Vinieron por los salarios, vinieron a provocar una violenta transferencia de ingresos del bolsillo de los trabajadores al de los patrones, vinieron a cambiar la relación entre el capital y el trabajo y vinieron a modificar de raíz la matriz económica de un país industrial con la apertura indiscriminada de importaciones. Para poder hacer todo eso tuvieron que atacar a las y los trabajadores, que somos la mayoría de la población en la Argentina y en el mundo.
Porque quienes trabajamos, quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo para poder vivir (o sobrevivir) somos mayoría. Y por eso ilegalizaron la huelga, prohibieron las asambleas y convirtieron en blancos móviles a los sindicatos y a los cuerpos de delegados, que son las formas en la que los trabajadores nos organizamos. Todo eso pasó hace 50 años y sus consecuencias continúan hasta hoy.
Para nosotros, los aceiteros, este año es particularmente especial. No sólo porque se cumple medio siglo de ese ataque brutal contra quienes movemos la economía de un país, sino porque el 23 de abril comenzará el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, gerente de la planta de Avellaneda de Molinos Ríos de la Plata durante la dictadura cívico-militar.
La lucha por el salario
Llegar a este juicio es el resultado de la lucha que dieron las y los familiares de los trabajadores aceiteros detenidos y desaparecidos. Todos ellos participaban de la lucha sindical para mejorar los salarios y las condiciones de vida del resto de sus compañeros de fábrica. Las familias junto a los sobrevivientes, a los organismos de derechos humanos, a la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón y al Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA Capital y Gran Buenos Aires) lucharon para que se juzgue a los responsables. Llegar hasta acá fue el resultado de una lucha colectiva.
¿Pero qué representa Parodi en ese juicio? Representa el rol que cumplió el capital para poder aplicar todas sus políticas de reducción de salarios, extensión de la jornada laboral y precarización de las condiciones de trabajo. No solo aumentaron la ganancia de los patrones, también aumentaron los accidentes laborales que sufrimos las y los trabajadores.
Parodi era jefe de Personal de la planta de Avellaneda, en provincia de Buenos Aires, que en aquellos años tenía Bunge y Born. Está acusado de ser partícipe necesario del secuestro de tres obreros de esa planta: Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino. Se los llevaron el 7 de julio de 1976, entre las cinco y las ocho de la mañana, cuando estaban ingresando o terminando su turno de trabajo.
Esto es un gran avance para hacer justicia por los crímenes cometidos por la dictadura para hacer pasar su plan de ajuste, destrucción de salarios y reformateo de la economía en beneficio del capital financiero. Sin embargo, no podemos no hacernos eco de la consigna que hicieron bandera las Abuelas y las Madres: “Juicio y Castigo a Todos Los Culpables”. Por eso, desde la Federación y el Sindicato Aceitero de Capital y Gran Buenos Aires pedimos que sean citados a indagatoria otros dieciséis jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, que también fueron acusados de tener responsabilidad en el secuestro de los obreros.
Cincuenta años después de ese golpe de Estado y de esos crímenes volvemos a tener un gobierno, esta vez elegido en elecciones, que intenta aplicar una política económica similar. Otra vez vienen con la receta vieja de apertura de importaciones, de congelamiento de salarios, del negocio financiero por sobre la producción y con la transferencia del dinero del bolsillo de quienes trabajamos hacia los patrones. Y para consolidar ese modelo económico lograron que el Congreso aprobara una reforma laboral que retrocede un siglo en la relación entre el capital y el trabajo.
Esta reforma laboral -que limita las asambleas en los lugares de trabajo y prácticamente liquida el derecho a huelga- se monta sobre la que había hecho la dictadura, tan solo un mes después del golpe. Porque, junto a la represión, la Junta Militar recortó derechos que existían en la Ley de Contrato de Trabajo, que se había discutido en los sindicatos, en las asociaciones laborales y en el Congreso nacional y, finalmente, fue promulgada por el gobierno en 1974.
Por eso, hoy vuelve a ser necesario -como lo fue siempre- que quienes trabajamos utilicemos la herramienta de la huelga para hacer valer nuestros derechos, para reclamar salarios dignos como lo establece la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé un salario mínimo vital y móvil que permita cubrir nueve necesidades para vivir dignamente: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Hoy ese salario representa 2.706.923 pesos y vamos a pelear por eso junto al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).
Esa es la decisión que tomamos cumpliendo lo que nos reclaman nuestros trabajadores, que necesitan tener un salario que les permita vivir con dignidad y eso significa: que puedan enviar a sus hijos a la universidad, que puedan irse de vacaciones, que puedan salir a comer a fuera con toda su familia, que puedan comprarse ropa donde quieran, que puedan tener un auto y también una casa. Y que, después de una vida de trabajo, puedan jubilarse y disfrutar de su jubilación.
Las consecuencias del golpe continúan hasta hoy. La dictadura modificó de raíz la matriz económica del país. Para los aceiteros estos 50 años son especiales: comenza un juicio de lesa humanidad por la responsabilidad empresaria de Molinos Ríos de La Plata.
