Una escuela primaria, un colegio secundario, una universidad popular, una editorial y un observatorio astronómico de vanguardia formaban parte del proyecto social y pedagógico implementado desde la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, ubicada en el barrio La Tablada de la zona sur de Rosario.
Se trataba de una iniciativa mutualista que contenía a 3 mil estudiantes y contaba con el apoyo de más de 20 mil socios. Hasta que el 25 de febrero de 1977, una patota compuesta de policías e integrantes de las fuerzas de seguridad, junto con abogados y contables, ingresaron a las instalaciones de esta entidad para llevar a cabo una intervención.
El pretexto era emprender un proceso “normalizador para salvaguardar” a esta institución de “manejos fraudulentos que ponían en riesgo la continuidad de obras educativas y culturales”.
Así, se declaró una quiebra fraudulenta con el propósito de arrasar el crecimiento de una institución que había desarrollado incluso una cooperativa de viviendas y un balneario a orillas del Paraná, en la vecina localidad de Gálvez.
Mientras se fraguaban todas estas maniobras, ocho integrantes de la Comisión Directiva de la Vigil fueron secuestrados de sus domicilios y llevados al centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía de Rosario, donde padecieron torturas por parte de los esbirros que comandaba el genocida Agustín Feced, jefe de las fuerzas de seguridad y dueño de la vida y la muerte en la ciudad durante los años del terrorismo de Estado.
Luego, en mayo, los directivos resultaron “blanqueados” y permanecieron a disposición del Poder Ejecutivo hasta finales de 1977, mientras se desmantelaba la obra de La Vigil, en medio de la persecución ideológica que se ejercía en las aulas.
Cuatro décadas después de la recuperación democrática, una causa judicial que investiga los delitos económicos que se cometieron contra esa mutual, como parte de un plan sistemático de represión ilegal, comienza a dar sus primeros pasos en los tribunales de Santa Fe.
En este contexto, el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, dispuso semanas atrás el procesamiento del contador Jorge Alberto Menegozzi, quien durante años ejerció como tesorero de una intervención que ejecutó el vaciamiento planificado como parte del plan sistemático de represión ilegal.
Este contable formó parte de una gestión liquidadora que se extendió hasta 2005, en medio de complicidades y silencios por parte del poder político de Santa Fe. Su defensa apeló el procesamiento ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que debe decidir ahora sobre la continuidad de esta causa.
“Creemos que tenemos elementos como para que el procesamiento se confirme y podemos avanzar hasta llegar a juicio”, señaló a Tiempo Argentino el fiscal federal Federico Reynares Solari, que instruye en este expediente.
Un sueño arrasado por la dictadura
A mediados de los años ’30, un grupo de habitantes de Villa Manuelita y La Tablada, en el corazón de la zona sur de Rosario, formaron una asociación vecinal. En 1944, en el seno de esta entidad surgió una biblioteca que cobró autonomía hasta conformarse una subcomisión que encontró en la realización de rifas, un mecanismo de financiación que les permitió crecer.
En 1959, la Biblioteca se separó y se conformó una Asociación Civil que adoptó el nombre de Constancio C. Vigil, en homenaje al periodista y escritos de numerosas obras infantiles.
A mediados de los ’60, la biblioteca contaba con más de 80 mil títulos y comenzó a expandirse a otras áreas. Se fundó un sello editorial, una guardería, un jardín de infantes, una universidad popular que instruía en oficios, un centro cultural, un predio con balneario en Gálvez donde funcionaba una colonia de vacaciones y un museo de ciencias naturales. En su momento de mayor expansión, la Vigil contó con la adhesión de 80 mil socios y 650 empleados.
En la esquina de Alem y Gaboto, la mutual estableció su sede en un edificio de siete plantas y dos subsuelos. La institución fundó también una escuela primaria y otra secundaria, laicas, mixtas y de acceso gratuito, que contemplaba un novedoso proyecto de acompañamiento pedagógico que llegaba a las familias de los estudiantes.
