanda Luis Caputo accedió a tramitar el pedido y solicitó una prórroga de 15 días para concretarlo. Pero luego, transcurrido ese plazo, derivó el planteo hacia otro canal administrativo, un procedimiento tradicional.
“Eso lo consideré una denegatoria tácita y ahora la Justicia me dio la razón señalando, además, que la Ley de Acceso a la Información tiene primacía sobre el procedimiento administrativo tradicional”, le dice Verbic a Tiempo.
Las maniobras de Economía para evitar la entrega del expediente siguieron luego, una vez que Verbic arrancó la causa judicial. Sus abogados plantearon que el expediente estaba a disposición y que para ello solo debía seguir los pasos del procedimiento administrativo tradicional, el mismo que Verbic impugnaba.
Pero para los jueces Bava y Chichizola, el Estado debe acatar la ley que garantiza el acceso a la información pública, sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre la normativa que regula el proceso administrativo, dictada en un gobierno de facto. La decisión del Juzgado reafirma que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales. Y que su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI.
Hay que tomar en cuenta que el DNU no contiene información sobre las razones y condiciones del empréstito tomado en abril pasado. En ese sentido, el gobierno de Milei optó por el mismo camino que realizó Macri. El convenio de 2018 carece de pasos elementales como un dictamen jurídico que justifique legalmente la decisión a tomar, un dictamen del Banco Central sobre el impacto de la nueva deuda y sus vencimientos en la balanza de pagos y los pasos administrativos de los que deriva la necesidad y urgencia de la decisión.
“Esto tiene que ver con la forma cómo el gobierno está llevando adelante su gestión”, observa Verbic. “Ellos creen que porque ganaron las elecciones pueden hacer lo que quieran. Pero eso no es así, porque la democracia es el respeto de las reglas”, agrega.
En rigor, la toma de deuda es una urgencia del gobierno para sobrevivir en un cuadro calamitoso de sus finanzas. La acción judicial debe ser acompañada de una iniciativa popular para dar por tierra con el desfalco.
Mundo – Tiempo Argentino
