Las organizaciones de recuperadores urbanos advirtieron que las condiciones que se preparan en el gobierno porteño para renovar los contratos del sistema de reciclado pueden terminar desplazándolas y habilitando el ingreso de empresas privadas a una actividad que lleva casi dos décadas organizada bajo un modelo de gestión pública con inclusión social.
El contrato vigente vence en septiembre. La renovación es, por lo tanto, inevitable. La discusión está en las condiciones. Las cooperativas que integran el sistema cuestionan especialmente los requisitos económicos y patrimoniales previstos para participar del nuevo esquema. Según los trabajadores, se exigirían condiciones vinculadas con la propiedad de Centros Verdes y flotas que las organizaciones no podrían cumplir. El riesgo, advierten, es que quienes construyeron y sostuvieron el sistema de reciclado porteño queden fuera de la licitación que definirá su futuro.
“Es un combo bastante complejo. Estamos en una situación crítica y en alerta por todo lo que está pasando”, plantea Jésica Espíndola, una de las referentes de las cooperativas. “Lo que nosotros estamos haciendo es un servicio al ciudadano”. La discusión, entonces, no se limita a un contrato. Detrás del nuevo esquema aparece una disputa sobre quién va a gestionar los residuos secos de la Ciudad y bajo qué lógica.
Durante los últimos 20 años, los cartoneros fueron incorporándose a un sistema que transformó una actividad históricamente informal en una política pública. A partir de las leyes 992 y 1854, la Ciudad formalizó a los recuperadores, delimitó recorridos y creó Centros Verdes para la clasificación de materiales. De acuerdo con el informe elaborado por las cooperativas, hoy son más de 6500 las familias formalizadas y el sistema recupera alrededor de 7000 toneladas de materiales por mes.
“Nosotros queremos trabajar, seguir en el sistema de reciclado como lo venimos haciendo hace 20 años”, dice Espíndola. Las cooperativas no rechazan la necesidad de modificar el funcionamiento del sistema. Plantean, de hecho, que están dispuestas a incorporar tecnología, mejorar la logística y discutir nuevas formas de trabajo. Lo que rechazan es que una reforma presentada como modernización termine convirtiéndose en una puerta de entrada para grandes empresas privadas. “No somos ni planeros ni queremos que nos regalen nada. Nosotros trabajamos para tener lo que hoy en día tenemos”, insiste Espíndola.
Una reforma en disputa
El gobierno porteño sostiene la necesidad de modernizar el servicio, mejorar la trazabilidad y ordenar la recolección. Las cooperativas responden que esos objetivos pueden alcanzarse sin modificar el carácter social del sistema.
El punto de conflicto aparece cuando las condiciones de acceso empiezan a exigir capacidades económicas que las organizaciones de trabajadores no poseen. La llamada “libre competencia” no sería realmente tal si se enfrentan cooperativas formadas por recuperadores urbanos con empresas que cuentan con capital, patrimonio y capacidad financiera para absorber grandes contratos. Por eso hablan de una privatización encubierta.
El temor tiene un antecedente: el sistema de residuos de la Ciudad ya tiene una fuerte presencia de empresas privadas en la recolección de la fracción húmeda. Los cartoneros cuestionan que esa lógica pueda extenderse ahora al reciclado de materiales secos. El objetivo del trabajo de los recuperadores es evitar que cartón, papel, plástico, vidrio y otros materiales terminen enterrados como basura. En ese proceso, las cooperativas funcionan como una estructura que articula la recolección callejera con los Centros Verdes y la comercialización del material.
La pelea por el nuevo esquema llega después de una etapa de deterioro del sistema. El caso más visible es el Centro Verde de Barracas, destruido por un incendio en febrero de 2024 y todavía sin reconstrucción definitiva. La pérdida de esa planta obligó a redistribuir trabajadores y materiales y sobrecargó al resto de los centros.
Las cooperativas sostienen que el deterioro de la infraestructura no puede utilizarse ahora como argumento para justificar una privatización. En su diagnóstico, buena parte de esos problemas son consecuencia de la falta de inversión y mantenimiento estatal.
El conflicto por el transporte de los recuperadores también forma parte de esa historia reciente. La Ciudad recortó la logística que permitía trasladar a trabajadores desde distintos puntos del conurbano hacia sus lugares de trabajo. Las persecuciones y los controles en la calle aparecen como otro antecedente. Todos esos episodios forman parte de un proceso más amplio de debilitamiento de un sistema que ahora enfrenta su discusión decisiva.
Las cooperativas ya definieron su respuesta. Este miércoles 19 de agosto a las 11 hs, se movilizarán a Higene Urbana (Belgrano y Jujuy) para rechazar el nuevo esquema y reclamar la continuidad del sistema de reciclado con inclusión social. Los cartoneros no piden que la Ciudad les regale un lugar dentro del sistema. Reclaman conservar el lugar que, aseguran, construyeron con 20 años de trabajo. La movilización será el primer capítulo visible de una pelea que tendrá su punto de definición en septiembre, cuando la Ciudad deba decidir quién recoge, clasifica y comercializa aquello que para algunos es basura y para miles de trabajadores es, desde hace dos décadas, su fuente de vida. «
Las cooperativas de recuperadores urbanos rechazan el modelo que abre la puerta a la privatización. El miércoles se movilizan.