En febrero de 1977, la patota de Feced cerró la biblioteca y comenzó a liquidar los bienes propiedad de la mutual. Las escuelas pasaron a la órbita pública. Ramón Telmo Alcides Ibarra, un represor apodado como Rommel, fue nombrado asesor pedagógico. Una de sus primeras tareas consistió interrogar durante horas a Celina Andrea Duri, hija de Augusto Duri, presidente de la Biblioteca que en mayo de ese año resultó secuestrado junto a otros siete integrantes de la Comisión Directiva.
José Rubén «el Ciego» Lofiego, Mario «el cura» Marcote y José Scortechini eran otros de los torturadores que participaron de los secuestros y las torturas a los integrantes de La Vigil y que resultaron condenados en los juicios de lesa humanidad de las causas Feced III y IV, donde se estableció que debían investigarse los delitos económicos cometidos contra La Vigil.
“Creemos que hay pruebas suficientes para probar que hubo una acción planificada destinada a desmantelar lazos sociales como parte de un accionar represivo y de persecución”, indicó a este medio la abogada Gabriela Durruty, que sigue la querella que lleva en esta causa la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Santa Fe.
Recuperada la democracia, el proceso de liquidación de La Vigil continuó mientras sus integrantes litigaban para recuperarla. “Hubo funcionarios de la intervención que luego ocuparon cargos en el gobierno democrático.
Tal es el caso de Emilio Salomón Maldonado Puig, que entre 1984 y 1995 fue procurador de la Corte de Santa Fe”, recordó Roberto Frutos, actual presidente de La Vigil, recuperada en recién en 2013, tras una larga lucha librada por los vecinos de La Tablada.
Hoy es una Biblioteca donde se difunden actividades culturales, se ofrecen talleres y apoyo educativo. La Vigil es además un sitio de memoria que evoca a las víctimas del terrorismo de Estado. «
En los tribunales de Rosario avanza la causa de la Biblioteca Popular que fundó colegios y una universidad, y que fue intervenida en un proceso fraguado por la dictadura.
Una escuela primaria, un colegio secundario, una universidad popular, una editorial y un observatorio astronómico de vanguardia formaban parte del proyecto social y pedagógico implementado desde la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, ubicada en el barrio La Tablada de la zona sur de Rosario.
Se trataba de una iniciativa mutualista que contenía a 3 mil estudiantes y contaba con el apoyo de más de 20 mil socios. Hasta que el 25 de febrero de 1977, una patota compuesta de policías e integrantes de las fuerzas de seguridad, junto con abogados y contables, ingresaron a las instalaciones de esta entidad para llevar a cabo una intervención.
El pretexto era emprender un proceso “normalizador para salvaguardar” a esta institución de “manejos fraudulentos que ponían en riesgo la continuidad de obras educativas y culturales”.
Así, se declaró una quiebra fraudulenta con el propósito de arrasar el crecimiento de una institución que había desarrollado incluso una cooperativa de viviendas y un balneario a orillas del Paraná, en la vecina localidad de Gálvez.
Mientras se fraguaban todas estas maniobras, ocho integrantes de la Comisión Directiva de la Vigil fueron secuestrados de sus domicilios y llevados al centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía de Rosario, donde padecieron torturas por parte de los esbirros que comandaba el genocida Agustín Feced, jefe de las fuerzas de seguridad y dueño de la vida y la muerte en la ciudad durante los años del terrorismo de Estado.
Luego, en mayo, los directivos resultaron “blanqueados” y permanecieron a disposición del Poder Ejecutivo hasta finales de 1977, mientras se desmantelaba la obra de La Vigil, en medio de la persecución ideológica que se ejercía en las aulas.
Cuatro décadas después de la recuperación democrática, una causa judicial que investiga los delitos económicos que se cometieron contra esa mutual, como parte de un plan sistemático de represión ilegal, comienza a dar sus primeros pasos en los tribunales de Santa Fe.