Vinieron por los salarios, vinieron a provocar una violenta transferencia de ingresos del bolsillo de los trabajadores al de los patrones, vinieron a cambiar la relación entre el capital y el trabajo y vinieron a modificar de raíz la matriz económica de un país industrial con la apertura indiscriminada de importaciones. Para poder hacer todo eso tuvieron que atacar a las y los trabajadores, que somos la mayoría de la población en la Argentina y en el mundo.
Porque quienes trabajamos, quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo para poder vivir (o sobrevivir) somos mayoría. Y por eso ilegalizaron la huelga, prohibieron las asambleas y convirtieron en blancos móviles a los sindicatos y a los cuerpos de delegados, que son las formas en la que los trabajadores nos organizamos. Todo eso pasó hace 50 años y sus consecuencias continúan hasta hoy.
Para nosotros, los aceiteros, este año es particularmente especial. No sólo porque se cumple medio siglo de ese ataque brutal contra quienes movemos la economía de un país, sino porque el 23 de abril comenzará el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, gerente de la planta de Avellaneda de Molinos Ríos de la Plata durante la dictadura cívico-militar.
Foto: Gentileza FTCIODYAR
Llegar a este juicio es el resultado de la lucha que dieron las y los familiares de los trabajadores aceiteros detenidos y desaparecidos. Todos ellos participaban de la lucha sindical para mejorar los salarios y las condiciones de vida del resto de sus compañeros de fábrica. Las familias junto a los sobrevivientes, a los organismos de derechos humanos, a la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón y al Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA Capital y Gran Buenos Aires) lucharon para que se juzgue a los responsables. Llegar hasta acá fue el resultado de una lucha colectiva.
¿Pero qué representa Parodi en ese juicio? Representa el rol que cumplió el capital para poder aplicar todas sus políticas de reducción de salarios, extensión de la jornada laboral y precarización de las condiciones de trabajo. No solo aumentaron la ganancia de los patrones, también aumentaron los accidentes laborales que sufrimos las y los trabajadores.
Parodi era jefe de Personal de la planta de Avellaneda, en provincia de Buenos Aires, que en aquellos años tenía Bunge y Born. Está acusado de ser partícipe necesario del secuestro de tres obreros de esa planta: Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino. Se los llevaron el 7 de julio de 1976, entre las cinco y las ocho de la mañana, cuando estaban ingresando o terminando su turno de trabajo.
Esto es un gran avance para hacer justicia por los crímenes cometidos por la dictadura para hacer pasar su plan de ajuste, destrucción de salarios y reformateo de la economía en beneficio del capital financiero. Sin embargo, no podemos no hacernos eco de la consigna que hicieron bandera las Abuelas y las Madres: “Juicio y Castigo a Todos Los Culpables”. Por eso, desde la Federación y el Sindicato Aceitero de Capital y Gran Buenos Aires pedimos que sean citados a indagatoria otros dieciséis jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, que también fueron acusados de tener responsabilidad en el secuestro de los obreros.
Cincuenta años después de ese golpe de Estado y de esos crímenes volvemos a tener un gobierno, esta vez elegido en elecciones, que intenta aplicar una política económica similar. Otra vez vienen con la receta vieja de apertura de importaciones, de congelamiento de salarios, del negocio financiero por sobre la producción y con la transferencia del dinero del bolsillo de quienes trabajamos hacia los patrones. Y para consolidar ese modelo económico lograron que el Congreso aprobara una reforma laboral que retrocede un siglo en la relación entre el capital y el trabajo.
Esta reforma laboral -que limita las asambleas en los lugares de trabajo y prácticamente liquida el derecho a huelga- se monta sobre la que había hecho la dictadura, tan solo un mes después del golpe. Porque, junto a la represión, la Junta Militar recortó derechos que existían en la Ley de Contrato de Trabajo, que se había discutido en los sindicatos, en las asociaciones laborales y en el Congreso nacional y, finalmente, fue promulgada por el gobierno en 1974.
Por eso, hoy vuelve a ser necesario -como lo fue siempre- que quienes trabajamos utilicemos la herramienta de la huelga para hacer valer nuestros derechos, para reclamar salarios dignos como lo establece la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé un salario mínimo vital y móvil que permita cubrir nueve necesidades para vivir dignamente: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Hoy ese salario representa 2.706.923 pesos y vamos a pelear por eso junto al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).
Esa es la decisión que tomamos cumpliendo lo que nos reclaman nuestros trabajadores, que necesitan tener un salario que les permita vivir con dignidad y eso significa: que puedan enviar a sus hijos a la universidad, que puedan irse de vacaciones, que puedan salir a comer a fuera con toda su familia, que puedan comprarse ropa donde quieran, que puedan tener un auto y también una casa. Y que, después de una vida de trabajo, puedan jubilarse y disfrutar de su jubilación.
Foto: Télam
Política – Tiempo Argentino