Las organizaciones de recuperadores urbanos advirtieron que las condiciones que se preparan en el gobierno porteño para renovar los contratos del sistema de reciclado pueden terminar desplazándolas y habilitando el ingreso de empresas privadas a una actividad que lleva casi dos décadas organizada bajo un modelo de gestión pública con inclusión social.
El contrato vigente vence en septiembre. La renovación es, por lo tanto, inevitable. La discusión está en las condiciones. Las cooperativas que integran el sistema cuestionan especialmente los requisitos económicos y patrimoniales previstos para participar del nuevo esquema. Según los trabajadores, se exigirían condiciones vinculadas con la propiedad de Centros Verdes y flotas que las organizaciones no podrían cumplir. El riesgo, advierten, es que quienes construyeron y sostuvieron el sistema de reciclado porteño queden fuera de la licitación que definirá su futuro.
“Es un combo bastante complejo. Estamos en una situación crítica y en alerta por todo lo que está pasando”, plantea Jésica Espíndola, una de las referentes de las cooperativas. “Lo que nosotros estamos haciendo es un servicio al ciudadano”. La discusión, entonces, no se limita a un contrato. Detrás del nuevo esquema aparece una disputa sobre quién va a gestionar los residuos secos de la Ciudad y bajo qué lógica.
Durante los últimos 20 años, los cartoneros fueron incorporándose a un sistema que transformó una actividad históricamente informal en una política pública. A partir de las leyes 992 y 1854, la Ciudad formalizó a los recuperadores, delimitó recorridos y creó Centros Verdes para la clasificación de materiales. De acuerdo con el informe elaborado por las cooperativas, hoy son más de 6500 las familias formalizadas y el sistema recupera alrededor de 7000 toneladas de materiales por mes.
“Nosotros queremos trabajar, seguir en el sistema de reciclado como lo venimos haciendo hace 20 años”, dice Espíndola. Las cooperativas no rechazan la necesidad de modificar el funcionamiento del sistema. Plantean, de hecho, que están dispuestas a incorporar tecnología, mejorar la logística y discutir nuevas formas de trabajo. Lo que rechazan es que una reforma presentada como modernización termine convirtiéndose en una puerta de entrada para grandes empresas privadas. “No somos ni planeros ni queremos que nos regalen nada. Nosotros trabajamos para tener lo que hoy en día tenemos”, insiste Espíndola.
El gobierno porteño sostiene la necesidad de modernizar el servicio, mejorar la trazabilidad y ordenar la recolección. Las cooperativas responden que esos objetivos pueden alcanzarse sin modificar el carácter social del sistema.
El punto de conflicto aparece cuando las condiciones de acceso empiezan a exigir capacidades económicas que las organizaciones de trabajadores no poseen. La llamada “libre competencia” no sería realmente tal si se enfrentan cooperativas formadas por recuperadores urbanos con empresas que cuentan con capital, patrimonio y capacidad financiera para absorber grandes contratos. Por eso hablan de una privatización encubierta.
El temor tiene un antecedente: el sistema de residuos de la Ciudad ya tiene una fuerte presencia de empresas privadas en la recolección de la fracción húmeda. Los cartoneros cuestionan que esa lógica pueda extenderse ahora al reciclado de materiales secos. El objetivo del trabajo de los recuperadores es evitar que cartón, papel, plástico, vidrio y otros materiales terminen enterrados como basura. En ese proceso, las cooperativas funcionan como una estructura que articula la recolección callejera con los Centros Verdes y la comercialización del material.
La pelea por el nuevo esquema llega después de una etapa de deterioro del sistema. El caso más visible es el Centro Verde de Barracas, destruido por un incendio en febrero de 2024 y todavía sin reconstrucción definitiva. La pérdida de esa planta obligó a redistribuir trabajadores y materiales y sobrecargó al resto de los centros.
Las cooperativas sostienen que el deterioro de la infraestructura no puede utilizarse ahora como argumento para justificar una privatización. En su diagnóstico, buena parte de esos problemas son consecuencia de la falta de inversión y mantenimiento estatal.
El conflicto por el transporte de los recuperadores también forma parte de esa historia reciente. La Ciudad recortó la logística que permitía trasladar a trabajadores desde distintos puntos del conurbano hacia sus lugares de trabajo. Las persecuciones y los controles en la calle aparecen como otro antecedente. Todos esos episodios forman parte de un proceso más amplio de debilitamiento de un sistema que ahora enfrenta su discusión decisiva.
Las cooperativas ya definieron su respuesta. Este miércoles 19 de agosto a las 11 hs, se movilizarán a Higene Urbana (Belgrano y Jujuy) para rechazar el nuevo esquema y reclamar la continuidad del sistema de reciclado con inclusión social. Los cartoneros no piden que la Ciudad les regale un lugar dentro del sistema. Reclaman conservar el lugar que, aseguran, construyeron con 20 años de trabajo. La movilización será el primer capítulo visible de una pelea que tendrá su punto de definición en septiembre, cuando la Ciudad deba decidir quién recoge, clasifica y comercializa aquello que para algunos es basura y para miles de trabajadores es, desde hace dos décadas, su fuente de vida. «
Política – Tiempo Argentino