En este contexto, el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, dispuso semanas atrás el procesamiento del contador Jorge Alberto Menegozzi, quien durante años ejerció como tesorero de una intervención que ejecutó el vaciamiento planificado como parte del plan sistemático de represión ilegal.
Este contable formó parte de una gestión liquidadora que se extendió hasta 2005, en medio de complicidades y silencios por parte del poder político de Santa Fe. Su defensa apeló el procesamiento ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que debe decidir ahora sobre la continuidad de esta causa.
“Creemos que tenemos elementos como para que el procesamiento se confirme y podemos avanzar hasta llegar a juicio”, señaló a Tiempo Argentino el fiscal federal Federico Reynares Solari, que instruye en este expediente.
A mediados de los años ’30, un grupo de habitantes de Villa Manuelita y La Tablada, en el corazón de la zona sur de Rosario, formaron una asociación vecinal. En 1944, en el seno de esta entidad surgió una biblioteca que cobró autonomía hasta conformarse una subcomisión que encontró en la realización de rifas, un mecanismo de financiación que les permitió crecer.
En 1959, la Biblioteca se separó y se conformó una Asociación Civil que adoptó el nombre de Constancio C. Vigil, en homenaje al periodista y escritos de numerosas obras infantiles.
A mediados de los ’60, la biblioteca contaba con más de 80 mil títulos y comenzó a expandirse a otras áreas. Se fundó un sello editorial, una guardería, un jardín de infantes, una universidad popular que instruía en oficios, un centro cultural, un predio con balneario en Gálvez donde funcionaba una colonia de vacaciones y un museo de ciencias naturales. En su momento de mayor expansión, la Vigil contó con la adhesión de 80 mil socios y 650 empleados.
En la esquina de Alem y Gaboto, la mutual estableció su sede en un edificio de siete plantas y dos subsuelos. La institución fundó también una escuela primaria y otra secundaria, laicas, mixtas y de acceso gratuito, que contemplaba un novedoso proyecto de acompañamiento pedagógico que llegaba a las familias de los estudiantes.
En febrero de 1977, la patota de Feced cerró la biblioteca y comenzó a liquidar los bienes propiedad de la mutual. Las escuelas pasaron a la órbita pública. Ramón Telmo Alcides Ibarra, un represor apodado como Rommel, fue nombrado asesor pedagógico. Una de sus primeras tareas consistió interrogar durante horas a Celina Andrea Duri, hija de Augusto Duri, presidente de la Biblioteca que en mayo de ese año resultó secuestrado junto a otros siete integrantes de la Comisión Directiva.
José Rubén «el Ciego» Lofiego, Mario «el cura» Marcote y José Scortechini eran otros de los torturadores que participaron de los secuestros y las torturas a los integrantes de La Vigil y que resultaron condenados en los juicios de lesa humanidad de las causas Feced III y IV, donde se estableció que debían investigarse los delitos económicos cometidos contra La Vigil.
“Creemos que hay pruebas suficientes para probar que hubo una acción planificada destinada a desmantelar lazos sociales como parte de un accionar represivo y de persecución”, indicó a este medio la abogada Gabriela Durruty, que sigue la querella que lleva en esta causa la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Santa Fe.
Recuperada la democracia, el proceso de liquidación de La Vigil continuó mientras sus integrantes litigaban para recuperarla. “Hubo funcionarios de la intervención que luego ocuparon cargos en el gobierno democrático.
Tal es el caso de Emilio Salomón Maldonado Puig, que entre 1984 y 1995 fue procurador de la Corte de Santa Fe”, recordó Roberto Frutos, actual presidente de La Vigil, recuperada en recién en 2013, tras una larga lucha librada por los vecinos de La Tablada.
Hoy es una Biblioteca donde se difunden actividades culturales, se ofrecen talleres y apoyo educativo. La Vigil es además un sitio de memoria que evoca a las víctimas del terrorismo de Estado. «
Política – Tiempo Argentino
