La situación judicial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, ingresó en una fase crítica que amenaza con quebrar el discurso de transparencia que el vocero devenido en ministro suele impostar desde el atril oficial. El juez federal Ariel Lijo, en sintonía con el fiscal Gerardo Pollicita, analiza convocar al funcionario a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno. La medida, que en los pasillos de Comodoro Py dan por descontada tras el avance significativo del expediente, se enmarca en una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.
El corazón de la causa penal radica en el opaco vínculo entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, dueño de la empresa Imhouse, firma que se vio beneficiada con múltiples contratos en la TV Pública y las plataformas de medios estatales. La Justicia puso la lupa sobre el viaje que el jefe de Gabinete realizó con su familia a Punta del Este durante el último Carnaval a bordo de un avión privado. Aunque el funcionario repitió públicamente que pagó el traslado con ahorros propios, la declaración del broker aeronáutico Agustín Issin Hansen pulverizó esa versión: el testigo declaró bajo juramento que el vuelo fue reservado y abonado directamente por Grandio a través de su productora, facturando el tramo de regreso por un monto de 3000 dólares.
Para determinar si el vuelo privado operó como una dádiva a cambio de pauta y contratos estatales, el juzgado ordenó un entrecruzamiento de llamadas telefónicas y peritajes de geolocalización entre los dispositivos de Adorni, Grandio y su socio Horacio Silva. Los convenios bajo sospecha judicial cubren una vasta grilla de producciones televisivas, radiales y ciclos de streaming financiados con recursos públicos, tales como La caja de Pandora, Giros en Línea Recta, Enredados, La Sala y Gritalo Mundial, este último conducido en persona por el propio empresario amigo del ministro.
En paralelo, la pesquisa patrimonial avanzó sobre las inconsistencias entre los ingresos declarados por el funcionario libertario y su nivel de vida real. El foco de los peritos contables está puesto en una lujosa propiedad en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz; la vivienda fue escriturada en noviembre pasado por 120 mil dólares, pero el expediente revela que inmediatamente se ejecutaron refacciones integrales y compras de mobiliario por otros 245 mil dólares. La sospecha de los investigadores no solo radica en la incompatibilidad de los montos frente a las hipotecas vigentes de Adorni, sino en que una porción mayoritaria de esas costosas obras edilicias se habría concretado en la más absoluta informalidad, sin facturación alguna.
Por si el frente financiero no fuera suficiente, la causa penal sumó una derivación por presunto peculado que involucra el desvío de recursos del Estado para el confort personal del funcionario. La Justicia investiga la utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar de forma exclusiva el ingreso al barrio cerrado donde reside el jefe de Gabinete. En las próximas semanas, el despacho de Ariel Lijo deberá resolver si, una vez concluidos los cruces contables, estampa la firma para sentar en el banquillo de los acusados a uno de los hombres con mayor centralidad política en el entorno del presidente Javier Milei.
El juez Ariel Lijo investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito y vínculos con un contratista de la TV Pública. El expediente sumó la declaración de un broker aeronáutico que desmintió la versión oficial sobre el uso de un avión privado.
La situación judicial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, ingresó en una fase crítica que amenaza con quebrar el discurso de transparencia que el vocero devenido en ministro suele impostar desde el atril oficial. El juez federal Ariel Lijo, en sintonía con el fiscal Gerardo Pollicita, analiza convocar al funcionario a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno. La medida, que en los pasillos de Comodoro Py dan por descontada tras el avance significativo del expediente, se enmarca en una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.
El corazón de la causa penal radica en el opaco vínculo entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, dueño de la empresa Imhouse, firma que se vio beneficiada con múltiples contratos en la TV Pública y las plataformas de medios estatales. La Justicia puso la lupa sobre el viaje que el jefe de Gabinete realizó con su familia a Punta del Este durante el último Carnaval a bordo de un avión privado. Aunque el funcionario repitió públicamente que pagó el traslado con ahorros propios, la declaración del broker aeronáutico Agustín Issin Hansen pulverizó esa versión: el testigo declaró bajo juramento que el vuelo fue reservado y abonado directamente por Grandio a través de su productora, facturando el tramo de regreso por un monto de 3000 dólares.
Para determinar si el vuelo privado operó como una dádiva a cambio de pauta y contratos estatales, el juzgado ordenó un entrecruzamiento de llamadas telefónicas y peritajes de geolocalización entre los dispositivos de Adorni, Grandio y su socio Horacio Silva. Los convenios bajo sospecha judicial cubren una vasta grilla de producciones televisivas, radiales y ciclos de streaming financiados con recursos públicos, tales como La caja de Pandora, Giros en Línea Recta, Enredados, La Sala y Gritalo Mundial, este último conducido en persona por el propio empresario amigo del ministro.
En paralelo, la pesquisa patrimonial avanzó sobre las inconsistencias entre los ingresos declarados por el funcionario libertario y su nivel de vida real. El foco de los peritos contables está puesto en una lujosa propiedad en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz; la vivienda fue escriturada en noviembre pasado por 120 mil dólares, pero el expediente revela que inmediatamente se ejecutaron refacciones integrales y compras de mobiliario por otros 245 mil dólares. La sospecha de los investigadores no solo radica en la incompatibilidad de los montos frente a las hipotecas vigentes de Adorni, sino en que una porción mayoritaria de esas costosas obras edilicias se habría concretado en la más absoluta informalidad, sin facturación alguna.
Por si el frente financiero no fuera suficiente, la causa penal sumó una derivación por presunto peculado que involucra el desvío de recursos del Estado para el confort personal del funcionario. La Justicia investiga la utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar de forma exclusiva el ingreso al barrio cerrado donde reside el jefe de Gabinete. En las próximas semanas, el despacho de Ariel Lijo deberá resolver si, una vez concluidos los cruces contables, estampa la firma para sentar en el banquillo de los acusados a uno de los hombres con mayor centralidad política en el entorno del presidente Javier Milei.
Política – Tiempo Argentino
